La justicia federal anula la ley de Mississippi que permitía la discriminación de las personas LGTB

El juez federal Carlton W. Reeves ha dictaminado la nulidad de la Ley de Garantías de la Libertad Religiosa de Mississippi pocas horas antes de la fecha en que debía tomar efectos. El magistrado considera que la ley vulnera el derecho a la igual protección recogido en la Constitución de los Estados Unidos, así como la misma libertad religiosa que pretende defender, al anteponer las creencias de determinadas confesiones —las más conservadoras— sobre las demás. El fallo es de capital importancia, al ser de los primeros que anula una de las leyes LGTBfobas surgidas como reacción a la aprobación del matrimonio igualitario en los Estados Unidos. El gobernador Phil Bryant ya ha comunicado que presentará una “agresiva apelación” contra el fallo del juez federal.

Tan solo unas horas antes de que comenzara la jornada del 1 de julio, fecha de entrada en vigor de la Ley de Garantías de la Libertad Religiosa de Mississippi —promulgada el pasado mes de abril—, el juez federal Carlton W. Reeves ha dictaminado su nulidad. La resolución judicial llega tan solo unos días después de que el mismo juez Reeves emitiera un mandato sobre un apartado de la misma ley, impidiendo a los funcionarios del estado que pudieran rehusar la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo arguyendo motivos religiosos.

La ley, también conocida como 1523, fue promulgada por el gobernador Phil Bryant el pasado mes de abril después de ser aprobada por ambas cámaras del estado. Su texto hubiese permitido a funcionarios, empresas, negocios y organizaciones rehusar prestar sus servicios a aquellos cuya “forma de vida” no estuviera en consonancia con sus creencias religiosas. En concreto, se protegía que se pudieran denegar servicios si el proveedor o funcionario estimara que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer; si considerara que las relaciones sexuales solo pueden mantenerse dentro del matrimonio; o si creyese que el género asignado al nacimiento no debe ser cambiado. Es decir, el objeto principal de la ley era permitir la discriminación de las personas LGTB, y para ello se daba prevalencia a tres creencias específicas, que no son compartidas por todas las confesiones religiosas.

El juez Reeves considera que semejante discriminación es una reacción a la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, de la que él mismo fue precursor con su fallo de igual sentido respecto a las leyes de su estado: «En Física, cada acción provoca una reacción igual y opuesta. En política, cada acción provoca una predecible sobrerreacción». Esa reacción exaltada de los contrarios a los derechos LGTB tenía como pretensión “devolver a su sitio [la discriminación legal] a los ciudadanos LGTB” y  ha ocasionado la aprobación de una ley que “viola tanto la garantía de la neutralidad religiosa como la promesa de igual protección ante las leyes», ambas recogidas en la 1ª y 14 ª Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos respectivamente.

Si es evidente que escoger a un sector de la población por razón de su orientación sexual o identidad de género es palpablemente discriminatorio, al juez tampoco se le ha escapado la prevalencia que la ley otorgaba a determinadas confesiones, las de corte más conservador, violando así también la misma libertad religiosa que pretendía defender: “El Estado privilegia a determinadas confesiones sobre otras. Favorece la doctrina de la Iglesia baptista del sur sobre la unitaria, la doctrina de la Iglesia católica sobre la episcopaliana, la doctrina del judaísmo ortodoxo sobre la del judaísmo reformado, por enumerar algunos ejemplos”. El juez también niega que la ley sea necesaria para proteger a los clérigos que rehúsen celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo: “No hay nada nuevo o controvertido en ese artículo. Las organizaciones religiosas ya tienen ese derecho bajo la cláusula de libre ejercicio de la Primera Enmienda”.

Por todo ello, el juez Reeves, con fecha 30 de junio, ha dictaminado la nulidad de la ley y ha ordenado a todos los funcionarios del estado de Mississippi que acaten su sentencia. La controvertida ley 1523, por tanto, ha quedado anulada antes de que pudiera tomar efectos y que la discriminación de los ciudadanos LGTB del estado fuese legal. Un fallo de excepcional importancia, al ser uno de los primeros que dictamina en contra de las leyes LGTBfobas que han surgido tras la aprobación del matrimonio igualitario. Según las fuentes legales de las asociaciones LGTB, existen unos 200 proyectos de ley de este tipo diseminados por las cámaras de 32 de los 50 estados de los Estados Unidos. En todos ellos, bajo la excusa de la protección de la libertad religiosa, ya amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se trata de formalizar el derecho a discriminar por razón de orientación sexual e identidad de género si se arguyen “sinceros sentimientos religiosos”.

Reacciones a la sentencia

La primera reacción a la sentencia del juez Reeves ha sido la del gobernador Phil Bryant, que declaraba claramente contrariado: “Como dije cuando firmé el proyecto de ley 1523, la ley simplemente prevé garantías religiosas concedidas por muchos otros estados y por la ley federal. Me decepciona que el juez Reeves no haya reconocido esa realidad. Preveo una apelación agresiva». La apelación, de efectuarse, será considerada por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, caracterizada por su fuerte conservadurismo.

Muy distinta ha sido la reacción del fiscal general Jim Hood, que había defendido ante el tribunal las tesis del estado de Mississippi (como hizo en el proceso contra las leyes que prohibían el matrimonio igualitario en su día). El fiscal excusa su labor en el cumplimento del deber, pero en esta ocasión ha decidido dar una opinión particular y contundente: “No puedo elegir a mis clientes, pero puedo hablar por mí mismo como un demandado identificado en esta demanda. El hecho es que la gente que acude a la iglesia ha sido engañada en la creencia de que la ley 1523 protegía sus libertades religiosas. Nuestros líderes estatales han tratado de inducir a error a los pastores, en la creencia de que si este proyecto de ley no se aprobaba, tendrían que presidir ceremonias de bodas homosexuales. Ningún tribunal ha dicho nunca que un pastor no tenga discreción para rechazar casar a cualquier pareja por cualquier motivo. No me gusta ver que los políticos siguen aprovechándose de las personas que rezan, van a la iglesia, siguen la ley y ayudan a sus semejantes. Nuestros abogados evaluarán esta decisión para determinar si se debe o no apelar la totalidad o parte del fallo del jueves”.

Brandiilyne Magnum-Dear, ministra de la Joshua Generation Metropolitan Community Church de Hattiesburg, y  una de las demandantes contra la ley, expresaba su satisfacción con la decisión del juez Reeves: «La aprobación de este proyecto de ley nos indicaba a nuestra iglesia, a mi esposa y a mí, que nuestras creencias religiosas son menos dignas de protección que las de los demás, y que los derechos de los homosexuales, lesbianas y transexuales no son iguales a los derechos de los demás”.

Igualmente satisfecha se mostraba Roberta Kaplan, abogada contratada por Campaign for Southern Equality, bien conocida por su exitosa labor en el precursor caso Windsor (el que dio fin a la discriminación federal de los matrimonios del mismo sexo): “La sentencia hace cumplir el principio constitucional fundamental de que el gobierno no puede establecer ninguna religión. Como resultado, ya no será permitido en Mississippi favorecer algunas creencias religiosas sobre otras, y los derechos civiles de los ciudadanos LGTB de Mississippi no estarán subordinados a las creencias religiosas de determinados grupos religiosos”.