Suecia aprueba indemnizar con más de 22.000 euros a las personas trans a las que obligó a esterilizarse para poder ver reconocida su identidad de género

El Parlamento de Suecia ha aprobado el pago de una indemnización compensatoria a las personas trans que fueron obligadas a esterilizarse para poder ver reconocida legalmente su identidad de género. Se trata de la primera vez que un país toma esta decisión, en lo que supone una importante victoria de los colectivos en favor de los derechos de las personas trans.

El 19 de diciembre de 2012 un tribunal de Estocolmo consideró inconstitucional y contraria a la Convención Europea sobre Derechos Humanos la ley de 1972 que obligaba a aquellas personas transexuales que quisieran modificar su situación registral a someterse a la esterilización. Comprensiblemente, la ley despertaba una fuerte oposición dentro del país (el entonces primer ministro Fredrik Reinfeldt la describió en 2010 como “un capítulo oscuro de la historia sueca”) y provocaba asombro en el extranjero. El Gobierno sueco ya tenía programado eliminar el requisito de esterilización a partir del 1 de julio de 2013, pero el dictamen judicial lo adelantó unos meses (en enero de 2013 nos hicimos eco en esta misma página).

Ya por entonces la presidenta de la Federación Sueca por los Derechos LGTB (RFSL) adelantó su intención de demandar indemnizaciones para las personas que sufrieron la ley (se estima que de 600 a 700). Han pasado cinco años, pero por fin el Parlamento sueco ha tomado la decisión de resacirlas. Recibirán 225.000 coronas suecas (algo más de 22.000 euros). A modo de precedente, en 1999 el Parlamento sueco aprobó indemnizaciones por 175.000 coronas suecas para las víctimas de esterilizaciones forzadas bajo un programa de eugenesia en vigor entre 1935 y 1996. «Ha sido una larga lucha, y estoy feliz de que la RFSL haya jugado un importante papel en esta histórica victoria. Hemos demandado esto desde 2013, cuando el requisito de esterilizarse para modificar legalmente la identidad de género fue abolido. El dinero no puede deshacer el daño de perder de forma forzada tus capacidades reproductivas, pero la compensación monetaria es un paso importante para que el Estado resarza de alguna forma a todas aquellas personas que lo sufrieron», ha declarado Emelie Mire Åsell, portavoz del área trans e intersex de la RFSL.

La decisión ha sido saludada tanto por ILGA-Europa como por Transgender Europe, que consideran que marcha un importante precedente. «Esta decisión es un mensaje para los 16 países europeos en los que se continua obligando a las personas trans a esterilizarse antes de ver reconocida legalmente su identidad de género. La Corte Europea de Derechos Humanos ya falló en 2017 que los requisitos de infertilidad en las leyes de reconocimiento de la identidad de género son contrarios a los derechos humanos de las personas trans, de modo que todos los países que los siguen exigiendo deben reformar sus leyes», expresa el comunicado de Transgender Europe.

Esterilización forzada de las personas trans: todavía una realidad en Europa

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas trans a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. Y no fue hasta 2017, como señalaba el comunicado de Transgender Europe, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó esta práctica. Y aunque poco a poco los países han ido adaptando sus legislaciones, según esta organización 16 países europeos siguen haciéndolo. La mayoría del Este de Europa, pero también hay algunos occidentales, como Finlandia, cuyo Parlamento rechazó el pasado mes de octubre tramitar una ley en ese sentido.

En España, aunque la situación es más favorable y no se exige la esterilización como tal, la ley 3/2007 hace necesario todavía un diagnóstico de “disforia de género” y exige (aunque con excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Un marco legislativo pendiente de ser actualizado por el Congreso, donde la proposición de ley correspondiente, presentada por el grupo socialista, fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma. Posteriormente permaneció bloqueada durante varias semanas más por la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos. El desbloqueo no tuvo lugar hasta finales de febrero, un año después de ser registrada. Esperemos que se apruebe en próximas semanas.