Nuevo suicidio de una adolescente trans en Llíria (Valencia)

Una joven trans de 18 años se ha quitado la vida en Llíria (Valencia). Todo apunta a que se trata de un nuevo caso de suicidio adolescente debido al odio tránsfobo. Guardia Civil y juzgado de instrucción nº 3 de la localidad valenciana investigan ahora los mensajes de odio que la chica había recibido durante los meses previos debido a su condición de mujer trans por si pudieran se constitutivos de delito.

La joven, que llevaba tiempo en tratamiento y ya había dado los primeros pasos para afrontar el cambio de sexo tras cumplir los 18 años, se quitó la vida el pasado martes, 29 de octubre, tras quedarse sola durante unos minutos en casa de una amiga con la que estaba pasando la tarde. Según informa el diario valenciano Levante, el juzgado ya ha iniciado los trámites para citar como testigos a amigos, compañeros de estudios y familiares de la joven para evaluar hasta qué punto el acoso tránsfobo que sufrió ejerció como detonante del suicidio. De acuerdo a la informacion de Levante, la chica llevaba al menos un año soportando insultos y burlas tránsfobas cada vez que colgaba en alguna de sus redes sociales vídeos y fotografías reproduciendo canciones de sus artistas preferidos, lo que al parecer era una de sus pasiones. Algunos allegados aseguran además que la chica sufrió agresiones en relación con su condición de mujer trans.

No se trata, por desgracia, de la primera noticia sobre un suicidio de un adolescente trans que recogemos en tiempos recientes en nuestro país. Sucedió en Móstoles en mayo de 2018, cuando Thalía, otra chica de 17 años, decidió quitarse la vida. Antes conocimos los casos del joven Ekai, en febrero de 2018, en Ondarroa (Vizcaya). Y en las navidades de 2015 era Alan el que se quitaba la vida en Rubí (Barcelona). De otros muchos seguramente ni trascienda su nombre.

Adolescentes trans: altas tasas de suicidio

Cómo no traer a colación el demoledor estudio al que hicimos referencia hace ahora un año, publicado en Pediatrics, la revista que edita la Academia Americana de Pediatría, y que mostraba que la tasa de intentos de suicidio entre las y los adolescentes trans estadounidenses es considerablemente mayor que entre sus coetáneos cis. El grupo en el que los intentos de suicidio son más numerosos era el de los chicos trans (el 50,8% reportan algún intento de suicidio), seguido de los adolescentes no binarios (41,8%) y de las chicas trans (29,9%).

No era, sin embargo, el primero. Ya otros estudios habían puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de los menores trans. En 2012, por ejemplo, recogíamos otro de ellos, publicado también en Pediatrics, que mostraba que niños y adolescentes trans sufren más síntomas psiquiátricos, tales como depresión e intentos de suicidio, que niños y adolescentes de su misma edad no transexuales. Las cifras eran mayores en aquellos casos en los que no se daba un manejo especializado de la situación, bien por carecer de medios económicos o porque los padres no los apoyaban en su proceso.

También es cierto que si se quiere combatir esta sangría, se puede: otro estudio del que dábamos cuenta en abril de 2018 mostraba por ejemplo que solo el hecho de que los jóvenes y adolescentes trans sean tratados en su entorno con el nombre correspondiente a su identidad de género disminuía drásticamente los cuadros depresivos, los pensamientos suicidas e incluso los propios intentos de suicido. Los investigadores sabían de lo que hablaban: fue el mismo equipo que en 2017 estableció que, debido al estigma social, el porcentaje de jóvenes transgénero con ideas suicidas duplicaba el de la población general y cuadriplicaba la propensión a consumir drogas.

Es urgente actualizar el marco legislativo de los menores trans

Seguramente no sea suficiente para erradicar todos los casos de acoso tránsfobo, pero a la vista de lo que está sucediendo resulta ya urgente actualizar el marco legislativo español en materia de transexualidad para ofrecer una mayor protección a los más vulnerables, los menores trans. Por un lado, deben desarrollarse e implementarse en la práctica las diferentes leyes que sobre esta materia están aprobando las comunidades autónomas, de forma que estas no se conviertan en papel mojado como están sucediendo, por ejemplo, en Murcia o en Andalucía, donde los acuerdos entre PP, Ciudadanos y Vox están introduciendo importantes limitaciones en las políticas educativas en favor de la diversidad.

Por otro, sigue pendiente la actualización de la ley española de identidad de género, que hasta el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional en lo que se refiere a las limitaciones impuestas a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales (y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal).

Por último, pero no menos importante, sigue pendiente la aprobación de un marco legislativo estatal que vaya más allá de las cuestiones registrales y que otorgue una mayor protección jurídica a las personas trans que sufren acoso, violencia o discriminación, sea en forma de una ley general contra la discriminación de las personas LGTBI o de una ley específica de transexualidad. Los antecedentes, en este sentido, no son precisamente tranquilizadores: la ambiciosa proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI impulsada por la FELGTB y registrada en el Congreso en mayo de 2017 nunca llegó a ser aprobada (en esta entrada del pasado mes de febrero, que consideramos plenamente vigente, reflexionábamos sobre los responsables de que así fuera, a derecha y a izquierda del arco parlamentario).

Mientras tanto, la sangría prosigue.