ILGA alerta en un informe de que trece Estados criminalizan de manera expresa a las personas trans

ILGA Mundo ha publicado la tercera edición de su Informe de Mapeo Legal Trans, en el que analiza la situación legal de la comunidad en 143 países del globo. El balance es desigual. Por el lado positivo, nueve Estados han simplificado el reconocimiento de las identidades trans desde una perspectiva de despatologización entre 2018 y 2019. En conjunto, la modificación registral del sexo legal asignado al nacer es posible en 96 países, aunque solo 25 de ellos han suprimido requisitos abusivos para poder ejercer este derecho. La otra cara de la moneda la exhiben los trece países que siguen criminalizando a las personas trans con leyes contra el travestismo. En muchos otros sin una prohibición explícita, se enfrentan igualmente a una persecución amparada en normas más genéricas contra la moral pública o la indecencia.

El Informe de Mapeo Legal Trans, que puedes descargar aquí, incorpora datos de 143 países. Recoge, para cada uno de ellos, las opciones para la modificación registral del nombre y el sexo legal asignado al nacer, así como las leyes en vigor que criminalizan a la comunidad trans. Una persecución que puede ser expresa, generalmente en forma de normas contra el travestismo, o de facto, amparada en otras disposiciones. El balance de ILGA es mixto.

Por la parte positiva, la organización ha identificado 96 Estados en los que existe alguna forma de reconocimiento de las identidades trans. En la mayoría de estos, sin embargo, las leyes imponen requisitos abusivos para ejercer estos derechos: intervenciones quirúrgicas, duración mínima de tratamiento hormonal, esterilización o divorcio forzosos, no tener hijos dependientes, internamiento en instituciones psiquiátricas o superar el «test de vida real», es decir, la exigencia de demostrar que se ha vivido de acuerdo con la identidad escogida durante un determinado periodo de tiempo.

Tan solo 25 países han establecido un procedimiento basado en la despatologización y/o la autodeterminación de género. Entre los que lo han hecho en los últimos años, ILGA señala a Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Portugal en Europa. Además, están en trámite iniciativas en el mismo sentido en Alemania y Suiza. En América Latina, el informe destaca los casos de Brasil, Chile y Costa Rica. Fuera de estas dos regiones, también se hace eco del significativo avance que supuso la aprobación de la Ley de Protección de Derechos de las Personas Transgénero en Pakistán.

Frente a estos avances, ILGA alerta de la persecución legal que sigue sufriendo la comunidad en muchas partes del mundo. En concreto, hasta 13 países criminalizan a las personas trans con leyes contra el travestismo o las expresiones de género diferentes a la norma. Se trata, según el informe, de Brunei, Emiratos Árabes Unidos, Gambia, Indonesia, Jordania, Kuwait, Líbano, Malawi, Malasia, Nigeria, Omán, Sudán del Sur y Tonga. En otros muchos, la persecución tiene lugar bajo el paraguas de leyes más genéricas contra la moral pública o la decencia.

Los autores del texto, que se centra en el análisis de la situación legal, advierten sin embargo también de los retrocesos en la aceptación de la realidad trans, incluso en países con marcos jurídicos avanzados. «En todas las regiones del mundo donde hemos dado seguimiento a los procesos de reconocimiento legal de género, se han producido regresiones, frecuentemente en línea con los discursos sobre la mal llamada “ideología de género”, el surgimiento de movimientos excluyentes y polítiques de derecha que acusan a la comunidad LGBT de atentar contra las identidades nacionales», explica el coordinador y coautor del informe Zhan Chiam. «Estos ataques han tenido efectos muy dañinos en nuestras comunidades, lo cual se suma a la ola de violencia y a los asesinatos que continúan afectando a las personas de identidades y expresiones de género diversas en todo el mundo», añade.