La Cámara de Diputados de México rechaza el plan del presidente Peña Nieto para legislar el matrimonio igualitario en todo el país

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México ha rechazado, por 19 votos contra 8 (y una abstención) la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para hacer extensivo a todo el territorio mexicano el matrimonio igualitario, aprobado ya en algunos estados y posible de facto en todo el país por vía judicial. La noticia supone un triunfo para el sector más conservador de la sociedad mexicana, y muy especialmente para la Iglesia católica, que se ha empleado a fondo para agitar el sentimiento homófobo de una parte de la sociedad mexicana. Por el momento, el avance de la igualdad seguirá dependiendo de los tribunales de justicia. 

El pasado mes de mayo, Enrique Peña Nieto hacía público el compromiso de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. México, recordemos, es un país federal, en el cual cada estado goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. En este sentido, son varios los territorios que han aprobado el matrimonio igualitario (el primero fue el Distrito federal, allá por 2009). Pero es que, además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que aún no permiten su celebración es considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se han celebrado ya bodas por orden judicial.

Es por eso que, cinco años después de que el Distrito Federal lo aprobase, y después de toda una cascada judicial de fallos favorables, Peña Nieto decidía este año que había llegado la hora de que la legislación se armonizase, de acuerdo a las directrices de la Suprema Corte, y que Constitución y leyes federales reconociesen expresamente el matrimonio igualitario en todo el país. Un movimiento que despertó, casi de forma inmediata, las iras de la Iglesia católica mexicana, que, pese a haberse opuesto estado a estado al avance de los derechos LGTB, no había conseguido, en un país socialmente muy conservador pero de tradición política laica, cristalizar un movimiento homófobo organizado. La oposición al matrimonio igualitario acabó cristalizando, de hecho, en un movimiento que reproducía el modelo que ya se ensayó en España en 2005 (más torpemente) o en Francia en 2012-2013 (con bastante más éxito, aunque no consiguiese paralizar la aprobación del matrimonio igualitario): un movimiento «civil”, supuestamente al margen de la Iglesia católica, que en lugar de utilizar argumentos religiosos dice ser un movimiento transversal en defensa de la familia. En México, en concreto, la principal demanda de este «Frente Nacional por la Familia» es la modificación de la Constitución mexicana para proteger “a la familia” y “a los niños”.

Un movimiento que en efecto fue capaz de promover manifestaciones multitudinarias, avaladas desde el propio Vaticano por el papa Francisco pese a que supuestamente este está empeñado en recortar la influencia de Norberto Rivera, cardenal primado y arzobispo de México, precisamente uno de los principales promotores de la campaña contra el matrimonio igualitario. Rivera, conocido opositor a los derechos LGTB, es un personaje especialmente siniestro e incómodo para Francisco. Fue acusado en su momento de encubrir varios casos de abusos sexuales a menores por parte del sacerdote Nicolás Aguilar, además de haber sido uno de los grandes protectores de Marcel Maciel (el fundador de los Legionarios de Cristo, otro personaje despreciable, ya fallecido, acusado también de múltiples abusos sexuales). Ello no le ha impedido liderar de forma muy ostensible la ofensiva contra Enrique Peña Nieto por su voluntad de afianzar el matrimonio igualitario sin que el Vaticano le haya censurado por ello.

Triunfo de los homófobos en la Cámara de Diputados

Lo cierto es que el clima homófobo generado estos últimos meses se ha visto reflejado en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Puntos Constitucionales ha bloqueado el plan de Peña Nieto por 19 votos contra 8. Contra el matrimonio igualitario se han pronunciado todos los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI, precisamente el partido del presidente), menos Benjamín Medrano (abiertamente gay) e Ivonne Ortega; además de los del Partido de Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Nueva Alianza y Partido Encuentro Social. Votaron a favor los representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). El único representante del Movimiento Ciudadano decidió abstenerse. Los argumentos para oponerse variaron entre los que aseguraban que este tema debía seguir siendo competencia de los estados y los que abiertamente consideraron que el matrimonio es solo «entre un hombre y una mujer».

En definitiva, la situación queda como estaba hasta ahora: múltiples sentencias favorables al matrimonio igualitario, que de facto suponen una «legalización» del mismo aunque en algunos estados sigue siendo necesario recurrir judicialmente cada caso, y varios estados (junto al Distrito Federal) que además lo han aprobado por vía legislativa. A partir de ahora habrá que ver si la ofensiva homófoba sigue adelante, hasta el punto de conseguir de la clase política mexicana una reforma constitucional que prohíba expresamente el matrimonio igualitario (una opción que parece complicada), y estar atentos a cómo siguen produciéndose sentencias judiciales que faciliten cada vez más a las parejas del mismo sexo casarse en todo el territorio mexicano aunque por el momento no exista una normativa nacional al respecto.