El Parlamento Europeo declara la UE como «zona de libertad para las personas LGBTIQ»

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución por la que declara la Unión Europea como una «zona de libertad para las personas LGBTIQ». La iniciativa, de valor simbólico, ha sido aprobada por una amplia mayoría y refuerza la estrategia para la igualdad que la Comisión puso en marcha hace unos meses. Se trata también de enviar un mensaje de inclusión frente a los retrocesos que se están produciendo en países como Polonia, donde varias ciudades y regiones se han declarado «zonas libres de ideología LGTBI».

La propuesta del Parlamento surgió del Intergrupo LGTBI, una alianza de eurodiputados comprometidos con los derechos de la comunidad. Para mostrar su apoyo a la iniciativa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó la etiqueta #LGBTIFreedomZone en redes sociales el miércoles de la semana pasada. «Ser tú mismo no es ninguna ideología. Es tu identidad. Nadie la puede arrebatar. La UE es tu hogar. La UE es una zona de libertad LGTBI» tuiteaba la política alemana. A ella se unió la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, una de las dirigentes europeas más comprometidas con la comunidad LGTBI.

La resolución analiza en primer lugar el estado de los derechos LGTBI en la Unión Europea, con menciones a los retrocesos experimentados en los últimos años en Hungría y Polonia. Finalmente, declara a la UE como una «zona de libertad para las personas LGBTIQ» y encarga al presidente del Parlamento «que transmita la presente Resolución a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo».

En la votación que tuvo lugar el pasado 11 de marzo la propuesta fue aprobada con un amplio apoyo transversal: 492 votos a favor y 141 en contra, con 46 abstenciones. Los cuatro eurodiputados de Vox Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé, Margarita de la Pisa y Hermann Tertsch votaron en contra. El independiente (elegido en la lista de Ciudadanos) Javier Nart se abstuvo. El resto de los eurodiputados de la delegación española que participaron en la votación apoyaron la declaración.

Con la aprobación de la resolución, las instituciones comunitarias dan un paso más en el blindaje del respeto a la diversidad LGTBI como un valor fundamental de la UE. En la actual legislatura se han producido más movimientos en este sentido. En su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre del año pasado, la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen declaró que «las zonas libres de LGTBIQ son zonas libres de humanidad y no tienen cabida en nuestra Unión». Anunció además la puesta en marcha de una estrategia para la igualdad de las personas LGTBI, la Unión de la Igualdad, que presentaron la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, y la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, dos meses después.

La implementación de esta estrategia se enfrentará a una fuerte resistencia por parte de las administraciones húngara y polaca, puntas de lanza en la actualidad de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. En particular, si se convierte en un condicionante para la concesión de ayudas económicas. Los Gobiernos del primer ministro Viktor Orbán y del presidente Andrzej Duda se han mostrado beligerantes contra cualquier iniciativa que vincule transferencias de fondos europeos al respeto al Estado de derecho, la separación de poderes o los derechos de las minorías.

En agosto del año pasado, el ministro de Justicia polaco Zbigniew Ziobro calificaba de «infundada» e «ilegal» la decisión de la Comisión Europea de denegar las ayudas a seis ciudades polacas, que requerían financiación en un programa de hermanamiento entre localidades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTB». Por otra parte, Hungría y Polonia vetaron durante semanas el presupuesto comunitario, incluido el fondo de recuperación contra los efectos de la pandemia de coronavirus, por oponerse a la cláusula que prevé la suspensión de la financiación cuando se produzca un socavamiento del Estado de derecho.