Mariano Rajoy, político de historial tóxico en materia LGTB, reelegido presidente del Gobierno

Mariano Rajoy ya es, otra vez, presidente del Gobierno. Mala noticia, se mire como se mire, para la realidad LGTB. Afortunadamente, su partido no tiene mayoría absoluta, lo que sobre el papel impide retrasos legislativos sobre la situación actual. Queda por ver, ahora, si la situación parlamentaria permite que haya avances. En teoría, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y otras fuerzas políticas nacionalistas no deberían tener grandes problemas para aprobar leyes contra la LGTBfobia y de transexualidad similares a las que ya han aprobado en diferentes comunidades autónomas (incluso, en algunas de ellas, con la participación del PP). En la práctica, veremos qué sucede. Si el PP se opone frontalmente no será fácil.

Lo hemos dicho en numerosas ocasiones, y no seremos nosotros los que lo olvidemos. Mariano Rajoy, y con él su partido, sobre el que ha ejercido desde que es su presidente el máximo control, son quienes más daño han hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005, y tras apoyar una brutal campaña en su contra desencadenada por los sectores más reaccionarios de la sociedad española, Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un recurso que no se limitaba a una mera cuestión “nominalista”, como de forma tramposa han argumentado una y otra vez incluso los políticos del PP favorables al matrimonio igualitario, como el abiertamente gay Javier Maroto. También buscaba, por ejemplo, despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el “cuarto motivo de inconstitucionalidad” defendido en el recurso, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos. Hace menos de un año, por cierto, Rajoy, incluso después de haber acudido como invitado a la boda del propio Maroto, se negaba a reconocer como un error la presentación de aquel recurso.

Rajoy también encabezó, como líder de la oposición, la negativa de su partido a aprobar una ley de identidad de género, a consensuar una asignatura de Educación para la Ciudadanía que contribuyera a fomentar el respeto a la diversidad familiar, a aprobar una ley de igualdad de trato… Ya siendo presidente promovió la eliminación de la que ya era una descafeinada Ciudadanía; volvió a bloquear una posible ley de igualdad de trato; impulsó el infame Real Decreto 16/2012 que puso fin a la sanidad universal y que los especialistas en VIH/sida no han dejado de criticar; dio cobertura a la decisión del Ministerio de Sanidad de modificar la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud para excluir a las mujeres sin pareja masculina de la prestación de reproducción asistida (una decisión que sentencias judiciales posteriores consideraron discriminatoria), de forma que ahora cada comunidad autónoma hace en este campo lo que quiere… Por no hablar de todo lo que simplemente no ha hecho o ha dejado de hacer durante estos años en materia LGTB y de lucha contra el VIH.

Dos elecciones en menos de un año

El pasado 20 de diciembre, PP y PSOE sufrían un considerable varapalo, y hacían su entrada en el Parlamento dos fuerzas hasta entonces ausentes: Podemos y Ciudadanos. Un PP desprovisto de aliados ni siquiera intentó la investidura como presidente del Gobierno de su líder, Mariano Rajoy. Fue el líder socialista, Pedro Sánchez, el que dio el paso, tras cerrar un acuerdo de investidura con Ciudadanos.

Un acuerdo que no contaba sin embargo con votos suficientes para salir adelante. El PSOE posiblemente consideró que Podemos acabaría cediendo y se abstendría, permitiendo a Sánchez ser presidente. No fue así. Podemos solo estaba dispuesto a apoyar a Sánchez si entraba a formar parte de un gobierno de coalición negociado bilateralmente con el PSOE y en el que tener capacidad ejecutiva. Una posibilidad que Sánchez rechazó, argumentando que algunas propuestas de Podemos son incompatibles con las del PSOE y que esa opción solo era posible con el apoyo implícito de grupos nacionalistas, algo que la dirección socialista rechazaba. La investidura fracasó. Las conversaciones posteriores no permitieron superar el bloqueo, y se convocaron nuevas elecciones.

Elecciones que tuvieron lugar el 26 de junio. El PP, pese a los innumerables casos de corrupción, a la precariedad laboral instalada estos años en la sociedad española y al cercenamiento de derechos que han caracterizado su gestión, veía aumentado su apoyo electoral y obtenía 137 escaños (14 más que en diciembre) aunque lejos todavía de la mayoría absoluta. Sin duda la campaña del miedo a un gobierno participado por Podemos caló fuerte en el electorado más derechista. El PSOE aguantó mejor de lo esperado, y pese a seguir perdiendo apoyos mantuvo su segunda posición tanto en votos como en escaños (85). Unidos Podemos (coalición de Podemos e IU) y las confluencias, pese a mantener el mismo número de escaños (71) que ya tenían por separado, quedaron por debajo de las expectativas, ya que no lograron superar al PSOE, tal y como preveían las encuestas. De hecho, consiguieron un millón de votos menos de los que lograron por separado Podemos e IU. Ciudadanos, por su parte, sufría también una fuerte sangría de votos, posiblemente de antiguos electores populares que prefirieron votar ahora de nuevo al PP. Obtuvo finalmente 32 diputados. A mayor distancia quedaron ERC con 9, CDC (hoy rebautizado Partido Demócrata Europeo Catalán, PDeCAT) con 8, PNV con 5, Bildu con 2 y Coalición Canaria con 1.

Una situación que, después de una primera investidura fallida de Mariano Rajoy, acabó desembocando en la mayor crisis en la historia del PSOE, con un Pedro Sánchez bloqueado entre el «No» a Mariano Rajoy y el «No» a intentar un acuerdo con Unidos Podemos apoyado por fuerzas nacionalistas. Finalmente, los sectores más tradicionales del PSOE, encabezados por el expresidente del Gobierno Felipe González y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, acabaron por provocar la defenestración de Pedro Sánchez y forzar a sus diputados a abstenerse en una segunda investidura de Mariano Rajoy, que pasaba a tener la sartén por el mango ante la perspectiva de unas terceras elecciones en las que el PSOE podría implosionar. Rajoy conseguía finalmente ser investido por segunda vez presidente del Gobierno este sábado, 29 de octubre de 2016.

¿qué va a suceder ahora con las políticas LGTB, que es lo que en dosmanzanas nos importa? Parece evidente que ante la falta de interés del PP en ahondar en este terreno (lo recordábamos en una entrada que publicamos poco antes del 20 de diciembre, y esto no ha cambiado) lo cierto es que todo dependerá de la voluntad política, sobre todo, de las otras tres grandes formaciones: PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos reúnen 188 diputados, por encima de la mayoría absoluta. Disponen por tanto de la capacidad conjunta de aprobar leyes pese a la eventual oposición del PP, incluso aunque este cuente con la mayoría absoluta en el Senado. Hay antecedentes: en 2005, Un Senado también controlado por el PP vetó la ley de matrimonio igualitario. Días después el Congreso levantaba el veto. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero aprobó todas sus leyes con un Senado controlado por el PP.

Ahora bien, existe una diferencia respecto a aquella época. Como estos días muchos analistas han destacado, la capacidad del Congreso para legislar en contra del Gobierno es limitada. Este debe dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, en base al artículo 134.6 de la Constitución Española, una prerrogativa que el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría…

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos deberían acordar avances

Está por ver, en cualquier caso, qué sucede. Por lo pronto, en materia LGTB, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos coinciden en numerosos puntos. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) publicaba antes de las elecciones de junio una tabla comparativa tras reunirse con las tres formaciones (el PP no quiso) en la que de hecho las equiparan:

Una tabla sin duda discutible: bastaba leer los programas políticos de las tres formaciones para ver que el peso que cada una de ellas daba a los compromisos en materia LGTB era desigual. Sin embargo, no dejaba de ser un punto de partida prometedor.

Una buena señal, de hecho, es lo que sucedió hace pocos días en la Comisión de Igualdad del Congreso, por ejemplo: a iniciativa de Ciudadanos, y con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, se aprobaba una proposición no de ley instando al gobierno a modificar la legislación que regula la rectificación del sexo registral de las personas trans y adecuarla al principio de autodeterminación de género.

El antecedente de la ley integral de transexualidad en Madrid

No sería, por otra parte, la primera vez que las tres formaciones deciden colaborar conjuntamente y sacar adelante una ley, pese a no estar en el Gobierno. Sucedió hace pocos meses en la Comunidad de Madrid, donde PSOE, Podemos y Ciudadanos consiguieron la aprobación de una muy avanzada ley integral de transexualidad, a cuyo proceso de elaboración el PP, que defendía su propio proyecto, prefirió no sumarse (acabó por abstenerse en la votación final). Y hace ya años, en 2009, sucedió lo mismo en Navarra, comunidad que aprobó la primera ley autonómica de transexualidad pese a la oposición de UPN, el partido entonces gobernante en Navarra.

Con motivo del 28 de junio, los entonces líderes de las tres formaciones de las que precisamente hablamos homenajeaban en Twitter al Orgullo LGTB (Mariano Rajoy, fiel a su pensamiento político, no hizo mención alguna). Es hora de pasar a la acción y hacer efectivo este apoyo a la causa LGTB pactando una hoja de ruta que permita al menos aprobar varias iniciativas fundamentales en las que las tres formaciones podrían coincidir: una nueva ley de identidad de género desprovista de anacronismos (sin enfoque patologizante y que incluya a los menores trans), una ley de igualdad de trato y no discriminación, un compromiso contra el VIH y medidas educativas contra la LGTBfobia.

Estaremos atentos.