La administración Trump da luz verde a que las escuelas que reciben fondos federales puedan discriminar a los estudiantes trans

La administración Trump ha revocado las directrices emitidas en 2016 por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, según las cuales los centros educativos que reciben financiación federal debían permitir a sus estudiantes trans utilizar las instalaciones que correspondan a su identidad. La decisión, no por esperada (había sido adelantada por el ahora vicepresidente Mike Pence en campaña electoral) deja de suponer un golpe muy duro a las personas trans en ese país. La decisión se acompaña, además, de la retirada del apoyo federal a todas las iniciativas de defensa de los derechos de las personas trans en los tribunales, semanas antes de que el Tribunal Supremo decida precisamente sobre la demanda del joven Gavin Grimm, un chico trans al que su instituto prohíbe usar el baño de chicos.

La directiva que ahora deja de estar en vigor fue enviada en mayo de 2016 por el Departamento de Educación a todos los distritos escolares del país. Según aquel texto, prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

El documento, que aún puedes consultar aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio. Enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración Obama quedaban cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podía suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Quedaba cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero pudiesen acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) quedaban, por tanto, fuera de la directiva. Junto a la directiva, de hecho, el Departamento de Educación también emitió otro documento más amplio que orientaba a las escuelas sobre cómo abordar los diversos escenarios que pueden surgir en su relación con el alumnado transexual.

Hoy todo ello es historia. La transfobia institucional que el Partido Republicano promueve, y de la que el vicepresidente Pence es uno de sus principales valedores (el propio Pence anunció en campaña que la política de protección del alumnado trans sería una de las que la nueva administración revisaría en caso de ganar Trump las elecciones) se ha impuesto a la que solo meses antes parecía una postura relativamente favorable de Trump a los derechos de las personas trans (e incluso, según asegura The New York Times, a la postura que defendía la nueva secretaria de Educación de Donald Trump, Betsy DeVos, inicialmente proclive a mantener la política de Obama en esta materia). La protección de los estudiantes trans queda ahora en manos de los estados, varios de los cuales están de hecho promoviendo normas discriminatorias para obligarles a usar las instalaciones que corresponden al sexo que les fue asignado al nacer, en lugar de las que corresponden a su identidad de género (similares a la ya vigente en Carolina del Norte, que los republicanos se niegan a derogar pese al rechazo que ha despertado, y cuya aprobación desencadenó, en buena parte, la reacción de la administración Obama).

Está por ver también qué sucede ahora con la batalla judicial que la decisión de la administración Obama descencadenó. Recordemos, en este punto, que en verano de 2016 el juez federal de Texas Reed O’Connor emitía una medida cautelar (preliminary injuction) que dejaba en suspenso, justo antes de que empezara el curso escolar, la orden de la administración Obama. La sentencia de O’Connor era la respuesta a una demanda presentada por representantes de 13 estados contra las directrices emitidas por el departamento de Educación. El Departamento de Justicia, que bajo la administración Trump ha pasado a estar dirigido por Jeff Sessions, uno de los políticos más abiertamente LGTBfobos de los Estados Unidos, ya había ordenado dejar de defender la directiva en los tribunales antes incluso de que esta fuese derogada.

El joven Gavin Grimm, sin apoyo de la administración federal

Otro de los damnificados por el ímpetu tránsfobo de la nueva administración estadounidense es el joven Gavin Grimm, que pierde el apoyo federal en su lucha por el derecho a usar el baño de chicos de su instituto de Gloucester (Virginia) y cuyo caso es uno sobre los que próximamente debe pronunciarse el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Cuando el juez Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género sí podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada). La Corte de Apelaciones devolvió el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina. Una orden que el Tribunal Supremo paralizó cautelarmente a requerimiento del instituto y sobre cuyo fondo aún no se ha pronunciado (las audiencias del caso están previstas en marzo).

La decisión del Tribunal Supremo en este caso marcará posiblemente la evolución de los derechos LGTB en Estados Unidos en los próximos años. Y hoy día las perspectivas son bastante más inciertas que cuando se dirimió la cuestión del matrimonio igualitario. Habrá que estar atentos además a cómo el nuevo marco jurídico federal afecta al caso (cuyo origen en cualquier caso es anterior a que la administración Obama emitiese sus directrices en favor de los estudiantes trans). Estaremos atentos…