El PP hace valer su mayoría absoluta e impide la aprobación de una ley integral de identidad de género en Galicia

Poco ha tardado el Partido Popular en volver a bloquear una iniciativa legal en favor de los derechos LGTB tras enviar, por primera vez en su historia, una representación oficial a la manifestación estatal del Orgullo LGTB. El PP gallego, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia, ha rechazado la toma en consideración de un proyecto de ley integral de identidad de género que los grupos de la oposición habían consensuado con varios colectivos LGTBI y trans de Galicia.

El proyecto (a cuyo texto puedes acceder aquí) había sido registrado por triplicado por En Marea, el PSdeG-PSOE y el Bloque Nacionalista Galego, las tres fuerzas de la oposición, teniendo en cuenta las demandas que hace unos meses plantearon varios colectivos LGTBI y trans de Galicia. Contaba con el apoyo expreso de Arelas (Asociación de familias de menores trans), Ultreia LGTBI, AmiZando o Nós Mesmas, así como de la Plataforma por los Derechos Trans que a nivel estatal preside Mar Cambrollé. No fue suficiente para el PP, que consideró que una ley así, que profundizaba en la despatologización de la transexualidad y establecía un marco jurídico antdiscriminatorio en los terrenos educativo, sanitario o laboral, no era necesaria, al contar Galicia con una ley genérica contra la discriminación de las personas LGTB aprobada en 2014.

Una ley, recordemos, que fue propuesta en su momento por el PSdeG-PSOE y que solo pudo ser aprobada después de que el PP la descafeinase y retirase, por ejemplo, todo el capítulo sancionador, dejándola convertida en poco más que una mera declaración de intenciones. En lo referido a la transexualidad, la ley gallega solamente contempla un artículo específico, el 20, según el cual «se garantizará la atención sanitaria, según la necesidad y el criterio clínico, de las prácticas y para las terapias relacionadas con la transexualidad».

Es por ello que los tres grupos de la oposición defendieron, por el contrario, la necesidad de una ley que cubra todos los vacíos legales referidos expresamente a las personas trans, sin duda las más vulnerables del colectivo LGTB y que desarrolle de forma expresa el principio de despatologización de las identidades trans. Así lo hicieron los diputados Marcos Cal (En Marea), Noelia Blanco (PSdeG-PSOE) y Olalla Rodil (BNG), en tres intervenciones que fueron muy aplaudidas por los representantes de los colectivos LGTBI y trans presentes en el Parlamento gallego.

El PP se escuda en que los colectivos trans no están unidos

El PP rechazó los argumentos de la oposición e incluso se permitió aludir al hecho de que dos colectivos, Fundación Daniela y Chrysallis, no respaldaban la propuesta. Los populares, además, se escudaron en la recientemente anunciada puesta en marcha de una «unidad de atención a menores trans» en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, atendida por un equipo de endocrinólogos, pediatras y psicólogos, y que actuará como unidad de referencia para toda la comunidad, como ejemplo de que el Gobierno de Alberto Núñez Feijoo cumple con lo estipulado en la ley aprobada en 2014.

Curiosamente, se da la circunstancia de que el modelo de unidades clínicas de referencia para abordar la realidad sanitaria de las personas trans es hoy muy criticado por numerosos colectivos. Desde la Plataforma por los Derechos Trans, por ejemplo, han rechazado en que el Gobierno gallego quiera «retrotraernos a viejas, retrogradas y segregatorias formas de atención, contrarias a la despatologización y a la novedosa pero necesaria figura del derecho; la libre determinación de la identidad y expresión de género, anunciándose como un ‘modelo nuevo’, es un ejercicio torpe de malabarismo que solo esconde intereses que no son los de las personas trans”, en palabras de su presidenta, Mar Cambrollé.

Para esta plataforma, «los tratamientos a que deseen someterse las personas trans únicamente deben estar condicionados al consentimiento informado emitido por el usuario o sus representantes, en las mismas condiciones que el resto de los usuarios del sistema sanitario. Lo contrario es seguir estigmatizando a las personas trans, desconfiando de ellas y discriminándolas, por el sólo hecho de que el sexo que se les asignó al nacer no corresponde con su identidad sexual, optando además por seguir segregándolas en ‘unidades multidisciplinares’. Para que las personas trans sean atendidas por un profesional con formación en la materia no es preciso que existan esas unidades, ni es algo que deba estar reservado a unos pocos profesionales como pretenden quienes las componen actualmente, ya que los tratamientos coinciden con los de usuarios cisexuales del sistema de salud. Las y los profesionales sanitarios que atienden y acompañan a las personas trans no requieren de conocimientos específicos más allá de los incluidos en sus propias disciplinas, es decir, un médico endocrinólogo debe conocer los tratamientos con hormonas y sus efectos al igual que un psicólogo debe poder acompañar cualquier situación de estrés producida por el tránsito o la presión (bullying, acoso) del mismo modo que acompañaría una situación similar en una persona cisexual». “Pretender justificar la existencia de las unidades como únicas capacitadas para acompañar los tránsitos sociales de las personas trans es tratar de dirigir el pensamiento colectivo hacia modelos psicosociosanitarios que no se corresponden con el sentir de las propias personas trans, de sus familias y es contrario a sus derechos”, en palabras de Mar Cambrollé.