Una revisión de los manuales de convivencia escolar ordenada por la Corte Constitucional de Colombia alborota a los sectores homófobos

Una revisión que ha generado toda una serie de protestas y reclamos por parte de grupos religiosos, que no han dudado en exagerar y desinformar sobre su alcance, argumentando por ejemplo que Gina Parody, ministra de Educación de Colombia y abiertamente lesbiana, desea “homosexualizar a la juventud”, o que el requerimiento de no discriminar a los menores transexuales en el acceso a los aseos de los colegios supone acabar con las distinciones entre sexos. La escalada de LGTBfobia ha llegado al punto que la diputada por el departamento de Santander, Ángela Hernández, miembro de la Iglesia Cuadrangular (una iglesia evangélica), citó a un debate de control calificando la norma de “colonización gay”, ha llegado a afirmar ante los medios de comunicación que los gais tienen privilegios en lugar de derechos (en referencia al matrimonio igualitario) así como que lo ideal es que los niños LGTB estudien en colegios separados.

Declaraciones a las que han respondido diferentes asociaciones de ateos de Colombia, que han emitido un comunicado de prensa en el que aseguran que «el reconocimiento de derechos a las minorías no es un obsequio, sino el desarrollo jurisprudencial propio de un estado laico y social de derecho. Por demás, denunciamos que quienes gozan de privilegios excesivos son las iglesias, quienes no pagan impuesto alguno ni declaran renta”. Puedes ver a continuación un vídeo de Bogotá Atea en la que se incluyen algunas de las declaraciones de la diputada Álvarez:

Por su parte, el concejal de Bogotá y pastor pentecostal Marco Fidel Ramírez, bien conocido por sus posiciones homófobas, avaló a Hernández y convocó junto con las iglesias evangélicas a una marcha de protesta contra los derechos LGTB para este miércoles 10 de agosto. Ramírez también ha distribuido información falsa, asegurando por ejemplo que se está distribuyendo una cartilla que muestra actividad homosexual explícita.

Esta estrategia de desinformación no conoce límites. Los grupos conservadores han llegado a decir que se pretende obligar a que los baños de los centros sean mixtos o que los estudiantes podrán vestir el uniforme que deseen en cada momento. Al respecto, Mauricio Albarracín, activista LGTB e investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), ha declarado a Vanguardia Liberal que“se ha formado una tormenta en un vaso de agua. No se puede obligar a un niño trans que se identifica como niño a ponerse un uniforme de niña. Esto es inconstitucional. No significa que ahora todos los niños van a ponerse el uniforme de la niña: esto es una banalización del tema”.  Y agrega que “este debate es un escándalo que oculta un problema muy grave: los estudiantes son discriminados por su orientación sexual e identidad de género. Los mismos profesores y rectores que se quejan por la modificación del manual han hecho afirmaciones homofóbicas. Hay que hacer pedagogía sobre lo que se está haciendo y se deben establecer nuevas preguntas orientadoras se pueden proponer. Ese trabajo es de los colegios”.

Y mientras tanto, otro episodio de discriminación en Barranquilla

Mientras tanto, ha salido a la luz pública otro caso de discriminación de un estudiante gay. Se trata de William Triana Carvajal, un chico de 17 años que estudia en el Centro Educativo Aures de Barranquilla (ya en su último grado escolar, el 11, y con muy buenas calificaciones).

El pasado mes de abril, con motivo de la conmemoración de los 203 años de la fundación de la ciudad, su colegio llevó a cabo un acto en el que se obligó a los estudiantes a rezar. William, que además de ser gay se define agnóstico, se negó expresamente, por lo que se le puso una nota baja en disciplina. “Comenzó a discriminarme porque me rehusaba a orar [en referencia al coordinador del centro, José Luis Manotas]«, ha declarado al diario caribeño El Heraldo el joven. Días después se repetía la historia: el colegio organizó un evento con un motivador que lideró la actividad con canciones y oraciones religiosas, en el que el joven se negó participar. El coordinador, en este caso, le ordenó redactar como castigo un ensayo.

Pero el joven denuncia haber sufrido también discriminación por su orientación sexual. “Un día saqué en clases una camisa con el logo LGBTI para cubrirme un poco y la profesora me dejó en evidencia delante de mis compañeros. Ellos dan a entender que yo soy una mala influencia”, asegura. El estudiante también ha declarado a El Espectador que desde el centro se le ha acusado de querer imponer su condición homosexual al resto. Un argumento por cierto muy de moda entre los conservadores que consideran que no esconder la propia orientación homosexual o bisexual es una afrenta contra los valores.

William ha recibido el apoyo de la ONG Caribe Afirmativo y ha interpuesto una acción de tutela ante los tribunales. El juez le ha dado la razón, de hecho, por lo que al aspecto religioso se refiere, si bien en lo referente a la orientación sexual considera que no hay suficiente evidencia para determinar que se le había discriminado por ello (Caribe Afirmativo ha anunciado que presentará el caso ante la Defensoría del Pueblo). Un fallo que el coordinador Manotas ha acatado a regañadientes, permitiéndole a William no participar en actos religiosos al tiempo que se pronuncia en contra de las personas sin religión y los gais. Manotas también se ha posicionado, por cierto, en contra de la orden del Ministerio de Educación que pide revisar los manuales de convivencia de los colegios a  fin que no haya discriminación por motivos de orientación sexual o cualquier otra índole.