El presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas anuncia un proyecto de ley de uniones civiles abierto a todas las parejas

Filipinas podría discutir una ley de uniones civiles en los próximos meses. Así lo ha anunciado el presidente de la Cámara de Representantes, Pantaleón Álvarez, en un discurso ante el Parlamento el lunes pasado. La medida se integra en un proyecto de reforma del Código de Familia que también incluiría la apertura por primera vez del divorcio y el reconocimiento de los llamados hijos ilegítimos en un país con fuerte influencia de la Iglesia católica. La propuesta surge después del cambio de postura del presidente Rodrigo Duterte, que tras mostrarse receptivo al matrimonio igualitario durante la campaña electoral, rechazó esa posibilidad cuando se hizo con el poder.

De nuevo un país asiático da pequeños pasos hacia la equiparación de derechos de sus ciudadanos LGTB. El speaker o presidente de la Cámara de Representantes filipina, Pantaleón Álvarez, ha avanzado su intención de promover una reforma de la legislación familiar para permitir la uniones civiles entre personas del mismo o de distinto sexo, así como la disolución de los matrimonios y el reconocimiento de los denominados hijos ilegítimos. La medida otorgaría un marco jurídico para las parejas del mismo sexo, que actualmente carecen de cualquier regulación legal.

El anuncio se produjo previamente al segundo discurso sobre el estado de la nación del Rodrigo Duterte. El polémico presidente filipino se había mostrado en 2015, antes de ser elegido, favorable al matrimonio igualitario porque “todo el mundo se merece ser feliz”. Durante la campaña electoral que resultó en su elección, se mostró abierto a considerar una propuesta sobre el asunto. En marzo de este año, sin embargo, daba marcha atrás y se escudaba en la tradición católica del país para rechazar la igualdad matrimonial y arremeter de paso contra las personas trans.

En octubre del año pasado se empezó a plantear la posibilidad de las uniones civiles como una posible solución de compromiso. Geraldine Roman, la primera diputada trans de Filipinas, mostró su apoyo al presidente de la Cámara en este tema, pero hasta ahora no se habían dado pasos en esa dirección. En su discurso, Álvarez agradeció a Roman sus aportaciones y anunció que su propuesta contempla derechos de propiedad y apoyo mutuo para las parejas unidas civilmente y la posibilidad de adoptar conjuntamente.

Estaremos al tanto del devenir legislativo de esta propuesta, que incluye también como punto novedoso la introducción por primera vez del divorcio para las parejas casadas y el reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Álvarez, que además del presidente de la Cámara de Representantes es secretario general del PDP-Laban (el partido de Duterte), prevé que el proyecto se tramite en lo que queda de año.

El hecho de que Filipinas, como la inmensa mayoría de los países de Asia, no reconozca aún ninguna unión entre personas del mismo sexo, no impide que estas parejas expresen su compromiso mutuo a través de emotivas ceremonias, como la que recogimos hace cuatro años. Tampoco prohíbe a aquellas confesiones que sí incluyen en su liturgia el matrimonio entre personas del mismo sexo celebrar estas ceremonias, aunque sin validez legal.

La actitud social hacia las personas LGTB es bastante positiva, si atendemos a los resultados de una encuesta que cifraba en un 73% el porcentaje de personas que consideraban la homosexualidad “aceptable”, un porcentaje similar al de Italia o Argentina. No obstante, según otro sondeo, tan solo el 14% de los católicos del país estarían a favor del matrimonio igualitario. La presidencia de Rodrigo Duterte, a pesar de sus anteriores declaraciones favorables, abre un panorama preocupante por lo impredecible de su actuación. Por referirnos solo al ámbito LGTB, sin entrar en otros campos donde afronta graves acusaciones, en agosto de 2016 calificaba de “hijo de puta” y se refirió con un insulto homófobo al entonces embajador abiertamente gay de Estados Unidos, Philip Goldberg.