Organizaciones ultraconservadoras, algunas lideradas por políticos del PP, piden que se recurra la ley madrileña contra la LGTBfobia

Un centenar de organizaciones de corte ultraconservador han solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que utilice su capacidad legal para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley madrileña contra la LGTBfobia, aprobada por unanimidad de las fuerzas representadas en la Asamblea de Madrid el pasado mes de julio, incluyendo al Partido Popular de Cristina Cifuentes. Detrás de varias de estas organizaciones se esconden, curiosamente, diversas figuras del sector más extremista del PP, entre ellos uno de los dos diputados del grupo popular en la Asamblea de Madrid que aquel día se ausentaron del pleno para no votar la ley.

Una de las entidades promotoras de la solicitud es la Fundación Valores y Sociedad, presidida por el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado y miembro del Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja. No supone, de hecho, una especial sorpresa: Mayor Oreja siempre se caracterizó por ser uno de los líderes populares más abiertamente contrarios a los derechos LGTB, como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación. En el patronato de dicha fundación, según señala eldiario.es, se encuentra también la exsenadora popular Gari Durán, la que fuera también presidenta del PP vasco, María San Gil o el exdiputado y exsenador Ángel Pintado. También figura, curiosamente, Luis Peral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que fue precisamente uno de los dos representantes populares que en su día se ausentaron para no votar la ley (el otro fue David Pérez, que además de diputado en la Asamblea de Madrid es alcalde de Alcorcón).

Otra de las organizaciones firmantes de la solicitud es la Asociación Familia y Dignidad Humana, cuya presidenta y vicepresidente son Lourdes Méndez y Javier Puente, ambos exdiputados populares. Los ya mencionados Ángel Pintado y Gari Durán son su tesorero y portavoz, respectivamente.

Otras organizaciones que firman el documento, por mencionar solo algunas, son la Federación Española de Asociaciones Provida, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, HazteOír o el autodenominado Instituto de Política Familiar. Organizaciones, en definitiva, de carácter ultraconservador, muchas de ellas cercanas a la Iglesia católica.

La petición a la Defensora del Pueblo, argumenta que la ley contra la LGTBfobia atenta contra numerosos preceptos constitucionales. Dos aspectos que generan una especial indignación son la prohibición de las terapias aversivas de la homosexualidad (que según estas organizaciones vulnera los derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la protección de la salud y al deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos) o la inclusión en los programas educativos de la diversidad de género (que según los solicitantes vulnera los derechos de libertad de expresión y difusión de pensamientos y de libertad de cátedra). Pero también el principio de inversión de la carga de la prueba cuando se ha producido un episodio de discriminación (que según ellos vulnera los derechos de presunción de inocencia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva). No son los únicos derechos que consideran vulnerados: también el derecho a la igualdad, a la educación, de libertad religiosa, etc. No hay derecho constitucional, prácticamente, que los solicitantes no consideren vulnerado por la ley. Si te interesa conocer en su integridad el texto del documento, puedes descargarlo directamente de La Gaceta.

Recomendamos, eso sí, tener a mano un antiemético antes de leer un texto cargado de una profunsa hipocresía. «Con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual (objetivo que evidentemente compartimos), aprovecha [la ley madrileña contra la discriminación de las personas LGTBI] para implantar una concepción ideológica propia de las asociaciones LGTBI sobre la persona, de los ‘diferentes modelos de familia’ y de la sexualidad que, siendo discutibles (pues existe en nuestra sociedad una pluralidad de concepciones) se tratan de imponer a todos», llega a argumentar el escrito, según el cual «es un hecho que no todos los homosexuales defienden la concepción de la sexualidad del lobby LGTBI, como lo es que muchos heterosexuales sí la defienden».

Veremos qué sucede finalmente. El hecho de que en este momento buena parte de las figuras del PP mencionadas arriba se encuentren «caídas en desgracia» y de que en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes haya dado su apoyo a una serie de políticas pro-LGTB (acordadas, en este caso, con PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de con los colectivos LGTB madrileños) no significa que muchas de las instancias de poder de este país no estén todavía copadas por los sectores más conservadores. Si la Defensora del Pueblo decidiese presentar un recurso de este tipo nadie asegura que el actual Tribunal Constitucional, fuertemente derechizado, no invalidase, aunque fuese solo parcialmente, un texto ejemplar. Confiemos en que esa posibilidad no llegue ni a plantearse.