La aprobación unánime de la ley andaluza de igualdad LGTBI subraya la incomprensible demora que sufre su equivalente en el Congreso

El Parlamento de Andalucía aprobó el pasado martes la ley «para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía», procedente de una proposición conjunta de PSOE, Podemos e IULV-CA. Lo hizo por unanimidad de las fuerzas políticas presentes en la cámara andaluza, incluído el Partido Popular. Sin duda, una magnífica noticia que demuestra que es posible avanzar en el reconocimiento de los derechos LGTBI desde diferentes posiciones políticas si se dejan de lado las posiciones ultraconservadoras. Pero también pone de manifiesto, como bien ha indicado la FELGTB, el sinsentido que supone que el Congreso de los Diputados continúe retrasando la tramitación de la proposición de ley estatal sobre la materia. 

Ha sido un proceso largo y complicado. En octubre de 2016, el Parlamento andaluz aprobó la toma en consideración de dos proposiciones de ley, una de Podemos y otra del PSOE. La tramitación del texto de Podemos recibió el apoyo de todos los grupos, salvo de los socialistas. La toma en consideración del texto del PSOE recibió el respaldo unánime de la cámara, incluyendo el de Podemos, que esperaba que el trabajo parlamentario permitiese que ambas propuestas confluyesen. Las diferencias entre ambos textos no eran abismales, pero la propuesta de Podemos, surgida del trabajo colaborativo con varios colectivos LGTB andaluces, resultaba especialmente ambiciosa en materia de transexualidad en menores. En concreto, daba preferencia a la voluntad de los menores transexuales sobre la de sus padres y tutores a la hora de autorizar tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad o para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad, salvo orden judicial en contra. Un elemento que iba en la línea de respetar al máximo el derecho de autodeterminación de género, pero con el que el PSOE estaba en desacuerdo. Los socialistas preferían, en este aspecto, remitir a la ley integral de transexualidad, aprobada por el Parlamento andaluz en 2014.

Finalmente, tras meses de negociaciones, PSOE y Podemos llegaban a un compromiso satisfactorio para ambos y acordaban presentar un mismo texto en junio de este año, que mantenía en el articulado el derecho de los menores trans a recibir tratamiento hormonal, aunque la formulación que daba preferencia explícita a su voluntad sobre la de sus padres era eliminada y sustituida por una fórmula más genérica que garantiza el derecho «al libre desarrollo de su personalidad [en referencia al menor] conforme a su orientación e identidad sexual» y establece que «la Administración pública competente velará para que las personas progenitoras, tutoras, guardadoras o acogedoras, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y deberá garantizar, en todo caso, el interés superior del menor» de acuerdo a la legislación orgánica estatal de protección a la infancia y a la adolescencia.

Finalmente, la proposición era presentada de forma conjunta por PSOE, Podemos y IULV-CA (que en el Parlamento andaluz es una fuerza independiente de Podemos) y sumaba el apoyo de Ciudadanos y del PP. Hay que recordar, en este sentido, que el partido conservador mantiene en Andalucía posiciones más abiertas que en otras comunidades respecto a los derechos LGTBI (de hecho ya se sumó en 2014 al consenso sobre la ley integral de transexualidad).

Por lo que se refiere a otros aspectos de la ley, se trata de un texto que sigue la estela de otros ya aprobados en comunidades como Cataluña, Extremadura, Baleares y Murcia o la Comunidad de Madrid, aunque incorporando como en casi todas ellas matices específicos. Incluye medidas en los ámbitos educativo, social, sanitario y laboral, así como en el del ocio, la cultura y el deporte, la comunicación social, la cooperación al desarrollo o la Administración Pública. La ley reconoce además a las familias homoparentales, y las incluye en el ámbito de la regulación de las familias, establece la creación del Consejo Andaluz de Participación del colectivo LGTBI (órgano de consulta, asesoramiento, representación y participación que se encargará, entre otras funciones, de evaluar el desarrollo de las políticas en la materia y de elaborar un informe anual).

La ley también contempla un capítulo sancionador, que incluye multas que podrán llegar, en los casos muy graves, hasta los 120.000 euros, y además podrá imponerse la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad de Andalucía por un período de hasta tres años, la inhabilitación temporal por un periodo de hasta tres años para ser titular de centros o servicios dedicados a las prestación de servicios públicos e incluso el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta cinco años.

FELGTB: la aprobación unánime de la ley andaluza debe trasladarse al Estado

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) se ha felicitado por la aprobación de la ley andaluza, «una gran noticia en el camino hacia la conquista de la igualdad real”, en palabras de su presidente, Jesús Generelo. Aún así, la FELGTB considera que no tiene sentido que haya protección solo en los ámbitos competenciales autonómicos, pero no en los estatales. “Es preciso asegurar la estructuración territorial, las diferencias en cuanto a disfrute de derechos constitucionales básicos entre territorios son intolerables”, ha añadido Generelo.

Generelo también ha afeado al PP la incoherencia que demuestra al ofrecer diferentes discursos sobre los derechos LGTBI en función del territorio. «No tiene ningún sentido que en Extremadura el Gobierno del Partido Popular promoviese una gran ley LGTBI, en Andalucía apoye una ley equivalente votando a favor y, sin embargo, en España se abstuvieran y plantearan una enmienda a la totalidad, a pesar de su compromiso por escrito que suscribieron con FELGTB en el contexto de la manifestación del World Pride y en el que aseguraron que darían su respaldo a la propuesta promovida por el movimiento LGTB”, ha declarado.

La FELGTB, en este sentido, considera inaceptable que la tramitación de la propuesta de ley estatal de igualdad LGTBI continúe postergándose. «Desde que el 19 de septiembre el pleno del Congreso de los Diputados votase a favor de su toma en consideración, ya ha sido ampliado su periodo de enmiendas en nueve ocasiones», se lamenta esta organización. “Cada día de retraso supone una oportunidad perdida para acabar con el sufrimiento de miles de personas que son discriminadas por su orientación sexual o su identidad o expresión de género; hecho especialmente preocupante si tenemos en cuenta que estamos hablando de menores de edad o de personas que sufren otro tipo de discriminaciones, como las personas mayores, con discapacidad o las que buscan protección internacional, entre otras», ha insistido Jesús Generelo.