El Gobierno de la Región de Murcia anuncia que trabaja en la recuperación de la censura parental

«El Consejero de Presidencia y Hacienda ha ratificado por escrito a Vox la voluntad y el compromiso «indudable» del Ejecutivo murciano de aplicar la censura parental, medida estrella de la formación de extrema derecha, y le ha transmitido que ya se trabaja en la modificación de los decretos que impiden su aplicación.

El Gobierno de la Región de Murcia vuelve a hacer un guiño a Vox (la fuerza más votada en las últimas elecciones generales en la región) poniendo en el punto de mira a la educación en valores y al colectivo LGTBI+. Mediante un documento escrito, el consejero de Presidencia y Hacienda ha asegurado a la formación de extrema derecha  que ya se trabaja en regular la autorización de los padres para charlas en centros educativos. Este documento es un informe del grado de cumplimiento del acuerdo alcanzado por PP, Ciudadanos y Vox para aprobar los Presupuestos de 2020 de la Comunidad Autónoma. Ahora, con la negociación para la aprobación de los Presupuestos de 2021 en marcha, el Gobierno regional parece apretar el acelerador para contar con los votos de la extrema derecha, a la cual necesita si el resto de la oposición se opone a las cuentas.

Según el diario La Verdad, el documento confirma que está en marcha la modificación de los tres decretos que establecen el currículo de Primaria, Secundaria y Bachillerato. El eufemismo que utilizan desde el Gobierno de San Esteban para aplicar la censura parental es «aumentar la colaboración y participación de las familias en la toma de decisiones relativas a los procesos educativos de sus hijos». El texto añade que se busca «adoptar las medidas adecuadas para garantizar que la enseñanza de los contenidos curriculares deba estar presidida por la objetividad, la neutralidad, el respeto, el pluralismo y el uso de criterios científicos», términos ambiguos y que, según la interpretación del texto, podrían validar o denegar una misma actividad en el aula.

Según indica también el texto, la Consejería de Educación no ha recibido durante el curso pasado ninguna reclamación de alumnos, padres o docentes, en cuanto a la idoneidad o no de actividades complementarias. Este periodo realmente solo correspondería a los meses de septiembre de 2019 a marzo de 2020, periodo en el que hubo actividad presencial en las aulas.

Hay que recordar, en este sentido, que la pandemia por coronavirus azotó a España justo después de que el Ministerio de Educación llevara a los tribunales al Ejecutivo autonómico al implantar la censura parental, una medida que permite a los padres homófobos impedir que sus hijos acudan a charlas sobre diversidad afectivo-sexual, principalmente impartidas por profesionales del colectivo LGTBI de la Región de Murcia, No Te Prives. Una medida que se aplaudió desde los sectores más reaccionarios y contrarios al avance de los derechos de las personas LGTBI+. A continuación, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendió de forma cautelar su implantación. Una vez finalizado el curso escolar 2019-2020, el alto tribunal murciano archivó el recurso contra la censura parental al haber expirado el ámbito temporal de aplicación de la medida. Sin embargo, con la vuelta a una relativa normalidad en las aulas y la aparente sensación de que la presencialidad va a continuar durante el vigente curso 2020-2021, resucitan las exigencias de la extrema derecha para implantar la que desde el inicio de la legislatura regional ha sido su medida estrella. La censura parental, recordemos, fue una de las pocas condiciones que acordó la extrema derecha con el Partido Popular y Ciudadanos para apoyar los Presupuestos de la comunidad (de hecho es la primera medida que se enumera en el documento rubricado por las tres formaciones).

De confirmarse la noticia, es de prever que el Gobierno de España active de nuevo la vía judicial contra la medida. También es esperable que, pase lo que pase, el discurso de la extrema derecha, de nuevo protagonista de la agenda política y mediática, continúe intentando socavar la profesionalidad del personal que imparte estas charlas, creando de nuevo un conflicto que no existía y legitimando el discurso de odio contra el alumnado, colectivos y la población LGTB+ en general.