La administración Trump anula la norma que protegía a las personas trans frente a la discriminación en la sanidad

Nuevo golpe a la comunidad trans estadounidense por parte de la administración Trump. El departamento de Salud ha anunciado la anulación de una norma, aprobada en 2016, que ampliaba la protección antidiscriminatoria en la prestación de servicios sanitarios. El texto, que prohíbe la discriminación basada en una serie de características, fijaba una definición de sexo inclusiva con las personas trans, intersexuales y de género no binario. La reforma aprobada ahora revierte esta descripción y redefine el sexo como «masculino o femenino y determinado por la biología». El activismo alerta de que el cambio da vía libre a la exclusión de pacientes del sistema sanitario basada en su identidad de género. La medida se enmarca en una estrategia más amplia cuyo objetivo es la supresión de la existencia jurídica de las personas trans.

En 2010, la administración de Barack Obama impulsó una de sus medidas más emblemáticas, la Ley de Protección al Paciente y de Cuidados Asequibles (más conocida como Obamacare). La nueva regulación prohibía la discriminación basada en la raza, el color de la piel, el origen nacional, la discapacidad, la edad o el sexo en cualquier programa o actividad sanitaria que reciba financiación federal. En 2016, durante el segundo mandato de Obama, se añadió una nota aclaratoria para explicar que la categoría protegida «sexo» debía entenderse como «la percepción interna de género de cada cual, que puede ser masculino, femenino, ninguno de los dos o una combinación de masculino y femenino».

La reforma tenía el objetivo de proteger contra la discriminación basada en la identidad de género y prohibir a los profesionales médicos, instituciones y aseguradoras la exclusión de las personas trans o intersexuales en el acceso a la asistencia sanitaria y a los tratamientos necesarios. El texto fue objeto de demandas legales y varios jueces se han pronunciado a favor y en contra. Con la llegada al poder de la administración de Donald Trump, se paralizó la aplicación de la medida hasta su completa abolición que ha llegado esta semana.

En 2019 se produjo el primer intento de consolidar sobre el papel lo que ya se estaba aplicando en la práctica, pero fue el viernes pasado, coincidiendo con el cuarto aniversario del ataque en Orlando, cuando se consagró la anulación de la reforma de Obama. El departamento de Salud y Servicios Humanos anunció el cambio en un comunicado de prensa en el que justifica la derogación como un «retorno» al «sentido literal de la ley según se aprobó en el Congreso» y se vanagloria del ahorro en costes que supondrá. Con la nueva definición, la categoría de «sexo» se entenderá como «masculino o femenino y determinado por la biología», excluyendo por tanto de la protección antidiscriminatoria a las personas trans, intersexuales o de género no binario.

El Centro Nacional por la Iguadad Transgénero ha lamentado que la medida excluyente llegue en plena crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus y advierte de que, a partir de ahora, los profesionales médicos podrán rechazar legalmente tratar a pacientes de COVID-19 solo por ser personas trans. La organización Human Rights Campaign ha anunciado que demandarán a la administración Trump ante los tribunales por la reforma, que también elimina la protección contra la discriminación de pacientes que hayan abortado en el pasado o la obligación de informar sobre la existencia de un servicio de traducción de documentos.

Una auténtica cruzada contra los derechos de las personas trans

El cambio introducido ahora se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump, cuyo objetivo es la supresión de la existencia jurídica de las personas trans en Estados Unidos. Ya lo adelantábamos en octubre de 2018, cuando informábamos de la prevista reforma de las leyes federales que incluiría una definición del sexo o género que negaría la existencia de las personas trans. Según esa definición, aprobada ahora por el departamento de Salud, «el sexo se refiere a la condición de una persona como hombre o mujer en base a rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento». La pretensión es que esta descripción sea adoptada también por los departamentos de Educación, Justicia y Trabajo, por lo que negaría a las personas trans la posibilidad de que ejerzan algún derecho con su identidad de género real en todos los aspectos de su vida pública.

Y es que si por algo se está caracterizando la administración Trump en el ámbito LGTBI es por la incansable batalla contra los derechos y la inclusión de la comunidad trans, su principal objetivo en este momento. Tras conquistar la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2016, Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence pusieron en marcha, por ejemplo, toda una operación para excluir a las personas trans del Ejército, que permaneció en suspenso por decisión judicial hasta que un Tribunal Supremo controlado por el sector conservador ratificó la exclusión.

En mayo de 2018 se consumó también la retirada de las normas de protección de las personas trans recluidas en las cárceles federales que en su momento instauró la administración Obama. Como en el caso que hoy nos ocupa, la administración Trump ordenó que fuera el «sexo biológico», y no la identidad de género el que determine las instalaciones a las que las personas trans son asignadas. Una norma especialmente cruel hacia las mujeres trans, que han perdido de esta manera la protección de la que gozaban frente a agresiones sexuales a manos de otros reclusos. La administración Trump también retiró la protección al alumnado trans en las escuelas que reciben fondos federales y ha prohibido, por mencionar otro ejemplo más, el uso de la palabra «transgénero» en los informes de su principal agencia sanitaria, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés).