La Corte Suprema de Chile revoca la decisión de un tribunal inferior y ordena que se admita a trámite el recurso de una pareja gay a la que no se permitió contraer matrimonio

En una decisión que ha sido bienvenida por los colectivos LGTB, la Corte Suprema de Chile ha revocado una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que había declarado inadmisible un recurso de protección a favor del matrimonio igualitario presentado por una pareja de hombres. La prohibición del matrimonio entre parejas del mismo sexo volverá a ser de nuevo objeto de discusión jurídica por los tribunales de ese país.

Los magistrados de la Corte Suprema de Chile han ordenado que el recurso presentado por el periodista Ramón Gómez y el diseñador gráfico Gonzalo Velásquez, con el patrocinio del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) continúe con su tramitación en la Corte de Apelaciones, en tanto la negativa del Registro Civil para dar el pasado 15 de enero una hora de matrimonio a la pareja podría vulnerar derechos constitucionales. «Que del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente puedan constituir la vulneración de las garantías indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación», ha señalado el alto tribunal. 

La abogada del MOVILH, Mónica Arias, ha destacado que la decisión se ajusta a lo ya señalado previamente por la Corte Suprema, la cual ha considerado que el matrimonio es un derecho humano, así como a la Convención Americana de Derechos Humanos. Arias ha explicado que una vez devuelta la causa a la Corte de Apelaciones, se pedirá un informe al Registro Civil para que explique las razones por las que negó la hora de matrimonio a Ramón y Gonzalo, una pareja con 19 años de relación que junto a otros profesionales ha producido diversos textos con temáticas LGBTI, entre ellos el cuento infantil Nicolás tiene dos papás y la guía didactica Educando en la Diversidad : orientación e identidad de género en las aulas.

«La postura de la Corte Suprema da esperanzas ciertas de que en este país de una vez por todas se respete la universalidad de los derechos humanos de las personas LGBTI, los tratados internacionales ratificados por Chile y una garantía constitucional esencial, como es la igualdad ante la ley. Estamos muy expectantes a lo que viene», ha señalado al respecto el portavoz del MOVILH, Rolando Jiménez. «Aquí solo buscamos que se nos reconozcan los mismos derechos que a las parejas heterosexuales, sin diferencias arbitrarias basadas en la orientación sexual de las personas. Nos da mucha ilusión lo que está ocurriendo», ha declarado por su parte Gonzalo Velásquez, uno de los demandantes. «La Corte Suprema ya se ha abierto a la posibilidad de que se podrían estar vulnerado nuestros derechos humanos fundamentales. Esto es un paso hacia el reconocimiento de la dignidad y el respeto. Esperamos un fallo consistente con lo señalado por la Corte Suprema», ha añadido su pareja, Ramón Gómez. 

Matrimonio igualitario en Chile: una larga batalla 

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el MOVILH alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género fue por fin aprobada en septiembre (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades en los últimos meses), el resto de avances permanecen sin embargo congelados. Es más, según se filtró en su momento a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera ha manifestado ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva». Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya se cumplió con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que formalmente no ha sido retirado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Para el MOVILH, las argumentaciones del Gobierno Piñera no se sostienen, dado que más allá de que el proyecto de ley deba ser aprobado por el Congreso de Chile, el Estado chileno sí que se comprometió a una serie de medidas de impulso que no han existido.Para este colectivo, de hecho, el Gobierno de Piñera es consciente de su propia falsedad, y en su momento puso como ejemplo el hecho de que repusiera un sitio web oficial sobre el matrimonio igualitario que había desarrollado junto al anterior Gobierno y que había sido retirado en julio (aunque añadiendo, eso sí, la leyenda «Esta información fue publicada durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (período 2014-2018)».

Se la la circunstancia de que la CIDH convocó el pasado diciembre su primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario en el marco de su 170 período de sesiones. La audiencia fue encabezada por la presidenta de la Comisión, Margarette May Macaulay, quien respondió favorablemente a la petición de los colectivos para que se inste a los Estados a aprobar el matrimonio igualitario y para que se exija particularmente a Chile cumplir sus compromisos internacionales sobre la materia.