Mensaje en clave LGTB a la sociedad de 2117: respeto, igualdad y protección legal de la diversidad para el futuro

Como venimos recogiendo, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) va a instalar la primera cápsula del tiempo igualitaria del mundo como un “proyecto de rescate histórico” de la realidad actual de la comunidad LGTBI. Dosmanzanas (que, como ya saben nuestros lectores, es un medio activista en el que los que escribimos lo hacemos de forma altruista) ha querido responder a la amable invitación de sumarnos a la cápsula del tiempo con un mensaje propio para el futuro. Nuestro principal deseo para 2117 se resumiría en que esperamos que en todo el mundo ya impere el respeto, la igualdad y la protección legal de la diversidad de orientación sexual e identidad de género. También deseamos que la pandemia del VIH/sida, que durante los 80 y los primeros 90 del siglo XX se llevó a tantos de los nuestros, sea para entonces solo un mal sueño del pasado.

A finales de julio de 2017, la homosexualidad está criminalizada en 72 países con penas de prisión que, en algunos casos, pueden suponer para las víctimas la cadena perpetua. De todos estos estados y, en algunos casos, de parte de sus territorios, 37 son de mayoría musulmana, 33 cristiana y en seis son otras religiones las que se profesan de forma mayoritaria. En este sentido, el 47% de la población mundial perseguida por su orientación sexual se encuentra entre estos seis últimos, ya que solo la población de la India asciende a más de mil millones de personas.

Más sutil (aunque no por ello carente de crueldad, odio y discriminación) es la persecución basada en la supuesta violación de la “moralidad” o en la “propaganda” de relaciones “no tradicionales”, vigente en 19 países. Uno de los casos más paradigmáticos en este sentido y que en este año ha tenido una tremenda repercusión mundial es el de Chechenia, una república semiautónoma de la Federación de Rusia.

Se trata de un escándalo de violación de los derechos humanos destapado a principios de abril por el diario ruso Novaya Gazeta y que, pese a las negativas tanto de las autoridades chechenas como de las rusas y de los esfuerzos de los defensores de Vladimir Putin por presentarlo como una campaña de intoxicación, informes posteriores de organizaciones de derechos humanos confirmaban. La cuestión ha llegado a tal punto que el presidente de Chechenia ha asegurado que perdonará los “crímenes de honor” contra homosexuales cometidos por sus propias familias.

Aunque hay constancia de que estos actos contrarios al derecho internacional, que tienen como objetivo principalmente a hombres homosexuales (sin descartar otras víctimas LGTB), se remontan como mínimo a 2009, no se descarta que tengan todavía más recorrido histórico. Asimismo, la situación en el resto de Rusia es poco alentadora; un país donde quienes defienden sus derechos humanos más elementales son continuamente perseguidos por las autoridades. Bien sea por el mero hecho de enarbolar una bandera arcoíris o por reivindicar la celebración del Orgullo son detenidos, sancionados o incluso encarcelados. Por no mencionar la violencia extrema que las personas LGTB soportan por parte de grupos de odio como Occupy Pedofilyaj, tímidamente perseguidos por las autoridades.

Otro de los países con una situación muy preocupante en nuestros días es Turquía. Su deriva autocrática se está volviendo incompatible con los derechos humanos, en general, y con los de la comunidad LGTB, en particular. Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Hasta el momento, ha despedido a más de 100.000 funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, según denuncia la organización Human Rights Watch. También se ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno, a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se le han imputado cargos por “terrorismo” a 47.000 personas.

El pasado mes de abril de 2017, Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista. Además de eliminar el cargo de primer ministro y concentrar poderes en su persona, de un modo autocrático, Erdoğan podrá nombrar ministros del gabinete, uno o varios vicepresidentes, emitir decretos, elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento. Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo, Erdoğan podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029. Sin duda, una noticia muy preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB turco.

Entretanto, la Policía volvía a impedir en 2017 el Orgullo de Estambul con el uso de la fuerza. Las administraciones del país, controlado con mano férrea por el presidente Erdoğan, no permiten la celebración del Orgullo desde 2014. Las ediciones de 2015 y 2016, igual como la de este año, han sido reprimidas por las “fuerzas del orden público” con violencia.

El matrimonio igualitario en el mundo

Con la reciente incorporación de Alemania y Malta, son 15 los países europeos donde existe el matrimonio igualitario (entre paréntesis, la entrada en vigor de la ley): Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017), Alemania (2017) y Malta (2017).

En todo el mundo, suman 24 los países donde existe la igualdad para las parejas del mismo sexo, al añadir los siguientes: Canadá (2005), Sudáfrica (2006), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010), Nueva Zelanda (2013), Brasil (2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015) y Colombia (2016).

El reconocimiento de la identidad de género

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos seguían hacíendolo a fecha noviembre de 2016. La mayoría, del Este de Europa, pero también había algunos occidentales. Otros han eliminado ese requisito hace poco (Suecia, por ejemplo, no lo hizo hasta 2013, mientras que Noruega actualizó su ley en 2016 y Bélgica lo acaba de hacer hace pocas semanas). Y no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba este mismo año a Francia por haber obligado a hacerlo (este país, de hecho, modificó su legislación en 2016, eliminando dicho requisito, aunque sigue manteniendo el proceso en manos de los jueces).

De hecho, cada vez es más numeroso el grupo de países que ya han incorporado el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, de la mencionada Noruega, de Malta (cuya legislación, que despatologiza por completo la transexualidad e incluye a los menores, es ya un referente para la comunidad internacional), de Irlanda o de Dinamarca, en Europa. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando. En España, mientras tanto, seguimos a la espera de que el Parlamento decida dar el paso y actualice la legislación, que a día de hoy sigue exigiendo un diagnóstico para proceder a la modificacion registral del sexo y que no contempla la realidad de los menores trans.

El colectivo LGTB en Chile

Hablar de la realidad LGTB en Chile y del activismo que día a día lleva a la calle, a las instituciones y a la justicia su lucha es hablar del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH).

Según una encuesta realizada por Cadem (empresa demoscópica y de investigación de mercado), el 64% de la ciudadanía de Chile es favorable a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, a principios de 2017. En cambio, los partidarios de la adopción por familias homoparentales se sitúan en el 45%. Desde el MOVILH, en todo caso, señalan que “en materia de derechos humanos los Estados no pueden moverse por encuestas sino por convicciones”.

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el MOVILH alcanzaron una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la CIDH por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio una vez que había agotado la vía judicial dentro del país. De desarrollarse todos los puntos contemplados en dicho acuerdo, Chile, que ya ha dado algunos pasos importantes (como la aprobación de las uniones civiles) pasaría a situarse en primera línea del reconocimiento jurídico de los derechos LGTB.

Implicaría aceptar el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), pero también la aprobación de una ley de identidad de género, un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria ya vigente en Chile (la conocida como “ley Zamudio”) y medidas en el ámbito educativo.

La legislación referente a la identidad de género, que comenzó su tramitación en mayo de 2013, sigue su curso en el Senado de este país, con un perfil bajo en relación a los avances y derechos que se otorga a las personas trans. Es cierto que ahora se permitirá el cambio legal de sexo en el Registro Civil, pero se exigirán informes médicos con carácter obligatorio. Esta medida patologiza la transexualidad y ha generado el rechazo del activismo LGTBI, encabezado por el MOVILH. Asimismo, la ley excluye a los menores de edad y a las personas casadas.

Sin embargo, se ha creado un precedente que podría sentar jurisprudencia en relación a las personas trans con menos de 18 años. El juez Luis Fernández, contra el que presentaron una querella después de que este autorizara el cambio de nombre y sexo legal de una niña trans de 5 años (a instancia de sus propios padres), ha sido absuelto por la Justicia de Chile. Fernández fue acusado de prevaricación, ya que la asociación Comunidad y Justicia sostenía que su resolución fue “ilegal” e “imprudente”.

Frenar la pandemia del VIH y combatir la serofobia

El objetivo de ONUSIDA para 2020, que los que vivimos en 2017 ya tenemos a la vuelta de la esquina, es que el 90% de las personas con VIH hayan sido diagnosticadas, que al menos el 90% de las que han sido diagnosticadas se encuentren bajo tratamiento y que al menos el 90% de ellas tengan una carga viral indetectable.

Objetivos que si existiese voluntad política real son perfectamente alcanzables en pocos años. En 2117, el VIH/sida debería ser ya solo un mal recuerdo, gracias a medidas de información y prevención (entre ellas, la profilaxis preexposición en los grupos que se pueden beneficiar de ella) y quizá al tan deseado descubrimiento de una vacuna terapéutica que haga innecesario el tratamiento farmacológico. Otro mal recuerdo del pasado debería ser también la discriminación de la que han sido objeto las personas que viven con VIH, una realidad aún hoy en países como la propia España en el acceso a los seguros de salud o a ciertos empleos públicos.