Los recuentos provisionales de los observatorios catalán y madrileño apuntan a un significativo repunte de la LGTBIfobia en 2017
Si bien no se han publicado todavía cifras oficiales, los recuentos provisionales que las diferentes entidades LGTB que trabajan sobre el terreno están dando a conocer apuntan a un incremento considerable de los incidentes por LGTBIfobia en 2017. Si a ello unimos que las noticias de agresiones en diferentes zonas de la geografía española no nos han dado respiro, está claro que hay serios motivos para la preocupación. Existen, pese a todo, aspectos positivos que resaltar: poco a poco las víctimas pierden el miedo a denunciar. El número creciente de agresiones, por otra parte, puede significar también que estamos ante unos niveles de visibilidad LGTB sin precedentes.
Ya desde principios de año nos llegaban noticias de una brutal agresión homófoba en pleno centro de Madrid, que dejó inconsciente a una de las víctimas. Asimismo, uno de los eventos considerados como más gay friendly, el Carnaval de Sitges, fue el escenario de otra agresión contra un joven gay. El mes de marzo se cerraba con dos brutales agresiones más también en Cataluña: una paliza a un joven homosexual en el barrio de Sants de Barcelona, y una agresión a una pareja de dos chicos a las puertas de una discoteca en Berga. El colectivo trans también fue el blanco de agresiones como la ocurrida en Sevilla el pasado mes de mayo, o en Valencia en julio -el autor de este último ataque se encuentra ya en prisión provisional– .
También la lesbofobia fue motivo de una agresión física este verano en Lleida, donde una pareja de chicas fue golpeada por un grupo de personas. El World Pride, celebrado el pasado verano en Madrid, fue también el escenario de una agresión homófoba por parte de un grupo neonazi. En octubre, tuvieron lugar dos ataques más en el metro madrileño en un intervalo de pocas semanas, poco después de una agresión a una mujer trans en esta misma ciudad. Otras ciudades como Gijón o Ciudad Real presenciaron también graves incidentes homófobos este pasado otoño.
Por otro lado, Cataluña cierra el 2017 con dos brutales agresiones homófobas en los últimos meses del año: una de ellas ocurría en un tren de Renfe, donde una pareja de dos chicos era golpeada en presencia de otros viajeros; la otra, frente a la playa de la Mar Bella, en Barcelona, donde dos jóvenes sufrieron una brutal agresión.
Todas estas noticias suponen tan solo la punta del iceberg. Y es que, a estas agresiones físicas que han tenido más repercusión mediática, hay que añadirles otros tantos casos de agresiones, amenazas, insultos y episodios de discriminación que han ocurrido este 2017 en diferentes puntos del Estado, muchos de los cuales probablemente ni siquiera han sido denunciados.
Cataluña y Madrid: aumento de incidentes registrados por los observatorios
En el ámbito de Cataluña, los datos provisionales del Observatori contra l’Homofòbia indican un total de 112 incidencias por LGTBIfobia durante el año 2017, de las cuales 18 son agresiones físicas. Según este recuento provisional, en 2017 se habrían registrado 28 incidencias más que el año anterior (en 2016 se registraron 84 incidencias). Por lo que se refiere a Madrid, el recuento provisional del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia cifra en 287 el número de incidentes, 47 más que los recogidos por la misma entidad a lo largo de 2016. Es cierto que dicho crecimiento puede responder tanto a un aumento real de la LGBTIfobia como a una mayor tendencia por parte de las víctimas a denunciar lo sucedido.
En 2017 hemos visto también una creciente tendencia a la aprobación de leyes contra la LGBTIfobia a nivel autonómico, como la reciente ley andaluza de igualdad LGBTI. No obstante, también persiste la escasa implantación de algunas de estas leyes. Es el caso de la ley catalana, una de las más avanzadas del mundo en este ámbito, pero que sin embargo cuenta con una escasa aplicación práctica. Dicha ley prevé un régimen de infracciones y sanciones administrativas por actos LGBTIfóbicos que quedan fuera del Código Penal, pero que podrían ser sancionables por la administración autonómica. Sin embargo, el Observatori contra l’Homofòbia viene denunciando hace tiempo la falta de aplicación de dicho régimen sancionador por parte del Departamento de Igualdad de la Generalitat de Catalunya –que es el órgano competente para ello–.
La importancia de las entidades LGTBI en el proceso de denuncia
Lo que es evidente es que, ante el repunte de agresiones, las entidades LGTB -como el Observatori en Cataluña, el Observatorio Madrileño, y varias otras- se han convertido en los espacios de referencia para denunciar la LGTBIfobia. Espacios seguros donde dar una atención integral a las víctimas. Afrontar la problemática de este tipo de agresiones no es una tarea sencilla, y la perspectiva LGBT con la que trabajan estas entidades es clave para poder dar una atención adecuada a las víctimas de estos delitos.
En esencia, los delitos de odio no son más que una de las manifestaciones de las dinámicas de poder de una sociedad. Las agresiones por LGTBIfobia se utilizan como mecanismo para asegurar la jerarquía heteropatriarcal, según la cual el varón cisheterosexual mantiene una posición privilegiada. La violencia es utilizada, entonces, para reafirmar la identidad heterosexual del agresor -y el privilegio que ello conlleva- , una identidad que siente amenazada por la presencia de personas que no lo son. El agresor utiliza la violencia contra la persona LGTB para recordar a la víctima su posición inferior, y para dejar clara su identidad heterosexual. El problema de los delitos de odio por LGBTIfobia es que no solo mandan una amenaza a la víctima, sino que dicha amenaza se extiende a todo el colectivo LGTB, dejando claro que cualquiera que se comporte de una forma que el agresor considera “inaceptable” es una potencial víctima.
Las entidades LGTB, conocedoras de todas estas dinámicas discriminatorias, deben tener un papel fundamental a la hora de afrontar este aumento de la violencia LGBTIfóbica. Pueden ser cruciales para contrarrestar los peligros de la “normalización” o “trivialización” de las agresiones por parte de las víctimas, lo cual supone un gran obstáculo para denunciar. Pueden ayudar a la víctima de una agresión a superar el miedo a revelar la propia orientación sexual o identidad de género -cosa inevitable en muchos casos si se quiere denunciar una agresión- así como el miedo a posibles represalias o la desconfianza en los cuerpos policiales y el sistema judicial.
Pese al aumento de agresiones, hay motivos para ser optimistas: la comunidad LGTB está más organizada que nunca y cuenta con cada vez más entidades repartidas por todo el Estado. Además, el número creciente de agresiones puede significar también que estamos ante unos niveles de visibilidad LGTB sin precedentes, a lo que algunos reaccionan violentamente ante la impotencia de ver como el colectivo está cada vez más empoderado.