Ofensiva de las iglesias evangélicas españolas contra la aprobación de una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI

Preocupante ofensiva la que las iglesias evangélicas españolas, articuladas en torno a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y la Alianza Evangélica Española, han lanzado contra el colectivo LGTB. La primera ha conseguido que la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, un órgano consultivo del Gobierno presidido por el ministro de Justicia, haya aceptado estudiar si la proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI «vulnera la libertad religiosa». La segunda ha puesto en marcha una campaña contra esta propuesta, con una petición en change.org justificada en un comunicado en el que compara la propuesta con las leyes de eugenesia de la Alemania nazi y defiende las «terapias» reparadoras, entre otras barbaridades.

El pasado 4 de mayo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), organización paraguas que agrupa a más de 50 colectivos LGTB de España, registraba en el Congreso de los Diputados una ambiciosa propuesta de ley contra la discriminación y en favor de la igualdad social de las personas LGTBI. El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea era el que prestaba a la FELGTB su capacidad legal para hacerlo, aunque el proyecto cuenta, sobre el papel, con el apoyo expreso de todos los grandes partidos salvo el PP. Ello no evitó, lamentablemente, que en pocos días la propuesta se convirtiera, por obra y gracia de la derecha mediática e incluso de una parte del ámbito progresista, en «la ley mordaza de Podemos». Una manipulación que, aunque atemperada con el paso de las semanas y las celebraciones del World Pride (todas las fuerzas políticas invitadas a la cabecera de la manifestación, incluyendo el PP, se han comprometido al menos a facilitar la tramitación del texto), sigue siendo utilizada medios y grupos de presión conservadores.

Sus líneas generales

La norma registrada, como en su momento comentamos, es muy ambiciosa, y contempla numerosas medida en los ámbitos de la salud, educativo y laboral, así como en el familiar, de la infancia y de la juventud. Contempla, por ejemplo, el derecho de todas las mujeres a acceder a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad publica, con independencia de su orientación sexual o de estatus marital, así como la garantía de atención sanitaria sin discriminación a las personas trans, que deberá regirse además por el principio básico de la autodeterminación de género. La documentación administrativa y los formularios médicos deberán adecuarse a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI. El proyecto también incluye medidas específicas de apoyo y protección a las víctimas tanto de discriminación como de delitos de odio y de violencia intragénero.

Otro aspecto importante que contempla el proyecto es la constitución de varios órganos para garantizar su cumplimiento. Entre ellos, una Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género independiente del Gobierno, encargada de evaluar la implantación de la norma, y una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se creará también un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

Mención especial merece el capítulo sancionador, que incluye multas que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar hasta los 45.000 euros, además de las suspensión de actividades o servicios por un tiempo máximo de dos años, la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Administración por un periodo de hasta dos años (de cinco, en caso de reincidencia o reiteración) o la inhabilitación temporal para la prestación de servicios públicos, por mencionar solo algunas otras posibles sanciones.

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), en contra

Lo cierto es que la propuesta de ley, a la que espera todo un proceso de discusión parlamentaria y enmiendas, se enfrenta ahora al poderoso lobby religioso. No es la primera vez que algo así sucede: ya ocurrió en 2005, cuando se discutió la ley de matrimonio igualitario. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió entonces, cuando fueron grupos vinculados a la Iglesia católica los que asumieron el protagonismo, ahora son las iglesias protestantes españolas las primeras que han levantado la voz. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), organización que ejerce la representacion ante el Estado de las iglesias protestantes, solicitó la pasada semana que la Comisión Asesora de Libertad Religiosa valore si la propuesta «vulnera la libertad religiosa». Esta Comisión es un órgano consultivo del Gobierno, que preside el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y de la que forman parte representantes tanto del Estado como de las principales confesiones religiosas (aquí puedes ver su composición).

La petición, firmada por el portavoz de FEREDE y miembro de la Comisión, Mariano Blázquez, ni siquiera se preocupa de disimular la LGTBfobia. «Manifestamos nuestra preocupación por el apoyo explícito que estas normas suponen al lobby gay, y por la sumisión que los partidos políticos parecen estar mostrando a la presión que dicho lobby ejerce, permitiendo que sea el propio colectivo LGTBI el que redacte este proyecto de ley que sea tramitado sin debate ni reflexión por parte de los partidos políticos y otros colectivos de la sociedad civil», llega a decir literalmente el escrito.

Según han informado diversos medios, la Comisión aprobó la propuesta por amplia mayoría y nombró a dos expertos encargados de hacer dicha evaluación.

FEREDE: libertad religiosa… salvo si es a favor de las personas LGTBI

Resulta especialmente llamativo que FEREDE se muestre tan celosa de la libertad religiosa cuando el Consejo Evangélico de MAdrid (los consejos evangélicos autonómicos, dependientes de la FEREDE, ostentan la delegación de esta para el desarrollo de acuerdos a nivel autonómico) decidía hace pocos meses dar de baja como miembro de pleno derecho a la Iglesia Evangélica Española, precisamente una de las iglesias protestantes más veteranas y arraigadas en nuestro país, debido a su posicionamiento en favor de las personas LGTB.

Vergonzante documento de la Alianza Evangélica Española

En paralelo a la petición de FEREDE aprobada por la Comisión que preside el ministro Catalá, este lunes la Alianza Evangélica Española, entidad que agrupa también a iglesias protestantes, lanzaba en la plataforma Change.org una petición para pedir a los partidos políticos «detener la ley mordaza proLGTBI» argumentando que «quita a los padres la libertad de educar a sus hijos en conciencia y amordaza la libertad de expresión».

La Alianza Evangélica Española basa su petición en un amplio comunicado, al que puedes acceder en su web, y que constituye todo un argumentario de odio hacia el colectivo LGTBI y sus reivindicaciones. Llega, por ejemplo, a comparar la ley a las disposiciones eugenésicas de la Alemania nazi; se opone a la creación de un Centro Nacional de la Memoria Histórica LGTBI, «algo que no se ha concedido a ningún otro colectivo discriminado históricamente»; rescata el término «ideología de género» asegurando que esta «se impone desde la escuela hasta la universidad»; menosprecia las tremendas dificultades a las que se enfrentan los menores trans y sus familias, asegurado que la propuesta «aborda el tratamiento hormonal cruzado de menores con una ligereza asombrosa» o defiende las infames «terapias» de aversión o reparadoras, que según los evangélicos españoles deberían denominarse de «restauración [sic]«. Reproducimos textualmente esa vergonzante parte de texto:

(…) prohíbe expresamente que un homosexual o transexual pueda retornar a la concordancia con su sexo biológico, estableciendo severas sanciones para los profesionales que le presten ayuda, aún con el consentimiento del interesado (art. 94.4.c). Significativamente, en vez de denominar estas terapias “de restauración”, las denomina “de aversión”.

En definitiva: parece que los protestantes españoles (al menos dos de las entidades que los representan), quizá celosos del protagonismo de algunos obispos católicos especialmente hostiles a los derechos LGTBI, han decidido en esta ocasión adelantarse y liderar la ofensiva de odio. Una verdadera pena que en lugar de adoptar como modelo los avances inclusivos que las iglesias luteranas de mayor solidez teológica están haciendo en otras partes del mundo, justo cuando se cumplen 500 años del inicio de la Reforma protestante, opten por adherirse a la LGTBfobia de muchas de las iglesias evangélicas surgidas a partir de movimientos religiosos posteriores.