Nigeria: 57 arrestados en una redada acusados de mantener relaciones homosexuales. Se enfrentan a una posible pena de 14 años de cárcel

Desgraciadamente Nigeria vuelve a ser noticia por la LGTBfobia de Estado. 57 hombres han sido arrestados, acusados de homosexualidad y consumo de drogas. Pueden ser condenadas con hasta 14 años de cárcel. Esta última redada se suma a otros episodios similares en un país que penaliza por ley las relaciones entre personas del mismo sexo y donde nueve estados del norte tienen en vigor la pena de muerte, al aplicarse allí la ley islámica.

De nuevo Nigeria salta a los medios por la persecución de Estado contra las personas LGTB. El pasado domingo 26 de agosto, una redada a las dos de la madrugada acabó con 57 personas detenidas y acusadas de mantener relaciones homosexuales.

Al haber sido arrestadas en Egbeda (estado de Lagos), encaran una posible condena de 14 años. Pero podría haber sido incluso peor, pues de haberse encontrado en algunos de los estados donde se aplica la ley islámica, la condena habría sido a muerte. Además del cargo por relaciones homosexuales, les acusan también de consumo de sustancias prohibidas, según las declaraciones en rueda de prensa del portavoz de la policía.

Sin embargo, los asistentes niegan los cargos, en especial rechazan la acusación de homosexualidad, lo cual, dada la persecución legal, es una línea de defensa comprensible. Argumentan o bien que la fiesta no era gay o que asistieron a ella por otros motivos al de que fueran homosexuales: «Era una fiesta de cumpleaños y la mayoría de nosotros no nos conocíamos… No solo éramos chicos, había también algunas mujeres con nosotros y otras estaban en las habitaciones del hotel vistiéndose para la fiesta», declaró uno de los detenidos, un graduado de 25 años en Comunicación por la Universidad Olabisi Onabanjo.

LGTBfobia de Estado en Nigeria

Estas noticias lamentablemente no son novedad en el país africano. De hecho, esta redada se suma a otras similares. Recientemente, seis personas fueron arrestadas con los mismos cargos. Fue en el estado de Abia, donde de nuevo se enfrentan a penas de cárcel. Hace un año recogíamos en esta página la detención de otras 40 personas tras participar en un evento informativo sobre el VIH. Y en abril de 2017 nos hacíamos eco de la detención de otras 53 personas, acusadas de haber participado en una «boda gay». La mayoría de los detenidos eran jóvenes de entre 20 y 30 años.

Todas estas detenciones se dan bajo el amparo de un Estado que es agente perseguidor. En efecto, en Nigeria las relaciones homosexuales se castigan con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel o incluso hasta la muerte por lapidación en los estados del norte en los que además, como señalamos antes, se aplica la sharía o ley islámica. Asimismo, cabe recordar que a principios de 2014 el entonces presidente Goodluck Jonathan promulgó una ley que agrava el tratamiento penal para cualquier actividad relacionada con la realidad LGTB. Desde su entrada en vigor, de hecho, no han cesado de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB, alentados por los líderes políticos y religiosos, que han creado un ambiente de profunda homofobia social. En dosmanzanas hemos informado de algunos de estos terribles hechos, aunque es de suponer que la información de la mayoría de este tipo de actos execrables no alcance a los medios de comunicación occidentales.

Así, por ejemplo, en enero de 2014 una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión. En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

En enero de 2015, la policía islámica de Kato, una ciudad al norte de Nigeria, comunicaba la detención de doce personas por participar en la celebración de otra supuesta boda entre dos personas del mismo sexo. En marzo de 2016, una turba violenta atacó a 20 jóvenes de quienes sospechaban, por su aspecto afeminado, que eran homosexuales. Todos ellos habían sido arrastrados fuera de sus casas y reunidos para golpearlos sin compasión. La brutal paliza a que les sometieron hizo temer por sus vidas. Ninguna de las víctimas quiso presentar denuncia, por temor a las represalias de sus agresores y por no enfrentarse al estigma de ser considerados homosexuales públicamente. En mayo de ese año, seis jóvenes fueron detenidos en Benin City acusados de mantener relaciones sexuales. En octubre era detenido un hombre acusado de mantener relaciones homosexuales, tras negarse a ser víctima de un chantaje. Y en diciembre, también de 2016, dimos la noticia de que un magistrado del Tribunal de Damaturu, la capital del estado de Yobe, había condenado a cinco hombres a sendos siete años de prisión por haber mantenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.

Actuaciones de este tipo ya provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no había marcha atrás se suspendiese a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico. Parece haber servido de poco, sin embargo. En enero de 2017 recogíamos un informe de la organización The Initiative for Equal Rights, que denunciaba hasta 152 graves vulneraciones de los derechos humanos de la población LGTB entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016. Evidentemente, se trata de las denuncias que han llegado a conocimiento de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. En un país en el que la homosexualidad está fuertemente castigada por el Código Penal y sufre un fortísimo rechazo social, el número real es con seguridad mucho mayor.