Una organización ultraconservadora de Chile denuncia a un juez por autorizar el cambio de nombre y sexo legal de una niña trans

Comunidad y Justicia, una asociación derechista de Chile, ha interpuesto una querella contra el juez Luis Fernández por la autorización de cambio de nombre y sexo legal para una niña trans de 5 años. Fueron los progenitores de la menor los que presentaron la solicitud y la documentación requerida y el magistrado, por su parte, sentenció que “cumple con los criterios necesarios para el diagnóstico de disforia de género infantil, mostrando una marcada identidad de género femenina y presentando un rechazo permanente a la vestimenta, juegos y actitudes socialmente asociadas al género masculino”. Para la organización Comunidad y Justicia, en cambio, se trata de una resolución “ilegal” e “imprudente”. Jaime Silva, abogado del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), representará al juez en esta causa.

El 22 de agosto de 2016 el juez chileno Luis Fernández Espinosa aceptó el cambio de nombre y sexo legal de una niña trans de 5 años. Sus progenitores (ella sicóloga y él ingeniero mecánico) fueron los encargados de formular la petición. Al parecer, el caso no tuvo trascendencia pública en su momento, a diferencia de otros como el de Álex Tima, que solicitó los cambios legales para hacer constar a todos los efectos su auténtica identidad de género el pasado mes de octubre. Hace unos días se conocía que la jueza del Primer Juzgado Civil de Concepción, Margarita Sanhueza, ha aprobado la modificación de los datos de Tima en el Registro Civil.

Sin embargo, casi un año después de que el juez Fernández se pronunciara favorablemente a que una niña trans de 5 años pudiera cambiar su nombre y su sexo legal, una organización ultraconservadora ha decidido emprender acciones legales contra el magistrado. Se trata de Comunidad y Justicia, fundada y dirigida por el abogado Tomás Henríquez, que es conocida en Chile, entre otras cosas, por sus manifestaciones, acciones y movilizaciones en contra de los derechos de la comunidad LGTB. Afortunadamente, según apunta el MOVILH, ninguna de las denuncias de Comunidad y Justicia ha conseguido prosperar hasta la fecha.

“Al aceptar sin más la petición de los padres del menor, es el juez el que incurre en una violación de derechos humanos como agente del Estado de Chile (y es el Estado el obligado por la Convención a proteger el derecho del niño), pues facilita (en exceso de sus competencias) la violación del derecho del menor a preservar su identidad (específicamente al dejar de tener su nombre), siendo irrelevante que sean los padres del infante los que lo hayan solicitado, pues ellos también pueden errar y contribuir a la violación de los derechos de su hijo, aún con la mejor de las intenciones”, sostiene Comunidad y Justicia en relación al caso de la menor trans.

En cambio, desde el MOVILH defienden que “Comunidad y Justicia, la misma ONG que ha perdido todos y cada uno de las querellas que ha presentado contra los derechos de las personas LGBTI, ha cruzado esta vez todos los límites éticos, poniéndose al lado de la inmoralidad, de la intromisión en la vida privada y de la vulneración de los derechos de una niña y su familia, usando argumentos falsos y motivados por la ideología del odio. Esperamos en tribunales un triunfo a favor de los/as niños/as trans, de las familias que los protegen y de los jueces que hacen justicia, así como un fracaso rotundo de esta perjudicial ONG”.

Situación legal de las personas trans en Chile

En 2010 el Ministerio de Salud de Chile elaboraba el documento “Vía Clínica para la adecuación corporal en personas con incongruencia entre sexo físico e identidad de género”, en el que “se presentan las intervenciones pertinentes, sus objetivos, secuencia, criterios de elegibilidad y disposición para su prescripción y algunas especificaciones técnicas”. Mediante este texto se pretendía “facilitar el acceso a la atención de las personas con incongruencia entre sexo físico e identidad de género”.

Meses después, en septiembre de 2011, el mismo ministerio enviaba la “Circular 34” a los establecimientos de la red asistencial chilena para instruirles sobre la atención a personas trans y fortalecer “la estrategia de hospital amigo”. Entre otros aspectos, la citada circular reconoce y trata de evitar que “la escasa información respecto de las personas que están vivenciando la transexualidad en el país, el contexto social desfavorable basado en el prejuicio, discriminación y violencia se conjugan para no facilitar el acceso oportuno a la atención de salud”.

Mucho más ambiciosa era la propuesta del MOVILH “Asesorías y atención médica a personas transexuales en Chile”, en la que se recoge la imperiosa necesidad de que la asistencia médica a personas trans vaya acompañada de un Protocolo de Atención. Pese a estas primeras iniciativas, del todo insuficientes, las personas trans se enfrentan a numerosos escollos en Chile. Un hecho favorecido por la falta de aprobación de la Ley de Identidad de Género, postergada su votación en distintas ocasiones por la acción (en absoluto casual) de parlamentarios LGTBfóbicos.

El pasado mes de enero, la Comisión de derechos Humanos del Senado, presidida por la beligerante tránsfoba y homófoba Jacqueline Van Rysselberghe, aprobó excluir a los menores de edad transexuales del cambio de nombre y sexo legal. Asimismo, justo ahora, después de cuatro años mareando la perdiz, la comisión ha despachado la Ley de Identidad de Género para su votación.

El activista Rolando Jiménez, en nombre del MOVILH ha dejado claro que “en sala el desafío es el proyecto no empeore más. Tras ello, los movimientos LGBTI esperamos mejorarla y perfeccionarla en la Cámara de Diputados”. También ha remarcado que “no permite a niños y niñas trans cambiar su nombre y sexo legal en el Registro Civil y además obliga a las personas casadas a divorciarse para rectificar su partida de nacimiento, lo cual es impresentable en un proyecto de ley que nació justamente para terminar con las burocracias, las trabas y para tratar con dignidad a las personas”.

Una LGTBfóbica declarada al frente de la Comisión de Derechos Humanos

Desgraciadamente, no es infrecuente que personas que irrigan el odio y la discriminación se sitúen al frente de organismos gubernamentales o institucionales sobre derechos humanos. Así ocurre en el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile, cuya presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe, ha dicho cosas como que el matrimonio “no es un derecho humano” y las personas transexuales son “una situación súper rara”. Este es el triste discurso de la ínclita senadora Van Rysselberghe:

El MOVILH se lamentaba de que parlamentarios como Van Rysselberghe “hacen todo lo que esté a su alcance para trasladar sus miedos, prejuicios ignorancia y desprecio a la diversidad social a la legislación, lo que es intolerable”.