Tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorca junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia)
Terrible noticia que nos llega de Kenia. El cuerpo sin vida de Aneste Mweru, un joven gay de 25 años procedente de Uganda, ha aparecido junto a las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Nairobi. Todo indica a que Mweru se ahorcó tras ser agredido por guardias de seguridad y policías al intentar acceder a la sede de la organización, que estaba cerrada, el pasado lunes de Pascua. El joven había huido de su país de origen en 2017 por la creciente hostilidad LGTBfoba y tenía el estatus de refugiado en Kenia desde hace un año. Su situación era cada vez más desesperada por los recortes en la ya reducida ayuda económica que recibía y por la perspectiva de acabar en un campo de refugiados.
El triste suceso ocurrió el pasado lunes. Según activistas que ayudan a los refugiados, Aneste Mweru, de 25 años, intentó acceder a las oficinas de ACNUR de la capital keniana a pesar de que era festivo. La policía y los agentes de seguridad privada se enfrentaron a él y lo rechazaron violentamente. El joven decidió quitarse la vida ahorcándose con una bufanda en un árbol cercano al lugar.
Como muchas otras personas LGTBI, Mweru había huido de Uganda en 2017 para escapar de la creciente hostilidad social y gubernamental contra la comunidad. En marzo de 2019, las autoridades kenianas lo reconocieron finalmente como refugiado. Recientemente su situación se había vuelto cada vez más desesperada por los recortes en las ayudas a los demandantes de asilo y por la política del Gobierno de Kenia de concentrar a los refugiados en campos como el de Kakuma, en el norte del país. Las condiciones de vida de las personas LGTBI en estas instalaciones, donde están de nuevo expuestas a la hostilidad y a la violencia, son especialmente duras.
La policía keniana investigará ahora las circunstancias de la muerte de Mweru. Por su parte, ACNUR ha hecho público un comunicado en el que lamenta lo ocurrido y pide respeto por la dignidad del fallecido y que se detenga la divulgación de las fotos de su cuerpo. El organismo de la ONU asegura que colaborará con las autoridades kenianas para esclarecer el suceso y para asistir al casi medio millón de refugiados que vive en el país.
La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda y Kenia
Mweru había huido de una situación muy complicada para las personas LGTBI en Uganda. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos. El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.
En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo. Hace apenas unos días, veinte personas LGTBI eran arrestadas en el albergue en el que vivían, acusadas de vulnerar las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de coronavirus. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.
Esta hostilidad constante lleva a muchas personas LGTBI a buscar refugio en la vecina Kenia, donde la situación es algo menos opresora, aunque sigue siendo difícil. En mayo del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de ese país decidía mantener la criminalización de las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma, como en Uganda, una marcada homofobia social. La prensa ha contribuido en buena parte a alentarla: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.