Un colegio católico de Carolina del Norte despide a un profesor por divulgar en Facebook su compromiso de boda con otro hombre

Un profesor estadounidense ha demandado ante un tribunal federal al centro católico de Carolina del Norte que lo despidió en 2014. Debido a la ley LGTBfoba recientemente aprobada en ese estado, debe argumentar que su despido constituyó una discriminación por razón de sexo, muestra de las dificultades que supondrán estas nuevas leyes.

En 2014, Lionnie Billard trabajaba como profesor de teatro en el Charlotte High School, de Charlotte, Carolina del Norte. Llevaba 12 años dando clase en el centro, donde en 2012 fue además nombrado profesor del año. Después de ese año se retiró de la plantilla fija pero continuó como profesor sustituto. Sin embargo, de nada sirvió su acreditado buen hacer cuando la dirección del colegio decidió despedirle después de que publicase en Facebook una fotografía anunciando su boda con Rich Donham, el que era su pareja desde 2001: “Sí, por fin haré un hombre honesto (al menos legal) de Rich. Gracias a todos los valientes que tuvieron más valor que yo y que rechazaron retroceder y aceptar otra cosa que no fuera la igualdad”, escribió entonces. Como comenta además Billard, su relación era conocida por todos: el problema surgió a raíz de la publicación del anuncio, que el colegio entendió como manifestación pública una disconformidad con la enseñanza católica.

Es por ello que Billard ha decidido interponer una demanda. Sin embargo, la reciente ley LGTBfoba aprobada en marzo de 2016 en Carolina del Norte dificulta su éxito. Por este motivo, los abogados de Billard han acudido a la justicia federal argumentando que su despido violó el título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación laboral por razones de sexo. Los hay que ponen en duda que pueda prosperar, dado que la interpretación de que la orientación sexual se encuentra también protegida por el título VII no se encuentra consolidada. En cualquier caso, la US Equal Employment Opportunity Commission sí considera que Billard tiene derecho a poner su demanda; según este organismo, las organizaciones religiosas pueden dar preferencia a miembros de su misma fe a la hora de contratar, pero no están autorizados a discriminar a grupos de personas protegidas. Este mismo organismo apoya la pretensión de que la demanda busque englobar la orientación sexual dentro de la protección frente a la discriminación por razón de sexo.

Por otra parte, también puede considerarse que el centro educativo ha sido arbitrario en la aplicación de sus propios criterios, pues no trató a Billard igual que a otros trabajadores que no cumplen con los estándares de la moral católica de manera análoga a la suya. Se da, en efecto, la circunstancia de que otros trabajadores del colegio también contravienen públicamente enseñanzas de moral sexual católicas y no han sido despedidos. Se incurriría con ello en la denuncia que la revista jesuita America (una de las publicaciones religiosas más importantes de Estados Unidos) ha hecho de discriminación hacia las personas homosexuales incluso dentro de los criterios de la misma doctrina eclesiástica: las relaciones entre personas del mismo sexo están condenadas por la enseñanza oficial, pero también lo están otros comportamientos por los que no se despide con la misma prontitud; al no recibir el mismo trato, se estaría sin duda incurriendo en una “discriminación injusta”, que es lo que el propio Catecismo (n.3258) dice que se debe evitar.

Una situación aún más difícil por la aprobación de una ley LGTBfoba

Si Billard necesita hacer este esfuerzo de interpretar su discriminación como debida al sexo y buscar el amparo de la justicia federal es, entre otras razones, porque bien poco puede esperar de la justicia estatal. Carolina del Norte, recordemos, aprobó hace meses una normativa que permite discriminar en nombre de una libertad religiosa entendida en un sentido muy amplio, que supera ampliamente el ámbito del culto y la expresión de creencias. La norma fue aprobada de urgencia por las cámaras estatales, controladas por los republicanos, como respuesta a una normativa antidiscriminatoria que antes había aprobado la ciudad de Charlotte y que amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis. Entre esas medidas se hallaba la de permitir a las personas transexuales que dispusieran de los aseos correspondientes a su identidad de género real en cualquier centro público, incluidos los escolares.

La respuesta a la aprobación de la ley fue de tal magnitud (boicots comerciales y deportivos incluidos) que pocos dudan de que fue una de las causas de la derrota del gobernador republicano Pat McCrory, una de las pocas alegrías que los partidarios de los derechos LGTB tuvieron en las pasadas elecciones de noviembre. Después de las elecciones, de hecho, hubo un amago de retirada de la ley, pero los republicanos, que siguen controlando la legislatura estatal, decidieron mantenerla en vigor.