El candidato de Vox a la alcaldía de Barcelona quiere cerrar el Centro LGTBI de la capital catalana

El candidato a la alcaldía de Barcelona por Vox, la formación ultraderechista que sostiene al gobierno autonómico andaluz y que en las elecciones generales del pasado 28 de abril consiguió 24 diputados en el Congreso ha hecho pública su intención de cerrar el Centro LGTBI de la capital catalana. A diferencia de lo que sucede en otras ciudades españolas (como Madrid), Vox no parece contar con ninguna posibilidad de ser determinante en la formación del gobierno municipal barcelonés, pero el mero anuncio de sus intenciones pone de manifiesto el papel central que el recorte de los derechos LGTBI juega en el discurso político ultraderechista.

«Hay que cerrarlo. El primer día que entremos en el ayuntamiento propondremos su supresión, no tiene ningún sentido», ha declarado Ignacio Garriga, candidato a alcalde de Barcelona por Vox, en referencia al Centro LGTBI de Barcelona. Su argumento es que hay que retirar subvenciones a «organizaciones superfluas, carentes de impacto e ideologizadas».

El Centro LGTBI de Barcelona, como los seguidores de dosmanzanas conocen, es una instalación financiada por el Ayuntamiento de la capital catalana, que fue inaugurada el pasado 19 de enero por la alcaldesa Ada Colau y de cuya gestión se encarga la Plataforma de Entidades LGTBI de Cataluña. Cuenta con un servicio de acogida,  información y orientación atendido por especialistas en psicología, trabajo social, derecho, salud y gestión comunitaria, entre otras áreas, además de un protocolo propio para abordar las agresiones por LGTBIfobia. El espacio dispone además con una zona de exposiciones con programación regular, un auditorio con capacidad para cien personas, un espacio de salud y un área familiar y cinco salas equipadas para reuniones, asesorías, formación y talleres. Una magnífica instalación que por cierto ya sufrió un primer ataque fascista pocos días después de ser inaugurado.

La respuesta de la Plataforma de Entidades LGTBI de Cataluña no se ha hecho esperar. En un comunicado de prensa hecho público este domingo, la entidad que agrupa a las principales organizaciones LGTBI catalanas defiende que estas no son precisamente organizaciones superfluas y carentes de impacto. «Consiguieron, entre otras medidas, la aprobación de la ley contra la LGTBIfobia de Cataluña en el año 2014», argumenta. Eso sí, la plataforma reconoce abiertamente que en efecto tiene ideología: «la que combate el odio, el fascismo y la LGTBIfobia».

En palabras de Joaquim Roqueta, presidente de la plataforma, el Centro LGTBI de Barcelona «es un derecho conseguido por el movimiento LGTBI de la ciudad tras décadas de lucha y reivindicación». «Con la apertura del Centro, Barcelona se ha situado como una de las ciudades más abiertas y democráticas del mundo, siguiendo el modelo de grandes capitales como Nueva York o Ámsterdam, que cuentan con espacios similares», ha añadido. «Tres meses después de su apertura, el Centro LGTBI se ha convertido en un punto de encuentro y reflexión sobre diversidad sexual y de género para toda la ciudadanía. Desde el pasado 19 de enero, miles de personas lo han visitado, han participado de sus actividades y realizado consultas al Servicio de Información y Dinamización. Además, el Servicio de Acogida ha asistido a un centenar de casos, tanto a nivel individual como grupal o familiar», ha detallado Roqueta.

Vox, receptor de cuantiosas subvenciones

Se da la paradoja de que la misma organización política que quiere acabar con la financiación pública del Centro LGTBI de Barcelona se ha convertido, tras las elecciones del pasado 28 de abril, en un receptor de cuantiosas subvenciones: según informa eldiario.es, al haber obtenido representación parlamentaria, Vox recibirá 2,6 millones de euros por sus gastos electorales y 68.088 euros al mes del Congreso de los Diputados (además, por supuesto, del sueldo de sus diputados). Una cantidad que se suma a los 3 millones de euros percibidos gracias a su entrada en el Parlamento andaluz.

Dinero público al que Vox no parece intención de renunciar, en lo que sería la consecuencia lógica de su supuesta aversión a las «subvenciones». Nada sorprendente, por otra parte, si se tiene en cuenta que el líder de la formación, Santiago Abascal, fue durante años receptor de un cuantioso sueldo público gracias a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, primero como director de una agencia de protección de datos (que finalmente fue disuelta) y luego como gerente de la denominada «Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social», entidad que se extinguió sin dejar rastro de su último año de actividad.