Fuerte repunte del odio por LGTBfobia en Chile: 484 casos recogidos en 2017, un 45,7% más que el año precedente

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) ha presentado su 16º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. Los datos que arroja el informe son preocupantes: en 2017, un año que el propio MOVILH ha calificado como «de la furia» contra personas y activistas, las denuncias por LGTBfobia en ese país experimentaron un aumento del 45,7%. El informe recoge como uno de los detonantes de este aumento la presencia en Chile del «autobús de odio» de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO. Como dato optimista el MOVILH recoge 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGTBI en todo el país. 

El informe recoge 484 episodios de odio, la cifra más alta desde que se elabora este registro y que por sí sola acumula el 20% del total de abusos ocurridos en los últimos 16 años. Estos episodios incluyen, según la división que el MOVILH detalla, 2 asesinatos, 56 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles, 1 abuso policial, 38 casos de discriminación laboral y 20 de exclusión educacional, 77 movilizaciones homo/transfóbicas, 38 episodios de marginación institucional, 11 obstáculos para el acceso a servicios o productos en los espacios públicos o privados, 72 abusos propinados por familiares, amigos o vecinos, 166 declaraciones de odio y 3 casos de vulneración de derechos en la cultura, los medios y el espectáculo.

Estas cifra suponen, como dijimos arriba, un incremento del 45,7% respecto al año anterior. El incremento más alto se registró en las declaraciones de odio (245% más que en 2016), seguida por los abusos en cultura y medios (200%), las movilizaciones homo/transfóbicas (108%), la discriminación educacional (53%), las agresiones físicas o verbales cometidas por civiles (40%), los atropellos impulsados por familiares o vecinos (28%) y las exclusiones laborales (18%). Del total de abusos fueron responsables 49 instituciones y 304 personas, buena parte de estas vinculadas a movimientos ultraconservadores católicos y evangélicos o a grupos de extrema derecha.

Por lo que se refiere al tipo de víctima, y siempre según los datos tal y como los presenta el MOVILH, el 20% de los casos afectó a varones gais (con un alza del 26% en relación al 2016), el 18% a personas trans; el 14% a mujeres lesbianas y el 48% a la diversidad sexual y de género como conjunto (Cabe destacar que en la presentación de datos que hace el informe no se presenta a las personas bisexuales como categoría diferenciada). Los movimientos LGBTI intervinieron en el 97.2 % de los casos, brindando ayuda y orientación a las víctimas.

Ranking anual de la LGTBfobia

Como dato curioso, el informe establece un ranking anual de la LGTBfobia, encabezado a nivel individual por los asesinos de personas LGBTI, identificados con sus nombres y apellidos, seguidos en el segundo lugar por la directora del denominado «Observatorio Legislativo Cristiano», Marcela Aranda, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión anterior. También forman parte de esta lista Luis Losada, uno de los responsables de CitizenGO, la «marca internacional» de HazteOír, además de numerosos políticos.

A nivel institucional lidera el ranking el mencionado Observatorio Legislativo Cristiano, pero también se encuentran en la lista CitizenGO y HazteOír y diversas instituciones religiosas, además de la propia Iglesia católica, varias iglesias evangélicas y otras organizaciones ultraconservadoras. No es de extrañar: para el MOVILH, la presencia en Chile del tristemente conocido como «autobús del odio» ha sido uno de los causantes del incremento de los incidentes. «La inédita cruzada del bus del odio en el Gran Santiago provocó un efecto de odiosidad en cadena: fue emulada en regiones, los grupos homo/transfóbicos potenciaron la virulencia de sus discursos y las autoridades ultraconservadoras dieron la mano a la campaña, dotándola de cierta ‘validez’ en el escenario público en tanto era presentada como una forma de expresión neutral, en vez de nociva para la dignidad de los seres humanos”, explica el informe.

Pero también el contexto de los comicios presidenciales y parlamentarios hizo lo suyo. «Las candidaturas contrarias a la igualdad extremaron su rechazo a la diversidad sexual y de género, a un punto que lo convirtieron en una de las banderas de sus campañas, algo inédito en la historia democrática del país”, asegura el informe. “En tanto, toda medida pro LGBTI fue enfrentada con iniciativas violentas que iban desde la presentación de recursos judiciales, hasta las golpizas y ataques en la vía pública, en especial contra los defensores de los derechos humanos”, añade.

No todo ha sido negativo: aprobado alto para el Poder Judicial

Pero no todo ha sido negativo, y el informe también se preocupa de destacar este aspecto. Por un lado, hace hincapié en lo que considera avance «a pasos agigantados y sin precedentes» del Poder Judicial, que ya en repetidas ocasiones se ha pronunciado amparando los derechos de las personas LGTBI. Una posición, la de los jueces, que contrasta con la pasividad del Legislativo, que «aún no aprueba estas leyes» y las reticencias de un Ejecutivo que solo pone el acelerador para la tramitación legislativa de los avances «de manera coyuntural y discontinua”. Todo ello, como es obvio, «ata de manos en algunos puntos al poder judicial», según reconoce el propio informe.

Aun así el texto destaca que durante 2017 «los tribunales dictaron 5 fallos a favor de los derechos de internas/as LGBTI recluidos/as en centros penitenciarios, además de cambiar el nombre y sexo legal de 89 personas, en circunstancias que en 2006 solo había autorizado a 7”, precisa por ejemplo el informe. También detalla que la Corte Suprema aplicó dos veces la «Ley Zamudio» por homofobia, además de entregar la tuición de sus dos hijos a un hombre que vivía con su pareja del mismo sexo (noticia que recogimos en su momento). Hubo otros cinco fallos de distintos tribunales contra los abusos laborales a personas LGBTI, mientras que rechazaron dos recursos de protección contra las políticas educacionales a favor de la diversidad y una querella por prevaricación que una ONG había presentado contra el juez Luis Fernández Espinosa por haber adecuado el nombre y sexo legal de una niña trans a su identidad real (historia que también recogimos). “A la par fue condenado el asesino transfóbico de Litzi Odalis Parrales y se sancionó a dos mujeres que habían agredido a una madre por defender a su hijo de apenas 8 años de insultos homofóbicos”, añade el informe. En definitiva, al menos 107 fallos favorables a los derechos LGBTI dictados en el plazo de un año, «lo cual contrasta con el pasado homofóbico y transfóbico del poder judicial”, apunta el texto.

Más allá de estos fallos judiciales, el informe también reconoce la existencia de 61 hitos positivos, tanto en el plano de las políticas públicas por parte de diferentes administraciones como en el plano legislativo, social, cultural, académico y/o mediático. Entre estos últimos, se incluye la decisión de seleccionar como representante de Chile para competir en los Óscar la película Una mujer fantástica, con el resultado por todos conocido.

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Este que os hemos presentado es solo un resumen de la información contenida en el informe. Podéis descargarlo en su totalidad pinchando aquí (es un documento en formato de PDF de 296 páginas).