Las jerarquías evangélica y católica presionan con fuerza para impedir la despenalización de la homosexualidad en Dominica

La Mancomunidad de Dominica (una república caribeña con una población inferior a los 70.000 habitantes) es uno de los territorios de la región en los que se sigue persiguiendo la homosexualidad legalmente. Sin embargo, en 2019 un ciudadano dominiqués abiertamente gay, del que solo conocemos las siglas DG, decidió impugnar la legislación homófoba y en la actualidad el caso está pendiente de resolución judicial. En este sentido, las jerarquías evangélica y católica de la isla están ejerciendo presiones públicas y privadas para que la «sodomía» siga siendo ilegal. Birnie Stephenson, la jueza instructora, ha tenido que abandonar el caso porque su pastor, Randy Rodney (presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Dominica), se ha sumado a la oposición contra la demanda de despenalización. Esta situación demorará todavía más la sentencia.

La Asociación de Iglesias Evangélicas de Dominica (DAEC) solicitaba al Tribunal Supremo del país personarse como tercero contra la demanda de despenalización de la homosexualidad el pasado 17 de noviembre. La razón fundamental de dicha organización para unirse a la demanda es que podría «menoscabar o impedir los derechos morales de los cristianos». El pastor Rodney asegura que «todos los asuntos de sexo deben ser entre un hombre y una mujer». La recusación de la jueza que instruía el caso es ahora un nuevo escollo, que se une al aplazamiento que se produjo en septiembre tras unirse contra la causa el Consejo Cristiano de Dominica. El caso debía haberse retomado el 23 de noviembre, pero la salida de la jueza Stephenson lo vuelve a frenar.

Por su parte, la jerarquía católica dominiquesa también lleva años enfrentandose públicamente a cualquier atisbo de despenalización. Gabriel Malzaire, obispo de Roseu, publicó una carta en 2013 en la que aseguraba que «la ‘actividad’ homosexual, según las Sagradas Escrituras, es uno de los muchos males que, si no se controlan, pueden conducir a la muerte espiritual. Entre estos se encuentran el adulterio, la fornicación, las orgías, la calumnia, el odio profundamente arraigado […] Estos, junto con la ‘actividad’ homosexual, nunca estarán bien, estén o no despenalizados por el Estado».

Según palabras del obispo, «la Iglesia, en su papel de guía moral, no existe para condenar a las personas humanas, sino para condenar estilos de vida y comportamientos que no están de acuerdo con la ley divina. Por lo tanto, así como la Iglesia tiene la responsabilidad de llevar al adúltero al arrepentimiento, tiene la misma responsabilidad hacia aquellos que se entregan a la ‘actividad’ homosexual».

Malzaire añadía que «algunas cosas están bien y otras están mal, nos guste o no. Lo que está de acuerdo con la ley de Dios está bien y lo que está en contra de la ley de Dios está mal; y todos estamos llamados a vivir según la ley de Dios si la salvación es parte de nuestra agenda. Por lo tanto, ya sea que se trate de fornicación, adulterio, ‘actividad’ homosexual, toda la gama, tenemos que vivir según la ley de Dios».

El abogado y activista caribeño Maurice Tomlinson, por su parte, sostiene que «las razones por las que las iglesias buscan entrar en el caso son ridículas». Tomlinson y la Canadian HIV/AIDS Legal Network están apoyando a DG en su batalla legal para la despenalización de la homosexualidad. El Programa Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Toronto, Minority Rights Dominica, un grupo de defensa LGTBI, y Lawyers Without Borders también están dando su respaldo.

LGTBIfobia de Estado en Dominica

Según la legislación vigente, «una persona que comete sodomía es culpable de un delito y puede ser condenada a prisión». Las penas oscilan entre los 5 y los 25 años de reclusión y «el Tribunal podrá ordenar que la persona condenada sea ingresada en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento».

Al menos 35 personas fueron arrestadas por las autoridades locales y acusadas de «sodomía» entre 1995 y 2000 en Dominica. Los tribunales condenaron a los acusados a multas y penas de prisión de hasta diez años. Algunos de ellos, incluso, fueron forzados a someterse a las tan dañinas «terapias de conversión» en centros psiquiatricos (a pesar de que la comunidad científica internacional rechace sin tapujos este tipo de ‘intervenciones’).

En 2001 15 mujeres fueron detenidas y condenadas a cinco años de prisión, acusadas de «grave indecencia». Diez hombres también fueron condenados a cinco años de prisión por «cometer actos de indecencia grave con personas del mismo sexo». En 2012, una pareja gay de California fue arrestada después de que la policía les denunciara por haber mantenido relaciones sexuales en el balcón de su cabina durante un crucero gay que estaba atracado en el puerto. Fueron liberados de la cárcel tras declararse culpables de «exposición indecente».

En julio de 2014, Roosevelt Skerrit, Primer Ministro de Dominica (en el cargo desde 2004 hasta la actualidad) declaró que, aunque en el pasado reciente se hubiera hecho, no tenía planes para aplicar la legislación contra la homosexualidad «al menos en hogares privados». A pesar de declarada LGTBIfobia del mandatario, parecía un primer paso para la atenazada comunidad LGTBI dominiquesa, en lucha por los derechos humanos no reconocidos y víctima de la persecución del Estado.