El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Rusia por la prohibición de las marchas del Orgullo LGTB de San Petersburgo de 2010 y 2011

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Rusia por vulnerar el derecho de reunión al prohibir dos Marchas del Orgullo LGTB en San Petersburgo y otro acto en Moscú. El Tribunal ha considerado demostrado que la prohibición ilegal fue motivada por la orientación sexual de los convocantes. A pesar de estas condenas, las autoridades rusas persisten en la discriminación, pues este mismo año ya han sido prohibidas las Marchas del Orgullo LGTB en nueve ciudades, en aplicación de la ley contra la llamada “propaganda homosexual”.

En junio de 2010, los activistas LGTB de San Petersburgo comunicaron a las autoridades de la ciudad la convocatoria de la Marcha del Orgullo LGTB, que debía transcurrir por el emblemático Campo de Marte de la ciudad. La administración municipal decidió rechazar el recorrido elegido, alegando motivos de seguridad. Los convocantes plantearon una nueva ubicación, que también fue rechazada, anulándose definitivamente la convocatoria. Sin embargo, los miembros de la Joven Guardia, el grupo juvenil del partido de Vladimir Putin, convocaron con el mismo recorrido y las mismas fechas una manifestación “en defensa de los valores tradicionales de la familia”, que fue debidamente autorizada.

Al siguiente año se volvió a repetir la situación. Los activistas LGTB de San Petersburgo solicitaron el permiso para celebrar la Marcha del Orgullo, y este fue repetidamente rechazado por las autoridades, alegando siempre motivos de seguridad. En este caso, además, varios activistas decidieron hacer caso omiso de la prohibición, y se manifestaron el 25 de junio en conmemoración del Orgullo LGTB. Fueron detenidos y tuvieron que enfrentarse a una sanción administrativa por realización de actos públicos sin autorización.

En 2009, un grupo de activistas LGTB solicitaron a las prefecturas de los distritos Norte y Centro de Moscú la autorización para celebrar una reunión pública de protesta contra las posturas discriminatorias del prefecto el distrito Norte “en relación a sus esfuerzos por incitar al odio y la enemistad hacia diversos grupos sociales, y su incumplimiento de las leyes electorales». Las solicitudes fueron denegadas en ambas ocasiones con todo tipo de irregularidades.

En todos los procesos, tanto los de San Petersburgo como el de Moscú, las decisiones administrativas fueron recurridas judicialmente, siendo rechazadas. También sufrieron el mismo rechazo las correspondientes apelaciones en instancias más altas, por lo que solo quedó la vía de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Este 7 de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano dependiente del Consejo de Europa, ha decidido sobre una larga lista de demandas contra las autoridades rusas por violación de derechos como el de reunión o manifestación. Entre ellas, ha dilucidado las demandas presentadas por los activistas LGTB de San Petersburgo y Moscú.

Los demandantes de San Petersburgo han sido los activictas Yuri Gavrikov, Alexander Sheremetyev, Dmitri Milkov y Maria Yefremenkova (solicitud 19700/11 Yefremenkova y otros contra Rusia). El Tribunal ha considerado que se violó el derecho de reunión en ambos casos, así como ha dado por probado que el motivo fue la orientación sexual de los solicitantes. Por ello, ha condenado al Gobierno ruso a indemnizar a los demandantes con 27.500 euros (29.260 dólares) por daños y perjuicios, más 7.500 euros (7.980 dólares) por gastos judiciales. La sanción debe hacerse efectiva en el plazo de tres meses.

En el mismo plazo, el Gobierno ruso deberá indemnizar con otros 7.500 euros a Kiril Nepomnyaschiy, el activista demandante en el caso de Moscú (solicitud 51169/10 Nepomnyaschiy contra Rusia), en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha enumerado con contundencia el cúmulo de irregularidades y arbitrariedades cometidas por la administración rusa, convalidadas por su estamento judicial. La sentencia da por probado que se vulneró el derecho de reunión de los activistas, y que la motivación fue el contenido de la protesta.

Yuri Gavrikov, uno de los demandantes en los dos casos de discriminación de San Petersburgo, declaraba que “después de 7 años hemos alcanzado este importante hito para el Orgullo de San Petersburgo, que confirma que las autoridades violaron nuestro derecho de reunión. Pero la situación en Rusia es mucho más restrictiva en términos de libertades. Las marchas y reuniones son prohibidas en su mayoría por el Ayuntamiento cada año, para muchos grupos de personas, no solo para el colectivo LGTB. Los únicos acontecimientos permitidos son los de los partidarios del partido Rusia Unida del presidente Putin». El activista también afirmaba que donará el importe de la sanción a la organización del Orgullo de San Petersburgo.

Poca efectividad de las sanciones

No es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Gobierno ruso por sus prohibiciones a los activistas LGTB. En 2010 falló a favor de las demandas presentadas por la prohibición de la Marcha del Orgullo de Moscú en 2006, 2007 y 2008, estableciendo una sanción total de 29.510 euros (31.400 dólares) en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios, así como de satisfacción de los gastos judiciales. Como se puede comprobar, las sanciones de poco han servido, más allá de lo simbólico, pues en la práctica las celebraciones del Orgullo en las distintas ciudades rusas siguen siendo prohibidas año tras año.

Este mismo año ya se ha dado a conocer la prohibición de nueve Marchas del Orgullo en otras tantas ciudades rusas: Salejar (que hubiese celebrado el primer Orgullo Polar en territorio ruso, al estar ubicada en el Círculo Polar Ártico), San Petersburgo, Arcángel (o Arkhangelsk), Ekaterimburgo, Cheliábinsk, Sarank, Tula, Tver y Vladimir. El activista y abogado ruso Nikolai Alekseev se ha ofrecido a los distintos colectivos para impulsar las correspondientes demandas, asegurando que está dispuesto, una vez más, a recurrir hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.