La extrema derecha exige a PP y Ciudadanos un compromiso LGTBfobo explícito para reeditar en la Comunidad de Madrid su alianza en el Ayuntamiento de la capital

Escalada LGTBfoba en la política madrileña. Vox, la formación de extrema derecha que sostiene a PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento, ha endurecido sus condiciones para que la alianza de las formaciones de derecha se repita en la Comunidad de Madrid. Entre otras medidas, exige que las tres formaciones se comprometan a reformar las leyes de contra la LGTBIfobia y la ley integral de transexualidad.

El documento hecho público por Vox exige (reproducimos literalmente) «Garantizar la libertad educativa y derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos. Aprobación del ‘Pin Parental’ para que los padres puedan excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones. Derogar aquellos artículos de la legislación en vigor que atenten contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de la Constitución Española. Se derogarán artículos de la Ley 2/2016, del 29 de marzo, y de la Ley 3/2016, de 22 de julio». Estas dos últimas leyes son precisamente la ley integral de transexualidad y la ley contra la LGTBIfobia, aprobadas en la pasada legislatura. La primera, por PSOE, Podemos y Ciudadanos, con la abstención del PP de Cristina Cifuentes. La segunda, por unanimidad de todos los grupos, aunque dos diputados del PP se ausentaron para no votarla. Uno de ellos fue David Pérez, el ya exalcalde de Alcorcón, que precisamente ha sido el número dos de los populares en las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo y que parece destinado a ocupar una posición destacada en un hipotético futuro gobierno de las derechas.

Según la lista enumerada en una comparecencia ante los medios de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, los artículos que la extrema derecha quiere derogar son numerosos y vaciarían de contenido ambas leyes por lo que se refiere a políticas de diversidad familiar, medios de comunicación y medidas educativas. Desaparecerían, además, los capítulos sancionadores, así como la inversión de la carga de la prueba en denuncias por discriminación (un principio por el que, cuando el interesado aporte hechos o indicios «razonables, fundamentados y probados» de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a aquel a quien se atribuye la conducta discriminatoria demostrar que esta no ha existido).

Habrá que ver qué sucede en próximos días. Por lo pronto, la candidata popular a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado dispuesta a estudiar las peticiones de Vox. «Aspiro a tener un gobierno a mi manera, no tengo que tomar por bueno lo que venía de otras legislaturas», ha declarado. Más complicado parece tenerlo Ciudadanos, partido que en su momento se implicó en el proceso de discusión y aprobación de ambas leyes. Además, aceptar de forma explícita las exigencias de Vox echaría por tierra su machacona estrategia mediática, consistente en negar la existencia de pactos con la extrema derecha e insistir en que ellos solo pactan con el PP. Hacerlo además en este punto (que no es el único: Vox también exige, por ejemplo, retirar la asistencia sanitaria a los migrantes «sin papeles») sería además reconocer (sin posibilidad de coartada) que tienen razón los colectivos LGTB que no permiten la participación oficial ni del PP ni de Ciudadanos en la próxima Manifestación Estatal del Orgullo por no haber querido suscribir un documento de diez puntos que incluía el rechazo a formar alianzas con la extrema derecha homófoba.

Todo ello a pesar de que PP, Ciudadanos y la extrema derecha ya han establecido una alianza de facto en el Ayuntamiento, que por cierto no ha dudado en mutilar la campaña promocional del Orgullo heredada de Carmena y eliminar las banderolas con mensaje activista que debían haber sido colgadas de las farolas de la capital. Sin embargo, Vox no disimula la molestia que le ha producido que su acuerdo secreto con el PP, que incluía el que la formación de extrema derecha ocupase concejalías y «responsabilidad directivas en entes municipales», no haya sido, a su juicio, respetado. Para Vox, la presidencia de varias juntas de distrito y los cargos intermedios que el PP estaba dispuesto a cederles no satisfacían dicho acuerdo, motivo por el cual ahora endurecen sus condiciones de cara a la investidura de Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta de la Comunidad.

Habrá que ver si Vox mantiene su pulso (lo que podría llevar a una situación de bloqueo e incluso a nuevas elecciones) o todo obedece a una nueva «escenificación» cara a la galería que acabe resolviéndose con una reedición de la alianza municipal. Otra posibilidad sería que Ciudadanos se aviniese a pactar un acuerdo de investidura con PSOE y Más Madrid, dos formaciones que desde el principio se han mostrado abiertas a una alianza que haga innecesario el concurso de la extrema derecha en el proceso. Ello supondría, sin embargo, una ruptura del discurso que la formación naranja ha venido manteniendo en los últimos meses en la Comunidad de Madrid.

Estaremos muy atentos.