El ministerio austriaco de Interior, en manos de la extrema derecha, pone trabas a la celebración de bodas entre parejas del mismo sexo binacionales
Apenas unas semanas después de la entrada en vigor de la igualdad matrimonial en Austria, muchas parejas del mismo sexo se han encontrado con problemas para formalizar su unión. El ministerio del Interior, en manos de la extrema derecha del FPÖ, ha emitido unas recomendaciones en las que instan a los registros civiles a que no celebren bodas entre personas del mismo sexo si alguno de los contrayentes tiene la nacionalidad de un país que no reconoce el matrimonio igualitario. En Viena, se está impidiendo el reconocimiento de los enlaces celebrados en el extranjero. Son intentos del Gobierno de coalición entre la derecha conservadora y la extrema derecha por torpedear la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que decretó el fin del matrimonio excluyente.
El 1 de enero de 2019 expiraba el plazo dado por el Tribunal Constitucional austriaco en el fallo que consideraba que la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio es discriminatoria. La inacción del Gobierno del canciller Sebastian Kurz obligó a la comunidad LGTB del país a esperar más de un año para que la sentencia entrara en vigor. Ese mismo día, Nicole Kopaunik y Daniela Paier se convertían en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio sin necesidad de que mediara una sentencia. Tres meses antes se había casado otra pareja de mujeres tras demandar al Estado austriaco ante los tribunales, caso que culminó en la histórica sentencia del Constitucional de diciembre de 2017.
Pero el Gobierno de coalición entre la derecha conservadora del ÖVP y la extrema derecha del FPÖ, contrarios ambos a la equiparación de derechos de la ciudadanía LGTB, se las ha ingeniado para poner alguna traba. Varias parejas del mismo sexo se han llevado la desagradable sorpresa de que la administración se negaba a tramitar su boda. El motivo, que alguno de los contrayentes tenía la nacionalidad de un país que no reconoce el matrimonio igualitario. El ministerio del Interior, en manos del FPÖ, ha emitido unas recomendaciones en las que insta a los registros civiles a rechazar las solicitudes de matrimonio de estas parejas.
Ha sido el presidente de la asociación LGTB Rechtskomitee Lambda, Helmut Graupner, el que ha avisado de esta injusta situación. En su organización han recibido numerosas llamadas de parejas del mismo sexo cuyos enlaces han sido rechazados a causa de la nacionalidad de uno o los dos contrayentes. Según Graupner, muchos de estos casos se han dado en la ciudad de Viena, cuyas autoridades impiden incluso el reconocimiento de matrimonios del mismo sexo celebrados en el extranjero, con independencia de la nacionalidad de los cónyuges. El activista lamenta que, a pesar de la sentencia inequívoca del Constitucional, la comunidad LGTB tenga que «luchar duramente en los tribunales por cada milímetro de eliminación de discriminaciones».
La trayectoria del reconocimiento de los derechos LGTB en Austria le da la razón a Graupner: los más importantes se han alcanzado a partir de sentencias judiciales. El Tribunal Constitucional falló en 2014 a favor de permitir a las parejas de mujeres acceder a los tratamientos de reproducción asistida y en enero de 2015, de la adopción conjunta homoparental. Anteriormente, la ley de uniones civiles aprobada en 2009 ya había sido modificada a instancias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para regular la adopción de los hijos biológicos del compañero del mismo sexo. En septiembre de 2016 se lograba la apertura de los registros civiles (Standesamt) a las parejas del mismo sexo que quieran formalizar su unión, como ya se hace en el caso de las bodas heterosexuales. El anuncio que realizaba el Tribunal Constitucional en octubre de 2017 se materializó en la histórica sentencia de dos meses después: la exclusión de las parejas del mismo sexo del acceso al matrimonio es inconstitucional. Un mensaje rotundo, por muchos palos en las ruedas que se empeñen en poner la derecha y la extrema derecha desde el Gobierno.
Es curioso. A todos los países cuya política gira hacia la derecha, y a todos los partidos que hacen lo mismo en Europa, les entran unas ganas terribles de destruir los derechos adquiridos por un colectivo que siempre se ha visto reprimido.
Mal vamos con estos «señores»
Carla Mila
http:www.carlamila.es