El presidente de Portugal, el conservador Rebelo de Sousa, veta la nueva ley de identidad de género y complica su aprobación en su formulación actual

El presidente de la República Portuguesa, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, ha decidido vetar la ley de identidad de género recientemente aprobada por la Asamblea de su país. El veto supone que el texto debe ser votado de nuevo y conseguir la mayoría absoluta de la cámara, fijada en 116 diputados. En la anterior votación la ley recibió 109 votos a favor y 106 en contra. Los 15 votos del Partido Comunista Portugués, que en su momento decidió abstenerse, serán decisivos a la hora de que el proyecto salga adelante. Los grupos que apoyaron la ley, por su parte, buscan posibles alternativas que permitan sortear el veto. 

La nueva ley portuguesa de identidad de género elimina la necesidad de un diagnóstico de «trastorno de identidad de género» para proceder a la modificación del sexo registral y reduce de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual se puede solicitar la modificación. También contempla el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro. Impulsada por el Gobierno socialista portugués, la ley fue finalmente aprobada por la Asamblea de Portugal el pasado 13 de abril con el apoyo del gobernante Partido Socialista, del Bloque de Izquierda, de Los Verdes y del Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN). El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, votó en contra (con la única excepción de la diputada Teresa Leal Coelho) junto con los democristianos del CDS-PP. El Partido Comunista, que cuenta con 15 diputados, se abstuvo.

El sistema político portugués, sin embargo, permite al presidente de la República (elegido por sufragio universal directo en unas elecciones que se celebran cada 5 años) un considerable grado de intervención política. Puede vetar leyes aprobadas por la Asamblea de Portugal (veto que requiere de mayoría absoluta para ser levantado) y puede pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad de las leyes aprobadas antes de rubricarlas. De hecho, la presidencia portuguesa, ocupada desde 2006 por un conservador del PSD (Aníbal Cavaco Silva hasta 2016, Marcelo Rebelo de Sousa desde entonces) cuenta con un largo historial de obstrucción a leyes en favor de los derechos LGTB. Cavaco Silva, por ejemplo, forzó en 2010 la revisión de la ley de matrimonio igualitario por el Tribunal Constitucional (que le dio por cierto su visto bueno) y vetó al final de su mandato la ley que permite a las parejas del mismo sexo adoptar hijos (veto que la Asamblea levantó poco después).

Ahora es Rebelo da Sousa el que decide vetar una ley tan necesaria para las personas trans y pide directamente a la Asamblea que introduzca como exigencia para proceder a la modificación legal del sexo legal en menores de 18 años un informe médico previo favorable. El presidente portugués (católico practicante) argumenta que si en el futuro la persona desea someterse a cirugía de reasignación de sexo «parece razonable que exista un parecer clínico más temprano, en el momento inicial de la decisión de elección de género [sic]» y se escuda además en que el denominado Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida también se opuso a la modificación legal y en que esta carece de suficiente «consenso» social y político.

Veremos qué sucede finalmente, aunque a la vista de la composición de la Asamblea portuguesa y del resultado de la votación anterior será fundamental la posición de los diputados del Partido Comunista, que en la votación de abril decidieron abstenerse. Algo que no causa especial extrañeza, ya que los comunistas portugueses nunca se han caracterizado precisamente por estar a la vanguardia de los derechos LGTB. Cuando se discutía por ejemplo la ley de matrimonio igualitario (aprobado en enero de 2010), los comunistas no apoyaron a Bloque de Izquierda y Verdes en su demanda de que incluyera la adopción (y que el Gobierno socialista de la época había decidido dejar fuera). Dos años más tarde, de hecho, los comunistas se alinearon con la derecha para votar contra una iniciativa que buscaba aprobar expresamente la adopción homoparental. Su entonces líder parlamentario se amparó en la «prudencia constructiva» en un asunto que según afirmó «no está suficientemente debatido y sedimentado en la sociedad». Bien es cierto que con el paso de los años han acabado por aceptarla.

Por otra parte, según informa el diario portugués Público las fuerzas políticas que han impulsado la ley estarían dispuestas a aceptar una solución intermedia, que pasaría por introducir como alternativa al informe médico (que rechazan de plano) la figura de los «testigos». Se trataría de personas que, de la misma forma que hacen los testigos de una boda civil, darían testimonio de que la solicitud por parte de una persona trans de entre 16 y 18 años esta fundamentada. Según Sandra Cunha, diputada del Bloque de Izquierda, dicha solución debería ser consensuada en cualquier caso entre los grupos parlamentarios y los activistas trans…

Estaremos muy atentos a la evolución de los acontecimientos.

Autodeterminación de género, una demanda imparable, también en España

Con la incorporación del principio de autodeterminación de género a su ordenamiento jurídico, Portugal seguía el ejemplo de otros países de nuestro entorno como Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta o Noruega, que también han actualizado en los últimos años sus leyes. En España, mientras tanto, la ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura: sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta de los «morados» contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.