La Real Federación Española de Fútbol hace oídos sordos al clamor para no celebrar la Supercopa en Arabia Saudí

Se da la curiosa circunstancia de que RTVE, Mediaset y Atresmedia han rechazado pujar por la emisión del campeonato celebrado en el país cuyo Gobierno ha calificado recientemente la homosexualidad, el feminismo y el ateísmo como «extremistas». Amnistía Internacional ha realizado un llamamiento para presionar al reino saudí a instaurar reformas aperturistas reales. La asociación Deporte y Diversidad, por su parte, rechaza que la Real Federación Española de Fútbol sitúe los intereses económicos por encima de los derechos humanos.

Los tres partidos en los que se divide por primera vez la Supercopa, dos semifinales y una final, se celebrarán por primera vez fuera del territorio español para seguir internacionalizando la fama de una de las que está considerada una de las mejores ligas de fútbol del mundo. El nuevo formato responde a un interés comercial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ya que antes la Supercopa la disputaban el ganador de la Liga contra el ganador de la Copa del Rey.

Un movimiento que, según recoge Marca, también corresponde a un intento de contribuir a un proceso del reino saudí de limpieza de imagen exterior, «trasladando al mundo un mensaje de apertura y cambio en su sociedad». Algo que no parece ser la realidad del rico país petrolero. Desde el Gobierno saudí se ha lanzado recientemente un vídeo en el que califica la homosexualidad y el feminismo como «extremistas» y los compara con una bomba. Un vídeo que las autoridades se han afanado en retirar tras comprobar la respuesta internacional. Sin embargo, Arabia Saudí ya ha quedado retratada ante el mundo, y no se libra de su imagen retrógrada ni con su última medida referente a este partido: que las mujeres puedan entrar al estadio sin restricciones.

En este sentido, Amnistía Internacional ha alertado que dicho vídeo «contradice claramente la falsa imagen reformista del reino de la que sigue haciendo alarde en el ámbito internacional el príncipe heredero Mohammed bin Salman». Y anima a los aliados del régimen saudí, entre los que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido y los países de la Unión Europea (entre ellos España) a «presionar al reino saudí y subrayar la necesidad urgente de proteger la libertad de expresión en el país, comenzando con la excarcelación de las personas que defienden los derechos humanos y que están en prisión, y de todas las personas privadas de libertad por la expresión pacífica de sus ideas». Algo que choca claramente con el acuerdo de la RFEF.

En el contexto de la polémica, RTVE ha rechazado pujar por la emisión de este partido. Algo que el ente justifica por razones humanitarias, aunque según Europa Press las razones económicas también habrían pesado (no hay que olvidar que RTVE pasa por un delicado estado global, enfrentada a una situación económica que no alcanza el equilibrio y a una importante crisis de audiencia). Los dos grupos generalistas privados, Mediaset y Atresmedia, también han declinado pujar por emitir el evento deportivo.

Con todo esto, la respuesta de la RFEF es que la celebración de este campeonato puede ayudar a crear un espacio para la mejora de la situación de las personas en Arabia Saudí. «Teníamos el reto de ayudar a que los niños y las niñas de Arabia Saudí pudieran mejorar por medio del deporte (…) Creemos en el fútbol como herramienta social y de cambio y aceptamos el reto de transformación que hay en Arabia Saudí con una Supercopa que sin duda va a ser la más emocionante de la historia», ha señalado el presidente de la RFEF, Luis Rubiales. Es necesario también señalar que los equipos llamados a participar en este evento no han mostrado su disconformidad ante la elección del país dictatorial para la celebración del campeonato. Se trata del campeón de liga (F.C. Barcelona), el campeón de la Copa del Rey (Valencia C.F.), y los nuevos añadidos a este sistema, el segundo y tercer clasificados de la liga (Atlético de Madrid y Real Madrid).

Deporte y Diversidad reclama a la RFEF y a los clubes romper el acuerdo

Por su parte, la asociación Deporte y Diversidad, que agrupa a varios clubes deportivos LGTBI de la Comunidad de Madrid, ha expresado su rechazo a la decisión debido a la situación de la comunidad LGTBI en Arabia Saudí. «El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, afirmó en la cadena SER que la posibilidad de que las mujeres accedan a los estadios ‘está en el acuerdo’. En sus declaraciones explicó que podían ‘haberlo hecho en otro país y darle la espalda a las mujeres y hombres que viven allí, o participar activamente para hacer ver que una sociedad puede transformarse’. El señor Rubiales ha olvidado en esta especie de justificación a las personas LGTBI, que son condenadas a muerte en este país solo por ser cómo son», ha denunciado su presidente, David Guerrero. Deporte y Diversidad reclama tanto a la RFEF como a los clubes participantes que rompan el acuerdo. «El deporte no debe utilizarse para blanquear la imagen de un país que no garantiza los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI», expresa en su comunicado.

La asociación de deportistas LGTBI señala que decisiones como esta de la RFEF son las que dan pie a la ausencia de referentes LGTBI en el fútbol profesional masculino. «Además de enfrentarse a los insultos de las gradas o el aislamiento de ciertos patrocinadores, un futbolista gay que quisiera vivir en libertad vería además su vida en peligro al participar en la Supercopa o en el próximo Mundial de Qatar», ha señalado Guerrero. Deporte y Diversidad, además, recuerda que en mayo de 2017 la UEFA, cuya vicepresidencia ostenta actualmente el propio Luis Rubiales, incluyó la obligatoriedad de respetar y proteger los Derechos Humanos en un capítulo específico de los requisitos que deben certificar aquellos países interesados en organizar las finales de competiciones de clubes de la UEFA desde 2020 en adelante.

Una régimen hasta ahora implacable con el colectivo LGTBI

Hay que tener en cuenta que, en Arabia Saudí, una monarquía absoluta y teocrática, no existe un Código Penal propiamente dicho, sino que la justicia se aplica en base a la interpretación que los jueces islámicos hacen de la sharía, que puede variar enormemente (entre otros factores, según la clase social y la nacionalidad del «culpable»: normalmente los castigos son mucho más duros para trabajadores inmigrantes de origen no occidental que para los miembros de las clases altas del país).

Por lo que se refiere a la esfera LGTBI, las penas más elevadas, incluyendo la muerte —pero también la cárcel o castigos físicos, como los latigazos públicos— corresponden al mantenimiento de relaciones homosexuales. En caso de reincidencia la pena de muerte es aún más probable. Otro tipo de «ofensas» son castigadas de modo diverso.

En dosmanzanas nos hemos hecho eco de algunos casos: en marzo de 2017, por ejemplo, informábamos de la detención de 35 ciudadanos paquistaníes por participar en una «fiesta para homosexuales». También dimos cuenta, ese mismo año, de la tortura y asesinado de dos mujeres transexuales por parte de la Policía de la Moral. En noviembre de 2014, recogíamos cómo un hombre era condenado a tres años de cárcel por publicar en redes sociales fotografías de sí mismo desnudo y su ofrecimiento para mantener relaciones con otros hombres. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. En junio de 2013, cinco hombres eran detenidos por participar supuestamente en una boda homosexual. En enero de 2012, en otro caso parecido, un hombre era arrestado por usar Facebook para establecer contacto. En octubre de 2011 eran detenidos 20 hombres durante una celebración. Un año antes era un ciudadano británico el que resultaba agredido y amenazado por la policía religiosa por su condición de gay.

Más allá de las condenas y arrestos, también nos hemos hecho eco de iniciativas que muestran la homofobia de estado en el país saudí: desde la intención de las autoridades de expulsar del sistema educativo a homosexuales y chicas de aspecto masculino hasta la oposición del gobierno al uso del dominio .gay en Internet, o, aún más grave, la iniciativa para castigar con la pena de muerte a quienes hagan pública su orientación sexual en redes sociales y medios.