Colombia: los avances en homoparentalidad, en serio peligro por una iniciativa de referéndum promovida por una senadora liberal

Preocupante situación la que vive Colombia, cuyos recientes avances en materia de homoparentalidad se enfrentan al posible éxito de la iniciativa promovida por la senadora del Partido Liberal Viviane Morales, que desde hace más de un año persigue la convocatoria de un referéndum para promover una reforma constitucional que prohiba a las parejas del mismo sexo (y de paso a todas las personas solteras, con el manido argumento de que los niños necesitan “un papá y una mamá”) adoptar en ese país. Tras acabar de reunir en primavera las firmas necesarias, la pelota está ahora en el tejado del Congreso. Y por el momento ha pasado el primer filtro, gracias a una clase política entregada a los prejuicios más conservadores, tanto desde el tradicional ámbito católico como desde el cada vez más pujante lobby evangélico.

Colombia ha dado pasos de gigante en lo que al reconocimiento de la homoparentalidad se refiere gracias a su Corte Constitucional. En noviembre pasado, el más alto tribunal colombiano daba su visto bueno a la adopción homoparental conjunta por seis votos contra dos. Lo hacía centrándose en los derechos de los menores, “especialmente aquellos en situación de abandono, a tener una familia”. Un derecho que “se puede hacer efectivo brindándoles cualquier tipo de familia que se encuentre constitucionalmente reconocido, bien sea de aquellas conformadas por vínculos jurídicos, de las que surgen por vínculos naturales, o de las que se conforman por la voluntad responsable de sus integrantes”. Hay que tener en cuenta que ya en 2011, en otra histórica sentencia, la Corte Constitucional de Colombia determinó que las parejas del mismo sexo están protegidas por el derecho constitucional a“conformar una familia”.

A los pocos días de la histórica sentencia sobre la adopción la Corte Constitucional fallaba también a favor de una pareja de hombres que en su momento no pudo registrar a sus dos hijos nacidos en California mediante gestación subrogada, ordenando además adecuar el formato de los registros de nacimiento para que estos admitiesen a los hijos de parejas del mismo sexo. La Corte consideró que los argumentos contrarios a estas inscripciones “se basan en una interpretación tradicional y heterosexual de la familia que aunque se encuentra plenamente protegida por la Constitución, no es la única unión familiar amparada por la Carta”. Ello llevó, pocas semanas después, a que por primera vez dos mujeres pudiesen registrar como madres a su hija, concebida por inseminación artificial en la propia Colombia, sin tener que recurrir a la vía de la adopción en el seno de la misma pareja.

Posteriormente, ya en primavera de 2016, la Corte Constitucional de Colombia fallaba a favor del matrimonio igualitario, una cuestión que en Colombia se ha mantenido jurídicamente disociada de la adopción homoparental.

En definitiva, toda una serie de pronunciamientos en favor de la realidad familiar homoparental que desataron las iras de los homófobos, según los cuales la Corte Constitucional, con este tipo de sentencias, está legislando de espaldas al Congreso, donde es altamente improbable que fuesen aprobadas. Especial éxito tuvo la iniciativa de la senadora liberal Viviane Morales, de convicciones evangélicas (y que contó para ello con el apoyo de numerosos congresistas de diversas fuerzas políticas) para promover un referéndum de reforma constitucional que solo permita adoptar a parejas de distinto sexo. Parejas del mismo sexo (que acaban de estrenar ese derecho) y personas solas (que ya lo disfrutaban) perderían la posibilidad de adoptar a los miles de niños que en Colombia carecen de una familia. Morales debía reunir un número de firmas equivalente al 5% del censo electoral (1.665.000), pero gracias a la intensa movilización tanto de los grupos evangélicos como de las parroquias católicas consiguió de hecho rebasar los 2 millones.

Comisión 1ª del Senado: 10 votos a favor y 2 en contra de la iniciativa homófoba

Una vez superado el número de firmas necesario, es el Congreso el que debe pronunciarse. Si la iniciativa pasa el filtro de Cámara de Representantes y Senado, debe ser entonces sometida finalmente a revisión de constitucionalidad por la Corte Constitucional. Solo en caso de ser declarado exequible se procederá a su convocatoria. Si se llega a celebrar, requiere no solo que el resultado sea superior al 50% de los votos emitidos, sino que el voto afirmativo exceda de la cuarta parte del total del censo.

Aún queda, en definitiva, recorrido por delante antes de perder la batalla de los derechos. Pero las señales no son desde luego tranquilizadoras: la iniciativa de Morales (que no ha dudado en usar argumentos abiertamente homófobos para promocionar su iniciativa, como que los hijos de parejas del mismo sexo se ven sometidos a abusos sexuales o que se ve alterado su propio desarrollo afectivo, presentando por ejemplo «un riesgo elevado de actividad sexual temprana y embarazo adolescente” entre las hijas) ha pasado el primer filtro hace pocos días: la Comisión primera del Senado, donde tras dos sesiones y dos audiencias públicas fue aprobada nada más y nada menos que por 10 votos a favor y solo 2 en contra.

Y si la iniciativa es finalmente aprobada por el Congreso (lo que a día de hoy parece verosímil) será la propia Corte Constitucional la que deberá revisarla… y dirimir si es constitucional someter a referéndum derechos fundamentales de una minoría, reconocidos precisamente como consecuencia de una decisión previa de la propia Corte. Varios exmagistrados de la Corte, de hecho, se han pronunciado públicamente en contra de la iniciativa:

Como bien decía un editorial que el diario El Espectador publicó tras conocerse el resultado de la votacion, «El problema con la pregunta del referendo, y con el apoyo que ha recibido en su primer debate en el Congreso, es que dice que es justo que una mayoría de personas decida, sustentándose en prejuicios y estudios científicos con falencias, que hay familias mejores que otras, y proyectos de vida que valen más que otros. Eso es una discriminación inaceptable y que vulnera el derecho de los niños huérfanos a tener más opciones de ser adoptados».

Lo que está claro es que en esa coyuntura la presión a la que los miembros de la Corte se verán sometidos puede ser realmente insoportable…

Multitud de niños en espera de ser adoptados

Estaremos atentos a lo que sucede. Lo paradójico de todo este asunto es que la iniciativa de la homófoba Morales para limitar la adopciones tiene lugar cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se ha visto obligado a lanzar una campaña para promover la adopción debido a la caída en el número de menores adoptados que se ha registrado en Colombia en los últimos años, lo que hace que cada vez más niños tengan que permanecer al cargo del estado sin poder acceder al cariño de una familia.

El ICBF, de hecho, fue uno de los organismos que en su momento avaló la adopción homoparental, al igual que han hecho la Defensoría del Pueblo, el Colegio Colombiano de Psicólogos y varias universidades (como la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes, que ya en 2012 emitieron informes a favor, o la Universidad Externado de Colombia).