Un hombre trans presenta una demanda contra un hospital católico que le negó una operación ya acordada

Un hombre trans ha presentado una demanda ante la justicia federal contra un hospital católico de Nueva Jersey (Estados Unidos) por negarle un tratamiento necesario para su proceso de transición. La noticia se conocía, precisamente, pocos días después de que el juez federal Reed O’Connor paralizase la aplicación de una regulación aprobada en 2016 por aún presidente Barack Obama para proteger a las personas transexuales en el ámbito sanitario, y poco antes de que comience su andadura la administración Trump.

El episodio discriminatorio se remonta a 2015, cuando Jionni Conforti tenía programada una histerectomía en el Hospital Regional de Saint Joseph, en Paterson (Nueva Jersey). Una operación considerada “médicamente necesaria” para su proceso de transición. En un primer momento, un miembro del personal de enfermería le comunicó que su cirugía estaba programada, pero el padre Martin Rooney, director de pastoral en el hospital, intervino para paralizarla en cuanto tuvo noticia. Rooney comunicó por correo electrónico a Conforti que su operación no se realizaría debido a la identidad religiosa de la institución. Dicha negativa, por cierto, se produjo a pesar de que el hospital, en su declaración de derechos del paciente, afirma que los servicios médicos se ofrecerán sin discriminación por identidad o expresión de género.

Se trata del hospital, además, al que Jionni Conforti llevaba acudiendo toda su vida cuando él o sus padres han necesitado asistencia, en el que jamás pensó que le pudiese ocurrir algo así, como él mismo ha declarado:

Ni el hospital ni el padre Rooney han querido hacer declaraciones al respecto. Sí lo ha hecho, y con toda claridad, Conforti: “Sentí que se me faltaba completamente el respeto como persona. No es así como un hospital debe cuidar a una persona, independientemente de quiénes sean. Un hospital es un lugar donde deberías sentirte seguro y cuidado. En cambio, yo me sentí rechazado y humillado”.

Conforti, que tres meses después de la negativa pudo acceder a la histerectomía en otro hospital, pide no solo una compensación económica, sino también que se requiera al hospital que lleve a cabo todos los cuidados médicos que necesiten sus pacientes trans en su proceso de transición para que nadie más tenga que pasar por su experiencia.

Un contexto incierto para las personas LGTB en general y trans en particular

La demanda de Conforti tiene especial relevancia en el contexto actual. La suspensión ordenada por el juez federal Reed O’Connor (de Forth Worth, Texas) de la regulación aprobada por Obama contra la discriminación de las personas transexuales en el ámbito sanitario se produce meses después de que el mismo juez paralizase otra directiva, la que obligaba a las escuelas de Estados Unidos que reciben fondos federales a respetar la identidad de género de su alumnado trans. En ambos casos, la suspensión de las políticas federales (a la espera de que tengan lugar los correspondientes procesos) tenía lugar a solicitud de varios estados gobernados por los republicanos. Todo ello en medio de una fuerte ofensiva por parte de diferentes organismos religiosos para bloquear medidas de protección a las personas trans.

A ello se une la próxima llegada de Donald Trump y su equipo a la administración federal, que augura tiempos difíciles para las personas LGTB, y muy particularmente para las personas trans. El futuro vicepresidente, Mike Pence, al que todos auguran un papel mucho más activo en la futura administración que el de sus predecesores. tuvo su momento de mayor protagonismo como gobernador de Indiana de la mano de su oposición a los derechos LGTB: en marzo de 2015 sancionaba orgulloso una ley, aprobada por la legislatura del estado (bajo control republicano) cuyo objetivo era impedir que entes locales o el propio Estado pudiesen aprobar normativas antidiscriminatorias que afectasen a la “libertad religiosa”, eufemismo que suponía la legalización de la discriminación contra las personas LGTB. Un acto en el que Pence quiso rodearse de numerosos líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos.

La norma provocó una intensísima reacción social en su contra, que amenazó con afectar seriamente la economía del estado y que de hecho dejó muy tocada su imagen. Mike Pence se vio obligado entonces a promover una norma adicional que clarificase los límites de la ley e impidiese la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual. Una marcha atrás que dejó tocada la imagen de Pence y que seguramente fue una de las razones que le llevaron a aceptar la propuesta de Trump en lugar de optar a la reelección como gobernador.

Pence, de hecho, aseguró durante la campaña electoral que una de las primeras medidas que Trump adoptaría sería anular las órdenes ejecutivas federales que impiden discriminar a las personas LGTB. Obama, recordemos, ha promovido dos importantes órdenes antidiscriminatorias: una que obliga a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal (firmada en 2014) y otra (la arriba mencionada), que obliga a las escuelas que reciben fondos federales. Otra iniciativa que posiblemente los republicanos intentarán promover será la denominada First Amendment Defense Act (FADA), una propuesta legislativa que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones antidiscriminatorias de los estados, a todas aquellas personas y negocios que que se nieguen a prestar servicios a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos. En definitiva, una norma que haría virtualmente inútiles las regulaciones antidiscriminatorias de los estados en materia LGTB, y que el propio Donald Trump anunció en campaña que no tendría inconveniente en rubricar en caso de prosperar en el Congreso.