Oklahoma se suma a los estados que, de mano de los republicanos, otorgan a las agencias de adopción la posibilidad de discriminar a parejas del mismo sexo

La gobernadora de Oklahoma, la republicana Mary Fallin, ha estampado su firma en la ley que permite a las agencias de acogida y adopción de niños de titularidad privada rechazar a posibles padres por razones religiosas. Con esta ley, aprobada por amplio margen por la legislatura del estado, Oklahoma se suma a la lista de estados que permiten este tipo de discriminación, casi todos ellos fuertemente conservadores. 

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado de Oklahoma por 33 votos a favor y 7 en contra, mientras que la Cámara de Representantes le dio su visto bueno por 56 a 21. Se trata, conviene tenerlo en cuenta, de un estado fuertemente conservador, en el que los republicanos disponen de mayorías superiores a los dos tercios en ambas cámaras y en el que ningún demócrata ha obtenido la victoria en las elecciones presidenciales desde que lo hiciera Lyndon B. Johnson en 1964.

Aún así, la aprobación del proyecto y su conversión definitiva en ley tras la firma de la gobernadora ha sido recibida con preocupación por grupos LGTB y de defensa de los derechos humanos, que ven con preocupación como iniciativas discriminatorias de este tipo progresan en los estados sin que exista en estos momentos contrapeso alguno en el nivel federal tras conquistar también los republicanos la Casa Blanca en 2016.

Adopción homoparental: aunque es legal en todo el país…

En Estados Unidos, como sucede en tantas otras esferas, las normativas de acogida y adopción difieren entre cada estado, por lo que existe una gran variabilidad. Hasta hace no demasiados años, por ejemplo, convivían estados que permitían la adopción homoparental con otros que la prohibían, en todo o en parte. Diversas sentencias de la justicia federal han acabado, sin embargo, por hacer extensiva la adopción homoparental a todo el territorio estadounidenses. La más importante, la sentencia de junio de 2015 del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, que provocó toda una cascada de reconocimientos jurídicos de la igualdad ante la ley de las parejas del mismo y de distinto sexo.

Por si quedaban dudas, un juez federal de Mississippi declaró en abril de 2016 inconstitucional la ley que prohibía la adopción por parejas del mismo sexo en ese estado, aprobada en el año 2000, y que era la última de su tipo en ser desafiada ante los tribunales. Y en junio de 2017 el Supremo arrojó otro jarro de agua fría a los contrarios a la homoparentalidad al obligar al estado de Arkansas a inscribir los nombres de las dos madres en los certificados de nacimiento en aquellos casos en los que estas hubieran recurrido a un donante de esperma anónimo. En ambos casos (Mississippi y Arkansas) la argumentación dejaba claro que la sentencia de junio de 2015 sobre el matrimonio igualitario suponía también el reconocimiento de la igualdad por lo que se refiere al reconocimiento de los derechos de parentalidad.

… la derecha religiosa apuesta por poner trabas en los estados 

Sin embargo, pese a la derrota por lo que a la prohibición genérica de la adopción homoparental se refiere, la derecha religiosa no se da por vencida, y redirige sus baterías hacia un objetivo más asequible: el sistema de acogida y adopción, en manos en buena parte (sobre todo por lo que a la adopción se refiere) de agencias de titularidad privada. Muchas de ellas, vinculadas a organizaciones religiosas. Permitir a estas que puedan rechazar a candidatos a ser padres adoptivos por razones religiosas legaliza la discriminación de las parejas del mismo sexo. Son ya varios los estados que contaban con normas de este tipo antes de la sentencia del Tribunal Supremo, como Dakota del Norte, Virginia o Michigan (aunque en este último estado la norma ha sido desafiada ante la justicia federal), pero más recientemente han comenzado a sumarse otros. Alabama, Dakota del Sur y Texas, tres estados con mayoría republicana en sus legislaturas y gobernadores de ese mismo partido, aprobaron las leyes que lo hacen posible en 2017.

Ahora lo ha hecho Oklahoma y casi con total seguridad el siguiente será su vecina Kansas, cuya legislatura (también controlada por los republicanos) ya ha aprobado el proyecto de ley, si bien de forma algo más ajustada: la Cámara de Representantes por 63 votos contra 58, el Senado por 24 a 15. Una diferencia que permitiría albergar esperanzas si el gobernador del estado estuviese dispuesto a vetarlo, pero Jeff Colyer (también republicano) ya ha anunciado que lo rubricará. El estado de Georgia también discute una medida similar, aunque en este estado existe al menos el antecedente de que el gobernador, aun siendo republicano, vetó hace dos años otra ley discriminatoria. Y no son los únicos: a finales de abril un proyecto similar recibió el visto bueno de un comité del Senado de Colorado, aunque sin posibilidades reales de salir adelante ya que de momento los republicanos solo controlan la cámara alta.

La aprobación de las leyes de Oklahoma y Kansas ha sido saludada por grupos evangélicos y por representantes la Iglesia católica. Por el contrario, ha sido condenada como discriminatoria por grupos de defensa de los derechos LGTB. «Estamos sobre todo preocupados por los niños que desesperadamente están a la espera de un hogar, y que serán víctimas de esta legislación vergonzosa», ha declarado por ejemplo Troy Stevenson, director ejecutivo de Freedom Oklahoma, y que ya ha anunciado su intención de acudir a los tribunales. No es descartable, de hecho, que a medio o largo plazo la cuestión acabe siendo dirimida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por lo pronto, supone un nuevo ensanchamiento de la brecha que separa a los estados más profundamente «rojos» (en el lenguaje político estadounidense, aquellos que tradicionalmente votan republicano) de los estados «azules» (aquellos que tradicionalmente votan demócrata) por lo que a los derechos de las personas LGTB se refiere. Seguiremos atentos.