La ciudadanía chilena apoya de forma mayoritaria el matrimonio igualitario y la adopción homoparental

El respaldo al colectivo LGTB aumenta de forma evidente y considerable entre la población de Chile. Desde febrero de 2014 el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo ha crecido 15 puntos, hasta situarse en el 65%. Así se desprende de la encuesta de mayo realizada por Cadem (una empresa privada que realiza estudios demoscópicos). Asimismo, la adopción homoparental cuenta con una adhesión ciudadana del 52%. Más modestas, aunque pujantes, son las cifras relacionadas con la opinión favorable a la legislación sobre la identidad de género. En este sentido, un 23% comparte que un menor de 18 años pueda realizar una modificación registral de sexo y nombre en el registro civil, previa autorización de los padres. Este nivel de acuerdo cae hasta al 20% si únicamente se considera desde los 14 años y sin la correspondiente autorización. Finalmente, un 45% se muestra de acuerdo con el cambio de género registral a partir de los 18 años.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), la organización LGTB más importante de este país latinoamericano, valora positivamente que «la mayoría del país esté de acuerdo con la plena igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales, al tiempo que el respeto a la dignidad de las personas trans avanza a pasos agigantados». En concreto, según recoge la encuesta de Cadem de mayo, al preguntar a la ciudadanía chilena sobre valores como su postura en relación al matrimonio igualitario, las respuestas mayoritarias reflejan una evolución histórica incontestable. Esto deja en evidencia la lentitud con la que avanza el reconocimiento legislativo de los derechos del colectivo LGTB en Chile, por otro lado.

La adhesión al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental subió 15 puntos porcentuales desde febrero de 2014 hasta hoy, lo cual refleja para el MOVILH que «el cambio cultural a favor de los derechos humanos de las personas LGBTI es irrefrenable. Ya no hay marcha atrás. La pregunta no es si habrá o no matrimonio o adopción homoparental. La pregunta es cuándo y esperamos que sea en los próximos dos años».

Por otra parte, desde esta organización LGTB chilena también apuntan a que «la adhesión ciudadana a que los niños, niñas y adolescentes puedan cambiar su nombre y sexo legal (lo cual vale la pena recordar es un derecho que siempre ha existido, pues la Ley de Identidad de Género viene solo a facilitar el trámite) va en acelerado aumento, quedando una vez más en evidencia que el Estado está atrás de los cambios culturales y en deuda con la dignidad de las personas LGBTI». El MOVILH, además, se ha lamentado de los largos años de tramitación de ley de identidad de género, lo cual ha ocurrido «principalmente por presiones de la UDI y de su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe. Llamamos a esta senadora y a su partido a tener la decencia de paralizar su permanente campaña contra los derechos LGBTI».

En enero de 2017 ya publicamos una noticia en la que dábamos cuenta de una encuesta del Cadem similar a esta, en la que se recogía un apoyo del 64% de los chilenos al matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, las políticas, acciones y declaraciones LGTBfóbicas provocaron una bajada del respaldo ciudadano, dejándolo en un 58% el pasado febrero.

Repunte de odio LGTBfóbico en Chile

Resulta chocante comparar los datos de aceptación del colectivo LGTB entre la ciudadanía de Chile con los del repunte de delitos de odio LGTBfóbico (un extremo del que dosmanzanas se hacía eco a finales de marzo). Los datos que arroja el 16º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género son preocupantes: en 2017, un año que el propio MOVILH ha calificado como «de la furia» contra personas y activistas, las denuncias por LGTBfobia en ese país experimentaron un aumento del 45,7%. El informe recoge como uno de los detonantes de este aumento la presencia en Chile del «autobús de odio» de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO.

Como dato optimista, el MOVILH recogía 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGTBI en todo el país. Por un lado, se hace hincapié en lo que considera avance «a pasos agigantados y sin precedentes» del Poder Judicial, que ya en repetidas ocasiones se ha pronunciado amparando los derechos de las personas LGTBI. Una posición, la de los jueces, que contrasta con la pasividad del Legislativo, que «aún no aprueba estas leyes» y las reticencias de un Ejecutivo que solo pone el acelerador para la tramitación legislativa de los avances «de manera coyuntural y discontinua». Todo ello, como es obvio, «ata de manos en algunos puntos al poder judicial», según reconoce el propio informe.