La despatologización de la transexualidad, pendiente otro año más

Otro año más, y la situación en España sigue siendo básicamente la misma, más allá de algunos avances a nivel autonómico. Más de nueve años y medio después de que entrase en vigor la ley española de identidad de género, esta sigue sin actualizarse y mantiene la consideración de la transexualidad como un trastorno que debe ser identificado por un especialista ajeno a la propia persona transexual. Un paradigma anacrónico que cada vez más países están desterrando de sus propias legislaciones y que España, un país que presume –cada vez con menos razón– de estar a la vanguardia en materia de derechos LGTB sigue sin replantearse.

Países como, Argentina, Dinamarca, Irlanda, Malta o Noruega han modernizado ya sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, la que decida cómo quiere ser reconocida legalmente. El modelo de la católica Malta, de hecho, está considerado por las organizaciones trans como el más aventajado, al ni siquiera establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación del “sexo registral” y por tanto extender ese principio a los menores. Incluso más allá de la consideración jurídica de la transexualidad, la ley maltesa prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales).

Pero ni siquiera estos países son los únicos en abordar ya el tema. Chile ya discute una reforma legal sobre la materia, el gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido y en Escocia ya se están planteando un avance similar. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

Avances que dejan en bastante mal lugar a España, país donde los avances conseguidos en la histórica legislatura 2004-2008 quedaron congelados en el tiempo y que mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque normas autonómicas más recientes, como las leyes integrales de transexualidad de Navarra, Euskadi, Andalucía, Canarias o Madrid, o la que se tramita en estos momentos en la Comunidad Valenciana, e incluso las leyes contra la LGTBfobia aprobadas en Cataluña, Extremadura, Murcia o Baleares sí incorporan de forma expresa el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Cada vez resulta más imperiosa la necesidad de actualizar una legislación ya obsoleta.

También los manuales médicos deben actualizarse

Una reivindicación, además, que por encima de los marcos legislativos nacionales incluye la a retirada de las etiquetas referidas a la transexualidad de las clasificaciones diagnósticas usadas internacionalmente, basadas en buena parte en el mantenimiento de patrones socioculturales que nada tienen que ver con la verdadera ciencia pero que sirven de base a manuales médicos y psicológicos y que alimentan prácticas no solo irrespetuosas con la libertad individual, también cada vez más obsoletas.

Los dos catálogos más importantes, en este sentido, son el DSM de la American Psychiatric Association y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la última versión del DSM, por ejemplo, ya se consiguió que el anterior diagnóstico de “trastorno de la identidad sexual” fuera sustituido por el de “disforia de género”, con una menor carga patologizante, pero no dejó de ser un avance menor que los colectivos LGTB en modo alguno aceptan como definitivo. El proceso de revisión de la CIE, mientras tanto, se encuentra en estos momentos en curso, y ahí es donde el activismo internacional dirige ahora sus esfuerzos.

Los colectivos se movilizan

Lejos quedan ya los tiempos en los que la despatologización de las identidades trans era una demanda marginal de los colectivos, aunque no está de más recordar que fue la presión de los grupos más radicales (aquellos que no se conformaban con una simple mejora y que exigían ir a la raíz del problema) la que hizo crecer la reivindicación hasta convertirla en una demanda aceptada incluso por las instituciones europeas. Ya han pasado cinco años desde se unía al llamamiento el entonces comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, e incluso el pleno del Parlamento Europeo. Instituciones, todo sea dicho, que poco han hecho a la hora de forzar a los estados a actualizar sus legislaciones. Algunas de las nuevas leyes, de hecho, han quedado al margen del principio de autodeterminación de género. Es el caso de la aprobada en Francia hace pocos días, que mantiene bajo tutela judicial el proceso de cambio registral de la referencia al sexo.

Hoy día, los diferentes colectivos LGTB y de personas trans se movilizan activamente con motivo del Día Internacional por la Despatologización Trans, que este año 2016 se celebra el 22 de octubre. “La transexualidad debe dejar de ser considerada como un ‘trastorno de identidad sexual’ de una vez por todas, tanto a nivel nacional como en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud”, ha declarado Ares Piñeiro, responsable del Grupo de Políticas Transexuales de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). “Es intolerable que la psiquiatrización siga relegando a las instituciones médico-psiquiátricas el control sobre las identidades de género”, ha añadido.

En este sentido, varias entidades de la FELGTB tiene previsto organizar este fin de semana actividades reivindicativas en ciudades españolas, como A Coruña, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Valencia o Vigo. Otras entidades, no necesariamente miembros de la FELGTB, han organizado también actividades.

La campaña internacional Stop Trans Pathologization, de hecho, tiene prevista la realización a lo largo de este mes de más de 200 acciones en 45 ciudades de diferentes regiones del mundo, así como actividades internacionales, bajo el lema “Stop Pathologizing Gender and Bodily Diversity”. «Este año observamos la incorporación de muchos grupos nuevos, así como el continuado apoyo de grupos, redes y organizaciones que participan desde hace años en la convocatoria del Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans», se felicitan desde la campaña, que este año pone de nuevo el foco en el proceso de revisión de la CIE.

«La aprobación de la CIE-11 por la Asamblea Mundial de la Salud está prevista en 2018. Como ya hemos expresado en notas de prensa anteriores, valoramos la retirada de las categorías trans-específicas del Capítulo ‘Trastornos mentales y del comportamiento’ e inclusión de una categoría trans-específica en el Capítulo ‘Condiciones relacionadas con la salud sexual’ del Borrador Beta de la CIE-11 como un avance importante», expresa en su comunicado la campaña Stop Trans Pathologization, que sin embargo muestra su preocupación por «la continuada clasificación diagnóstica de la diversidad de género en la infancia en el Borrador Beta de la CIE-11, a través del código ‘Gender incongruence of childhood». «Consideramos que niñ*s con expresiones e identidades de género que difieren del género asignado al nacer no necesitan una categoría diagnóstica, sino un entorno abierto a la diversidad de género, incluyendo opciones fluidas y no binarias», añade.

Stop Trans Pathologization, muestra, finalmente, su preocupación por la continuada situación de violencia transfóbica en diferentes regiones del mundo: «Una y otra vez, recibimos con inmensa tristeza la noticia de crímenes de odio tránsfobos. Aparte de la violencia en las calles, observamos situaciones de violencia institucional, mistrato, patologización y discriminación dirigidas contra personas trans en el ámbito administrativo, educativo, sanitario y legal. Estas vulneraciones de los derechos humanos de las personas trans nos indican la importancia de una aprobación de leyes de protección y la necesidad de un cambio social profundo hacia una sociedad en la que la diversidad corporal y de género sea un valor y un motivo de celebración».