El Gobierno de Pedro Sánchez en clave LGTB, más allá del histórico nombramiento de dos ministros abiertamente gais (ACTUALIZADA)

España tiene nuevo gobierno. Tras el triunfo de la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy y la consecuente investidura de Pedro Sánchez, el nuevo Ejecutivo socialista prometía sus cargos ante el jefe del Estado el pasado jueves. Lo hacía en una ceremonia en la que, al igual que días antes sucedía con el propio Sánchez, estaban ausentes los símbolos católicos (las normas de protocolo instauradas desde la llegada al trono de Felipe VI convirtieron la presencia de símbolos católicos en este tipo de actos en opcional). 11 mujeres y 6 hombres componen el nuevo Gobierno de España. Lo repasamos hoy, pasados unos días y ya reposada la euforia del primer momento, en clave LGTB.

Lo primero y más significativo (no puede ser de otra manera) es la presencia por primera vez en la historia de España de dos ministros abiertamente gais. No queremos decir, en este sentido, que con anterioridad no haya habido personas LGTB en el Gobierno: las ha habido, de hecho. Baste recordar el caso de Jerónimo Saavedra, presidente de Canarias en los años ochenta que luego sería ministro de Felipe González. Pero su salida pública del armario, es decir, su visibilización como persona abiertamente LGTB en el ámbito público y no solo en el privado, no se produjo hasta el año 2000, años después de abandonar el Gobierno. Saavedra sí que fue el primer alcalde abiertamente gay de Las Palmas de Gran Canaria, cargo al que accedió en 2007.

La elección como ministro del Interior de Fernando Grande-Marlaska y como ministro de Cultura y Deportes de Màxim Huerta, ambos abiertamente gais desde hace años, supone sin embargo un paso cualitativo fundamental por lo que a visibilidad LGTB se refiere. Con independencia de la opinión que a cada uno le merezca su trayectoria profesional, su nombramiento como ministros supone la ruptura de un primer «techo de cristal» que casi dábamos por infranqueable hace solo unas semanas. Quedan más techos por romper, por supuesto. Seguimos sin contar con ministras abiertamente lesbianas o con miembros del Gobierno abiertamente bisexuales. Por no hablar del grupo más vulnerable y estigmatizado del colectivo LGTB, el de personas trans. Y dentro de este, sobre todo, el de mujeres trans. Aun así el paso dado por Pedro Sánchez merece un grandísimo aplauso.

Grande-Marlaska, primer ministro español casado con alguien de su mismo sexo

Descendiendo un poco más al detalle, Grande-Marlaska es una persona que se ha significado de forma destacada por su ejercicio de visibilidad y en favor de los derechos LGTB ya desde que se discutía la aprobación del matrimonio igualitario. Es por eso que en 2012 fue galardonado por la FELGTB con uno de sus Premios Pluma y goza del reconocimiento del activismo LGTB. Se trata, además, del primer ministro de la historia de España casado con una persona de su mismo sexo: en el acto de su toma de posesión como ministro, de hecho, tuvo unas palabras de recuerdo para su marido, Gorka Gómez, con el que contrajo matrimonio en octubre de 2005.

El nombramiento de Grande-Marlaska, pese a todo, ha sido mal recibido por una parte de la izquierda política y por los partidos nacionalistas vascos y catalanes, que no olvidan su polémico pasado como juez en la Audiencia Nacional (donde ignoró denuncias por torturas a presos de ETA que luego prosperaron ante en Tribunal Europeo de Derechos Humanos o archivó el caso del Yak-42 sin encontrar responsabilidad penal en la cúpula del Ministerio de Defensa) y su relativa cercanía al PP, partido que le aupó al Consejo General del Poder Judicial. En dosmanzanas ya nos hicimos eco, por ejemplo, de cómo su voto en el órgano de gobierno de los jueces resultó fundamental para que en 2014 el homófobo José Luis Requero se hiciese con una plaza de magistrado en el Tribunal Supremo.

Màxim Huerta, un perfil televisivo 

Por razones muy distintas, también ha despertado polémica el nombramiento del periodista Màxim Huerta. Y es que, pese a que su cara comenzó a ser conocida por presentar espacios informativos, en 2005 se incorporó a El programa de Ana Rosa, el magazín matinal de Telecinco plagado de crónica rosa y tertulias de seguimiento de los realities de la cadena, aunque también incorpora crónica social y política. Huerta se mantuvo como copresentador durante diez años, en los que sus tablas televisivas se asentaron definitivamente. Su formación periodística, su faceta como escritor y novelista y el ser un rostro reconocido por el gran público han pesado, sin duda, en su nombramiento. En las primeras horas darse a conocer su nombre también ocuparon titulares algunos de sus tuits antiguos, como uno de 2010 en el que aseguraba odiar el deporte por el que recibió numerosas críticas (nos atrevemos a adivinar que también suscitó, en el fuero interno de muchas personas, grandes adhesiones…).  Huerta, sin embargo, no ha querido eliminar sus tuits pasados. «No he tenido ninguna tentación de borrarlos. Soy la consecuencia de todo mi pasado cultural, personal y familiar. Soy todo lo que he vivido. He llegado a los 47 años y no tengo por qué borrar nada, son reprobables y no tienen nada que ver con la política actual ni con los momentos que ahora atravesamos», ha declarado.

Màxim Huerta ha fichado además como asesor en materia cultural al también periodista, guionista y escritor Paco Tomás, director y presentador de Wisteria Lane, el programa de actualidad y cultura LGTB de Radio 5 (entre otras muchas actividades). Aprovechamos por cierto la oportunidad para transmitirle nuestras felicitaciones, con el deseo de que su presencia en el equipo ministerial sirva para dar impulso a la cultura LGTB.

Carmen Calvo, habitual de pasados Orgullos y contraria a la gestación subrogada

Más allá de la visibilidad LGTB hay elementos del nuevo Gobierno que merecen también nuestra atención. Es el caso de la única vicepresidenta, que asume además Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Los que tenemos memoria de aquellos años recordamos como Carmen Calvo, entonces ministra de Cultura, fue la representante del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la histórica Manifestación Estatal del Orgullo LGTB de 2005, celebrada en la tarde del 2 de julio, el mismo día en el que el Boletín Oficial del Estado publicaba la ley de matrimonio igualitario. Calvo, que se manifestó junto a Pedro Zerolo en la pancarta de cabecera, repetiría su presencia como representante del Gobierno en los Orgullos de 2007 y 2008.

Volviendo al presente, hay un aspecto que no podemos dejar de reseñar: Calvo es una de las políticas más hostiles a la posibilidad de que España regule la gestación subrogada, práctica prohibida por nuestra legislación. Una cuestión que despierta posturas muy encontradas. En España, la negativa a regularla proviene tanto desde sectores conservadores como desde una parte del movimiento feminista (representada por ejemplo por la plataforma No Somos Vasijas), que la considera una explotación mercantilista de la mujer. Argumentos que la propia Carmen Calvo destacaba hace pocos días y que han merecido el reproche de Son Nuestros Hijos, colectivo que agrupa a familias que han recurrido a la gestación subrogada y que ha puesto en marcha en redes sociales la campaña #RespétameRespétanos en respuesta a sus palabras.

Hablamos de un debate que divide al activismo LGTB y ante el que muchas organizaciones se sienten incómodas. Algunas la rechazan. Otras, por el contrario, son favorables a su regulación y llegaron a constituir en en su momento la Plataforma de entidades LGTB+ por la legalización de la Gestación por Subrogación, de la cual desconocemos actividades en tiempo reciente.

Sea como sea, en estos momentos, el único partido que se ha mostrado abiertamente favorable a la regulación de la gestación subrogada es Ciudadanos, que el pasado septiembre presentó una proposición de ley que propone legalizarla en su modalidad «altruista», similar a la existente en países como Canadá (donde se ha llegado a plantear incluso su cobertura por la sanidad pública en determinados casos), Reino Unido o la vecina Portugal. En este último país, de hecho, fue aprobada por la actual mayoría parlamentaria de izquierda… prohibiendo su uso por parejas del mismo sexo. El resto de grandes partidos es contrario a esta posibilidad, aunque haya voces discordantes a uno y a otro lado del espectro político (incluso en el PP, donde por ejemplo Javier Maroto se ha mostrado a favor a título personal).

Resulta por tanto impensable que en la actual coyuntura política este tema pueda sufrir variación por lo que al levantamiento de la prohibición interna se refiere. Otra cosa es que el Gobierno de Pedro Sánchez quisiese modificar el statu quo y poner nuevas barreras al registro en España de niños nacidos por gestación subrogada en países en los que esta es legal y a los que España reconoce su capacidad para determinar la filiación. En este sentido, conviene recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado ya a favor del pleno reconocimiento en suelo europeo de estos niños, y que incluso el Tribunal Supremo español ha reconocido el derecho de los padres de hijos nacidos por gestación subrogada a las prestaciones por maternidad.

Carmen Montón: la fundada esperanza de un tiempo nuevo en Sanidad

Volvemos a remontarnos a la histórica primera legislatura de Rodríguez Zapatero para encontrarnos a la que hoy es nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, recién llegada como diputada al Congreso de los Diputados. Allí fue, ni más ni menos, una de las principales impulsoras de la ley de matrimonio igualitario (lo recrea bien Emilio de Benito en este artículo publicado por El País en 2015). Su intervención ante el pleno del Congreso aquel histórico 30 de junio de 2005 siempre será recordada. También contribuyó de forma muy importante a la aprobación de la ley de identidad de género de 2007, y su nombre es sin duda el de una importante aliada de la causa LGTB.

Pero Montón ha sido además una destacada consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, donde entre otras iniciativas ha impulsado un hecho sin precedentes en la defensa de la sanidad pública: recuperar la gestión pública del Hospital de La Ribera.  También impulsó la vuelta a la sanidad universal con un decreto posteriormente invalidado por el Tribunal Constitucional por considerar que invadía competencias estatales. De ahí que su nombramiento al frente de Sanidad haya despertado las esperanzas de que por fin se recupere la asistencia sanitaria universal, a la que puso fin el Real Decreto 16/2012, una de las medidas de más graves consecuencias sociales del gobierno de Rajoy, y que entre otros miles de casos de vulneración del derecho a la salud dio lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos.

El impacto negativo del Real Decreto fue también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que en 2015 publicaba un estudio según el cual hasta el 37% de los especialistas en VIH vieron su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresó que los pacientes no fueron atendidos ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley. Y es que ya desde el principio los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

CESIDA demanda cinco acciones prioritarias

Por lo que se refiere a la acción contra el VIH, las expectativas que despierta Carmen Montón son también grandes. En este sentido, la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA) ha reclamado a la nueva ministra cinco acciones prioritarias: la derogación del Real Decreto 16/2012 para recuperar la universalidad de la asistencia sanitaria; la oferta rutinaria de la prueba de detección del VIH en atención primaria; la implementación de la profilaxis preexposición (existe ya un documento de consenso elaborado por el Ministerio de Sanidad y publicado con fecha de enero de 2018, en el que se proponía una estrategia de implementación que por el momento no ha sido desarrollada); la consecución de un pacto social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH (al que ya se comprometió la anterior ministra de Sanidad, Dolors Montserrat) y el impulso al Plan Nacional del Sida como instrumento fundamental en la coordinación de la respuesta frente a la infección.

«Estamos en un momento fundamental para impulsar un cambio que permita situar a España a la vanguardia de la lucha frente al VIH y al sida», ha declarado, esperanzado, el presidente de CESIDA, Ramón Espacio.

Deseable impulso a las leyes LGTB pendientes

Hasta aquí el repaso de los ministros más significativos por lo que a la esfera LGTB se refiere. Por lo que se refiere a la acción legislativa, habrá que ver si el cambio de Gobierno contribuye al avance de las leyes pendientes en el Congreso en materia LGTB. Repasamos  a continuación las más importantes.

La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI era registrada en mayo de 2017, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”.

Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.

A finales de febrero de este año, la Mesa del Congreso de los Diputados desbloqueaba por fin estas dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB. Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso otra proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista sobre identidad de género, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas. El futuro de esta norma, que se encuentra en un estadio parlamentario más precoz, es incierto.

Es importante insistir en que la Mesa del Congreso sigue controlada por PP y Ciudadanos (la posición de estos últimos sigue siendo por tanto decisiva a la hora de ralentizar o no el proceso legislativo) y de que los populares siguen disponiendo de mayoría absoluta en el Senado (cuyo veto puede ser levantado por la mayoría del Congreso). En cualquier caso, a nadie se le esconde el hecho de que un Gobierno favorable a la igualdad de las personas LGTB debería actuar de catalizador del avance.

ACTUALIZACIÓN (10:30 horas)

Esta mañana nos levantábamos con la noticia, publicada por El Confidencial, de que Màxim Huerta tuvo un contencioso con Hacienda cuando trabajaba para El programa de Ana Rosa. El fisco consideró que se había deducido más de 200.000 euros por actividad artística injustificada, por lo que el ahora ministro de Cultura, tras perder la batalla en los tribunales, se vio obligado a desembolsar una liquidación total de más de 360.000 euros, incluidos un recargo del 50% de multa y los intereses de demora. El debate sobre si Huerta debe o no presentar su dimisión se encuentra en plena efervescencia en este momento. Veremos qué sucede finalmente.

ACTUALIZACIÓN (23:30 horas)

Finalmente Màxim Huerta ha presentado su dimisión. «Me voy para no permitir que el ruido de esta jauría parta el proyecto de Sánchez, que ha ilusionado a tantas personas», argumentaba esta tarde. Poco después, Pedro Sánchez anunciaba el nombre su sustituto, el gestor cultural y experto en arte José Guirao, exdirector de Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y del centro cultural La Casa Encendida de Madrid, entre otros méritos.