El Gobierno Vasco reconoce con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda

Frank Mugisha, director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, recogía este lunes el Premio René Cassin 2017 de manos del lehendakari, Iñigo Urkullu. La organización vasca Ortzadar LGTB fue la que propuso en su momento la candidatura de Sexual Minorities Uganda, por su defensa de los derechos de la comunidad LGTB en el continente africano, a pesar de las amenazas y la persecución a la que tienen que hacer frente con frecuencia los activistas que se integran en ella (especialmente en Uganda). La entrega del galardón se enmarcaba en los actos del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemoró el pasado domingo 10 de diciembre. Mugisha ha denunciado que “sufrimos discriminación social e institucional. Solo por ser gay, en Uganda puedes ser arrestado y encarcelado”. Por ello, el activista añade que están comprometidos a “no parar hasta lograr la igualdad”.

“Con este premio reconocemos a todas las personas y entidades que luchan por la dignidad en África y desde África; Euskadi hoy se hermana con todas ellas y muestra su empatía”, decía el lehendakari, Iñigo Urkullu, al entregar el Premio René Cassin 2017 a Sexual Minorities Uganda. A la cita celebrada en Lehendakaritza (sede de la presidencia de Euskadi), asistieron todos los consejeros del Gobierno Vasco, además del secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, y de la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando.

El Premio René Cassin fue creado por el Gobierno Vasco con el fin de “reconocer públicamente la labor de personas físicas o jurídicas que con su actuación contribuyan de manera destacada a la promoción de los valores de los derechos humanos en la sociedad”. El premio es un homenaje a René Cassin, nacido en Bayona en 1887, y al que se le considera el principal inspirador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1968.

El activista trans Víctor Mukasa fue el promotor en 2004 de Sexual Minorities Uganda. Actualmente, la organización está formada por 18 asociaciones que luchan contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género en Uganda y en el resto del continente africano. El director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, Frank Mugisha (que en 2014 fue nominado al Premio Nobel de la Paz), recogía el mencionado galardón, acompañado de Diane Sydney Bakuraira (también miembro de la entidad premiada).

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castiga con hasta siete años de prisión.

El pasado mes de agosto, el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía el año pasado en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de introducir la pena de muerte en deteminados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna, hace unos meses el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables”, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.