Mauricio Macri promueve un proyecto de ley de «libertad religiosa» que abriría la puertas a discriminar de forma legal a las personas LGTB

Preocupantes noticias las que nos llegan desde Argentina, un país que ha dado enormes pasos hacia la igualdad jurídica de las personas LGTB. Su actual presidente, Mauricio Macri, ha promovido sin embargo un proyecto de ley de «libertad religiosa» que autorizaría a personas e instituciones a negarse a cumplir una obligación jurídica si esta atenta contra sus convicciones religiosas o morales, abriendo la puerta, por ejemplo, a la discriminación de personas LGTB en muy diversos ámbitos. Los colectivos LGTB consideran que de aprobarse el proyecto los avances que ha experimentado Argentina en esta materia corren serio peligro.

Así lo cree, por ejemplo, 100% Diversidad y Derechos, que considera que el proyecto va mucho más allá de una pretendida regulación de la libertad religiosa y lo que supone, es, de facto, la legalización de actos discriminatorios. «Los habilitaría [a quienes se acogiesen a la norma] a negarse a celebrar matrimonios igualitarios, cambiar el nombre y sexo registral de personas trans (ley de identidad de género), brindar educación sexual integral o negar atención en salud sexual y reproductiva, entre otros derechos. Esto se sumaría a la desarticulación y vaciamiento de estos programas a nivel nacional, tanto en el Ministerio de Educación como en el de Salud», expresa, con gran preocupación, este colectivo, para el cual este proyecto «vulnera la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos». “Implicaría un grave retroceso en la laicidad del Estado, en el ejercicio de los derechos igualitarios de la población LGBT y una inaceptable restricción en el acceso a la salud sexual y reproductiva y a la educación sexual integral”, en palabras de la presidenta de 100% Diversidad y Derechos, Greta Pena.

100% Diversidad y Derechos, junto a la Comunidad Homosexual Argentina y otra veintena de organizaciones y colectivos LGTB, han dirigido una carta a los miembros de las comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de tramitar el proyecto para que rechacen sus disposiciones discriminatorias (puedes descargarla aquí).

De la misma opinión es la Federación Argentina de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (FALGBT), que considera que el proyecto impulsado por Mauricio Macri lo que busca es «cercenar los derechos conquistados en los últimos años». «La finalidad de este proyecto, en realidad, es otorgar un paraguas legal a quienes quieran  imponer su moral religiosa por sobre los derechos fundamentales de las personas LGBT y de las mujeres, entre otros grupos vulnerados en nuestra sociedad. Pretende imponer la objeción de conciencia de las personas y de las instituciones. Por ende, la objeción de conciencia dejaría de ser una excepción para convertirse en una regla. Y a pesar de que solo las personas tenemos conciencia, la objeción de conciencia institucional implicaría que un hospital o una escuela pueda oponerse a garantizar el acceso a la salud y a la educación para las personas LGBT», señala la FALGTB, que destaca que, por ejemplo, una escuela podría rechazar a un niño o a una niña por tener dos mamás o dos papás, o por ser trans, un juez o una jueza negarse a casar a dos personas del mismo sexo o un centro sanitario a atender la salud sexual y reproductiva de personas LGTB. «Así, el Estado se aleja del paradigma de la neutralidad en materia religiosa para ser un Estado pluriconfesional, mediante un proyecto que avanza rápidamente a espaldas de la sociedad», añade esta organización.

También Amnistía Internacional se moviliza contra el proyecto

Es importante destacar que no son solo los colectivos LGTB los que se muestran preocupados por las consecuencias que podría tener una ley así. También Amnistía Internacional se ha manifestado en contra y así se lo ha hecho saber tanto al presidente Macri como a la Cámara de Diputados.

«Según el texto, el proyecto busca consagrar una protección más completa a la libertad religiosa. Sin embargo este derecho ya se encuentra garantizado en nuestro país. En primer lugar, el artículo 14 de la Constitución Nacional consagra la profesión libre de culto, protegiendo la libertad religiosa y de conciencia. A su vez, el artículo 19 establece incluso que nadie será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe», argumenta Amnistía Internacional. «Preocupa especialmente el artículo 7 del proyecto. Este apartado proclama de manera explícita el derecho a la objeción de conciencia, de las personas y de las instituciones. Específicamente, establece que ‘toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica’ incluyendo a los funcionarios públicos. Este articulado constituye un retroceso sustantivo porque revierte la excepcionalidad del instituto de la ‘objeción de conciencia’, pasando esta a ser casi la regla», añade.

Amnistía Internacional da algunos ejemplos, de lo que una ley así supondría, y no solo relacionados con la esfera LGTB. Un docente, por ejemplo, podría negarse a impartir una clase sobre la teoría de la evolución por encontrarse en pugna con sus creencias religiosas, una obra social podría negarse a proveer anticonceptivos aun existiendo obligación legal para hacerlo, etc. «Desde Amnistía Internacional promovemos y defendemos el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este texto, sin embargo, lejos de tender a fortalecer un Estado laico que otorgue libertades a sus individuos, busca favorecer un Estado pluriconfesional, con fuerte injerencia de las religiones en el ejercicio de los derechos de las personas y lo público», advierte esta organización.

En definitiva, noticias muy preocupantes en un país que ha sido pionero en América Latina en materia de matrimonio igualitario, identidad de género o reproducción asistida. Estaremos atentos a lo que sucede finalmente.