El Gobierno de la Generalitat aprueba el protocolo que desarrolla el deber de intervención de los funcionarios catalanes contra la LGTBfobia

El Gobierno catalán ha aprobado por fin este martes el protocolo para el abordaje de la homofobia, la bifobia y la transfobia en las adninistraciones públicas catalanas. El protocolo, cuyo desarrollo estaba contemplado en la ley catalana 11/2014 contra la LGTBfobia (artículo 11.2), ha sido bienvenido por el Observatori contra l’Homòfobia, entidad que en los últimos tiempos se ha mostrado muy crítica con la lentitud con la que esta ley se está desarrollando y aplicando de forma efectiva.

El protocolo, plasmado en un documento de 23 páginas (que puedes descargar aquí) establece cómo debe aplicarse el deber de inetrvención de las personas que trabajan en las administraciones públicas catalanas (tanto dependientes de la Generalitat como de los entes locales) para hacer efectivo el abordaje de la homofobia, la bifobia y la transfobia. Se trata, según el departamento de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat, de «garantizar los derechos de las personas LGTBI y evitar situaciones de discriminación y violencia, para asegurar que en Cataluña se puede vivir la diversidad sexual y de identidad de género en plena libertad». Las administraciones públicas catalanas, de esta forma, se configuran como garantes de los derechos LGTBI, y sus funcionarios deberán comunicar cualquier situación de discriminación y de violencia por razones de orientación sexual e identidad o expresión de género de la que tengan conocimiento o de la que tengan una sospecha fundamentada.

La aprobación de este protocolo ha sido celebrada por el Observatori contra l’Homofòbia. “Desarrolla el deber de intervención, concretamente el artículo 11 de la Ley [11/2014], que insta a todos los profesionales de la administración a actuar inmediatamente ante la certeza o sospecha de un caso de discriminación por orientación o identidad de género en cualquiera de sus formas”, ha explicado su presidente, Eugeni Rodríguez. Un deber de intervención que para Rodríguez es «una herramienta indispensable para frenar las agresiones y discriminaciones LGTBIfóbicas en Cataluña”. El Observatori ha felicitado al Gobierno catalán por el trabajo realizado y le ha pedido que trabaje conjuntamente con las entidades LGTB para activar ya el protocolo de forma real y efectiva.

Conviene recordar, en este sentido, que el Observatori contra l’Homofòbia se mostrado muy crítico en los últimos tiempos con la Generalitat debido a la lentitud con la que la ley catalana contra la LGTBfobia, aprobada hace ya tres años, se está desplegando, y ello pese al repunte en los casos de LGTBfobia en Cataluña. En septiembre, Eugeni Rodríguez comparecía en la Comisión del Igualdad del Parlamento catalán y exponía los últimos datos registrados por la entidad, según los cuales en el ejercicio en curso habría un 30% más de denuncias. “Las conclusiones actuales son similares a las del Estudio del OCH sobre el Estado de LGTBIfobia en 2016: el grupo que más agresiones sufre son los hombres gais y bisexuales, y las agresiones que más se perpetúan son en espacios públicos, seguidas del bullying y el discurso de odio”, expresaba entonces.

Recordemos que, según la estadística de delitos de odio del Ministerio del Interior correspondiente a 2016, Cataluña fue de hecho la comunidad que más delitos de odio por LGTBfobia registró oficiamente (60 en total, 51 de ellos en la provincia de Barcelona). Peor aún era el informe correspondiente al año 2016 del Observatori contra l’Homofòbia: la entidad tuvo noticia de 84 incidencias por LGTBfobia en Cataluña (como también sucede en Madrid, los datos recogidos por las entidades vinculadas a colectivos arrojan un número mayor de agresiones que las que oficialmente se denuncian). La mayoría (el 46,4%) fueron contra hombres gais o bisexuales, seguidos de las generalistas (contra el colectivo LGTB como tal, un 19%) y contra las personas trans (un 14,3%).

Aunque quedan mucho trabajo por hacer para que la ley 11/2014 sea una realidad plena (el desarrollo, por ejemplo, de un reglamento sancionador), la aprobación de este protocolo es sin duda un paso en la buena dirección. Confiamos, en este sentido, en que la grave crisis política que vive en estos momentos Cataluña y su relación con el Estado no impida seguir progresando. Ojalá sea así.