Donald Trump afirma ahora que el matrimonio igualitario es un tema decidido por el Supremo… y que su opinión es ya «irrelevante»

Meses después de amenazar con revertir la histórica decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el matrimonio igualitario proponiendo en el futuro a nuevos jueces del alto tribunal dispuestos a valorar de nuevo la cuestión, Donald Trump ha asegurado, en su primera entrevista televisada tras ganar las elecciones presidenciales, que ya no considera necesario reabrir el tema. Una postura relativamente conciliadora, en la línea de sus declaraciones de los últimos días (mucho más templadas que las de los meses previos) y que de haber manifestado abiertamente durante las elecciones primarias seguramente hubiesen complicado mucho su elección como candidato republicano a la Casa Blanca. El activismo LGTB estadounidense, en cualquier caso, desconfía profundamente de las intenciones del presidente electo. Razones no le faltan.

Las declaraciones de Trump sobre el matrimonio igualitario se produjeron en una entrevista al programa 60 Minutes, de la CBS, en la que el presidente electo apareció rodeado de su actual familia. Preguntado sobre el miedo que su elección ha despertado en las minorías, Trump negó que tuvieran razones para ello, y culpó directamente a la prensa de ser la instigadora de ese miedo. Lesley Stahl, la entrevistadora, quiso profundizar más en concreto sobre sus intenciones sobre el colectivo LGBTQ. Donald Trump, como respuesta, le recordó que él mismo se había referido al colectivo LGBTQ en la convención repúblicana. «A todo el mundo le pareció genial. Yo les apoyo», añadió.

Recordemos, en este punto, cuál fue la referencia exacta de Trump al colectivo LGBTQ en su discurso de aceptación de la nominación republicana: «Como vuestro presidente, haré todo lo que esté en mi mano para proteger a nuestros ciudadanos LGBTQ de la violencia y la opresión de una ideología extranjera llena de odio, creedme”. Esa fue la única referencia. Un recurso, en definitiva, a la islamofobia, pero que sirvió a algunos medios de comunicación generalistas para presentar a Trump como un político sensible a los derechos de este colectivo. Activistas LGTB como Michelangelo Signorile alertaron entonces de lo equivocado de esta percepción.

Tras recordar Trump esta referencia, Lesley Stahl se refirió, ya más en concreto, al matrimonio igualitario. «¿Apoya usted el matrimonio igualitario?», le preguntó. «Es irrelevante, porque ya ha sido decidido por el Supremo. Es ley. Ya está hecho», respondió. «¿Entonces, incluso si usted promueve un juez que…?», trató de indagar Stahl, en referencia a la afirmación de Trump de que promovería jueces que en un futuro revirtieran la decisión. «Estos casos ya han sido visto por el Supremo. Han sido resueltos. Para mí está bien así», zanjó Trump:

No hubo más referencia a los derechos LGTB en la entrevista. Ni una palabra, por ejemplo, sobre la próxima decisión que el Tribunal Supremo debe tomar en esta materia, referida al derecho de un adolescente trans a usar en su instituto los aseos que se corresponden a su identidad de género. En cualquier caso, las declaraciones de Trump sobre el matrimonio igualitario suponen un titular potente, que ha sido recibido con precaución y escepticismo por el activismo LGTB estadounidense.

Es fácil entender las razones de este escepticismo. La reversibilidad del matrimonio igualitario nunca ha sido el mayor temor del activismo, dado que para ello sería necesario que el Tribunal Supremo se desdijera a sí mismo, y ello después de que Trump hubiese propuesto al menos a dos nuevos jueces (en este momento solo hay una vacante, la que dejó al fallecer el conservador Antonin Scalia, que de hecho ya fue uno de los que se opusieron a la decisión mayoría del Supremo en 2015) o que culminase con éxito una iniciativa de reforma de la Constitución de los Estados Unidos para incluir una definición excluyente de matrimonio (muy improbable a día de hoy). Lo que más preocupa en realidad al activismo LGTB son los más que probables (estos sí…) retrocesos en materia de políticas antidiscriminatorias, promovidas por el ala más conservadora del Partido Republicano, que recordemos, se presentó este año a las elecciones con la plataforma más abiertamente anti-LGTB de su historia.

Así por ejemplo el que será vicepresidente de Trump, Mike Pence anunciaba hace pocas semanas que una de las primeras medidas que Trump adoptaría sería anular las órdenes ejecutivas federales que impiden discriminar a las personas LGTB. Obama, recordemos, ha promovido dos importantes órdenes antidiscriminatorias que obligan tanto a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal (firmada en 2014) como a las escuelas que reciben fondos federales (emitida hace pocos meses, como reacción a la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, y que se encuentra en estos momentos sometida a escrutinio judicial). Otra iniciativa que posiblemente los republicanos intentarán promover será la denominada First Amendment Defense Act (FADA), una propuesta legislativa que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones antidiscriminatorias de los estados, a todas aquellas personas y negocios que que se nieguen a prestar servicios a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos. En definitiva, una norma que haría virtualmente inútiles las regulaciones antidiscriminatorias de los estados en materia LGTB, y que el propio Donald Trump anunció en campaña que no tendría inconveniente en rubricar en caso de prosperar en el Congreso.

El próximo vicepresidente, un homófobo contrastado

Por desgracia, todos los analistas auguran a Mike Pence un papel mucho más activo en la futura administración federal que el de sus predecesores. Una muy mala noticia en clave LGTB, dado su perfil homófobo. Recordemos que su momento de mayor protagonismo como gobernador de Indiana vino precisamente de la mano de su oposición a los derechos LGTB: en marzo de 2015 sancionaba orgulloso una ley, aprobada por la legislatura del estado (bajo control republicano) cuyo objetivo era impedir que entes locales o el propio estado pudiesen aprobar normativas antidiscriminatorias que afectasen a la “libertad religiosa”, eufemismo que suponía la legalización de la discriminación contra las personas LGTB. Un acto en el que Pence quiso rodearse de numerosos líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos (ver foto, a la derecha).

La norma provocó una intensísima reacción social en su contra, que amenazó con afectar seriamente la economía del estado y que de hecho dejó muy tocada su imagen. Mike Pence se vio obligado a promover una norma adicional que clarificase los límites de la ley e impidiese la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual.

No es, por desgracia, el único antecedente homófobo de Pence, un político cercano a la derecha religiosa que en las primarias republicanas apoyó sin fisuras a Ted Cruz. Opuesto al aborto, a la investigación con células madre, negacionista del cambio climático y cercano al creacionismo, en el año 2000, durante su campaña para ser elegido congresista, llegó a proponer que se utilizasen fondos destinados a ayudar a personas con VIH para sufragar a organizaciones que promovieran las “terapias reparadoras” entre aquellos que quisiesen modificar su orientación sexual.