Los latigazos a homosexuales en Indonesia se ejecutarán a puerta cerrada y estará prohibido grabar y difundir imágenes

Tal y como adelantábamos en julio, la provincia indonesia de Aceh impedirá la difusión pública de imágenes de los castigos físicos a los condenados por homosexualidad. La reforma fue discutida en su momento entre el presidente indonesio, Joko Widodo, y el gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, debido al daño que para la imagen de Indonesia supuso la difusión de la flagelación de dos jóvenes. Pues bien, la semana pasada se conocía que Yusuf ha firmado la orden. Los castigos a homosexuales se ejecutarán  en el interior de las cárceles y centros de detención, sin que puedan registrarse ni difundirse imágenes de las mismas.

La condena a los dos jóvenes a 83 latigazos en público se ejecutó en mayo de 2017, después de que pasaran además dos meses en prisión. El espectáculo, cuyo objetivo «ejemplarizante» fue ensalzado por la alcaldesa de Banda Aceh, capital de la provincia («imaginen qué pasaría si a toda la gente le empezara a atraer su mismo género y la enfermedad se empezara a esparcir por el mundo»), trascendió internacionalmente y las condenas no se hicieron esperar. Algo que no gustó a las autoridades indonesias, que ante el temor de que lo sucedido desincentivase la inversión extranjera se plantearon la posibilidad, no de suspender los castigos a las personas condenadas por homosexualidad, sino de ejecutarlos privadamente en el interior de las prisiones. Así lo discutieron el pasado verano el presidente indonesio y el gobernador de Aceh en una reunión mantenida en Yakarta, la capital del país. Una muestra de hipocresía que la organización de derechos humanos Human Rights Watch denunció ya por entonces.

Pues bien, pese a las dudas de que la decisión se materializase finalmente, la semana pasada se conocía que el gobernador Irwandi Yusuf ha firmado la orden correspondiente, acordada con la Oficina Provincial de Justicia y Derechos Humanos. Los castigos físicos a los condenados por homosexualidad se ejecutarán en el interior de cárceles y centros de detención, y no en lugares públicos como hasta ahora. Aunque sí parece que podrá hacerse en presencia de testigos, no podrá haber niños entre ellos, y estará rigurosamente prohibido que estos graben o difundan imágenes con cualquier tipo de dispositivo.

La medida cuenta con críticos entre la población local. Los hay que consideran que si los castigos no son públicos perderán su carácter «ejemplarizante». «Si los latigazos se dan en prisión, seguro que habrá más violaciones de la sharía en Aceh», declaraba un manifestante opuesto a la reforma. En esta provincia, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015).

Escalada de la LGTBfobia de Estado en Indonesia

Hace algunos días recogíamos, precisamente, la detención de cuatro personas en Banda Aceh, a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentan a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. Y a principios de año contábamos como la policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como «hombres normales».

Poco antes, en diciembre de 2017, nos hacíamos eco de la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía. El que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero lo cierto es que la situación se está deteriorando en todo el país. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017, que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres.

Esta espantosa situación podría además agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión. En definitiva, un panorama horrendo, con independencia de que en Aceh los castigos sean o no públicos.