Activistas LGTBI ocupan la Dirección de Igualdad de la Generalitat para denunciar que la ley catalana contra la LGTBIfobia no se está aplicando
Cataluña dispone de una muy avanzada ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, pero la evidencia indica que no se está aplicando, al menos no como se debiera. Hace tiempo que el Observatori contra l’Homòfobia lo viene denunciando, pero este miércoles, 28 de junio, la Crida LGBTI ha querido visibilizar el malestar del colectivo LGTBI catalán ocupando durante unos minutos el vestíbulo de la Dirección General de Igualdad de la Generalitat y pidiendo la dimisión de la jefa del área encargada de su aplicación, Maria Lluïsa Jiménez.
Según asegura la Crida LGBTI en un comunicado, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, del que depende la Dirección General de Igualdad, «está ignorando de manera sistemática lasdenuncias por LGTBIfobia, dejando sin efecto práctico la ley 11/2014». «Ya solamente el Observatori contra l’Homofòbia ha presentado, desde que se aprobó la ley, más de 200 casos, de los cuales se han tramitado menos de 80 y solo se han resuelto dos, uno con sanción y el otro -el caso del autobús tránsfobo de HazteOír- con medidas cautelares. El resto de casos han sido archivados o ni siquiera han sido estudiados», denuncia la Crida. «La principal consecuencia no es otra que el refuerzo de los agresores, ya sean personas individuales o empresas como El Corte Inglés, que siguen incumpliendo la ley con la seguridad de que no recibirán sanción alguna. En Cataluña, la LGTBIfobia sale gratis», se lamenta este colectivo.
Ante esta realidad, la Crida pide a la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, así como a la directora general de Igualdad, Mireia Mata, el cese de la jefa del Área de Igualdad de Trato y No Discriminación de las personas LGTBI, Maria Lluïsa Jiménez, «y su sustitución por una persona comprometida con nuestros derechos y libertades». La Crida considera que este cese debe acompañarse además de una decidida voluntad política de dar un giro a la situación, revisar los más de 70 casos tramitados y no sancionados, «así como el resto de denuncias que no han llegado a ser tramitadas», bajo la supervisión de entidades LGTB, como por ejemplo el propio Observatori contra l’Homofobia. La Crida también pide que se proceda de una vez al completo desarrollo reglamentario de la ley, que permita la aplicación de sanciones contundentes, así como que se le dote de una partida presupuestaria adecuada para que no siga siendo «papel mojado».
Una hora de ocupación
Para hacer oír sus demandas, activistas de la Crida ocuparon este miércoles, de forma pacífica, el vestíbulo de la Dirección General de Igualdad de la Generalitat, en la calle Sepúlveda de Barcelona.
Allí estuvieron durante una hora, durante la cual desplegaron una pancarta y varias banderas arcoíris, entonaron consignas reivindicativas, pegaron pasquines explicativos en cristales y paneles y atendieron a la prensa. En el exterior del edificio arrojaron además un bote de humo rosa. Aunque una pareja de Mossos d’Esquadra se personó en el lugar, la protesta trancurrió de forma pacífica y sin incidentes.
Ley catalana contra la LGTBfobia: un instrumento que está para ser aplicado
En octubre de 2014 nos felicitábamos por la aprobación por el Parlamento catalán de la histórica ley 11/2014, pero conforme el tiempo ha ido pasando se ha hecho cada vez más evidente la escasa voluntad política de aplicarla. El Observatori contra l’Homofòbia lo viene denunciando casi desde el principio, pero muy especialmente estos últimos meses, en los que los episodios de LGTBfobia en Cataluña están creando una considerable alarma. Muy significativo, en este sentido, fue lo sucedido en Lleida hace escasas semanas, cuando la Generalitat decidió «perdonar» sin sanción alguna al profesor de un instituto público que hizo en clase comentarios homófobos, siendo la presión de los colectivos y la reacción social las que le hicieron dar marcha atrás y abrirle finalmente expediente.
No está de más recordar otra vez que según el informe sobre delitos de odio recientemente presentado por el Ministerio de Interior, Cataluña es la comunidad autónoma con el mayor número de delitos motivados por la orientación o identidad sexual de las víctimas.