El Gobierno conservador británico podría mantener la patologización de las identidades trans en su anunciada reforma de la ley de identidad de género

La ola de odio tránsfobo promovida por tanto por sectores ultraconservadores como por el feminismo transexcluyente se podría apuntar una nueva victoria, después de las conseguidas recientemente en Hungría o en Estados Unidos. Según se ha filtrado a la prensa británica, el Gobierno de Boris Johnson tendría intención de mantener la patologización de las identidades trans que contempla la vigente le ley de identidad de género, que su predecesora Theresa May había prometido derogar. De confirmarse que estas son las intenciones del Gobierno británico, las personas trans que quieran ver reconocida legalmente su identidad de género deberán seguir necesitando un diagnóstico médico y atravesar por un largo y doloroso proceso.

La vigente ley de identidad de género, Gender Recognition Act, fue aprobada por el Parlamento británico en 2004, aunque no entró en vigor hasta el año siguiente. La legislación suponía un avance sobre la situación previa, pero aun así obliga a las personas trans que quisieran ver reconocida legalmente su identidad a presentar un certificado médico de que padecen «disforia de genero» y a demostrar que llevan al menos un periodo de dos años viviendo públicamente bajo la identidad solicitada. Es necesaria, además, la aprobación por parte de un panel de «expertos», médicos, psicólogos y abogados. Solo después de que este tribunal ad hoc haya dado su visto bueno, la persona puede ver reconocida legalmente su identidad.

Un proceso que, si bien en 2004 podía suponer una mejora respecto a la situación previa, patologiza las identidades trans y niega de forma explícita el principio de autodeterminación de género. Es por eso que el Gobierno de Theresa May comenzó en 2018 un proceso encaminado a la reforma de la ley en un sentido despatologizante y que devolviera a las personas trans su dignidad. Proceso que ha incluido, como es habitual en este tipo de reformas en Reino Unido, una consulta previa a la ciudadanía, ya cerrada, y que habría recibido alrededor de 100.000 respuestas. La mayoría de ellas (un 70%, según reporta la prensa británica), favorables a reconocer a las personas trans el derecho a ver reconocida legalmente su identidad declarada. Mayoría que no habría sentado bien a los cada vez más poderosos grupos de opinión tránsfobos, un amplio espectro que agrupa desde organizaciones ultraconservadoras a un sector del feminismo que excluye a las mujeres trans como sujeto político (el conocido como movimiento TERF, «Trans-Exclusionary Radical Feminist», por sus siglas en inglés) y que tampoco parece ser del agrado del nuevo Gobierno británico presidido por Boris Johnson.

Las alarmas ya se despertaron el pasado mes de abril, cuando Lizz Truss, nombrada ministra de Igualdad por Boris Johnson, anunció que los cambios a la ley de identidad de género irían, entre otros aspectos, en el sentido de reforzar la prohibición a las personas menores de edad de adoptar «decisiones irreversibles» así como de reforzar la seguridad de los «espacios» de uso por parte de un solo sexo, sin anunciar más detalles. Un anuncio que fue recibido como un jarro de agua fría por el activismo trans, que veía en las declaraciones de la ministra una toma de postura a favor de algunos de los argumentos esgrimidos por el movimiento TERF para fomentar el odio tránsfobo (como que muchas mujeres trans son en realidad acosadores disfrazados que buscan invadir los aseos femeninos para así tener un más fácil acceso a sus víctimas). Pero ha sido ahora, pocas semanas antes de que el Gobierno anuncie oficialmente sus intenciones, cuando la filtración a la prensa británica de que el Gobierno de Johnson no tiene intención de permitir a las personas trans ver reconocida su identidad sin un diagnóstico médico cuando el miedo se ha materializado. La reforma de la ley, en este sentido, no solo podría no aportar ningún avance significativo, sino que incluso podría suponer un retroceso en los derechos del ya castigado colectivo trans británico.

Tal es así que los grupos LGTBI de los diferentes partidos políticos británicos (conservadores, laboristas, liberal-demócratas, verdes, nacionalistas escoceses y galeses y unionistas moderados de Irlanda del Norte) han aparcado sus diferencias en otras materias y ha dirigido una carta a la ministra Liz Truss en la que expresan su gran preocupación por la propuesta de reforma filtrada a la prensa británica y la marcha atrás respecto a lo prometido por Theresa May. Colm Howard Lloyd, líder del grupo LGBT+ de los conservadores, ha llegado a denunciar la «atmósfera tóxica» que a su juicio rodea en estos momentos las discusiones sobre el avance de los derechos trans.

Veremos qué sucede finalmente, dado que el Gobierno británico no se ha manifestado oficialmente. Esperemos que la sensatez se imponga y la reforma de la ley suponga avances significativos y ningún paso atrás. No obstante, el mero hecho de que se plantee esta discusión (que bien podría replicarse en España, a la luz del argumentario interno difundido semanas atrás entre cuadros dirigentes del PSOE) demuestra lo delicado del momento en que nos encontramos.