Hungría: el candidato de la oposición unificada a Orbán, Péter Márki-Zay, se pronuncia a favor de los derechos LGTBI

Los principales partidos de la oposición al Gobierno húngaro se han unido en torno a la candidatura de Péter Márki-Zay, alcalde de una pequeña ciudad del sur del país, para intentar acabar con la hegemonía de Viktor Orbán en las elecciones del año que viene. Márki-Zay ha empezado a revelar sus planes si es elegido primer ministro, que pasan por «restablecer el imperio de la ley» frente a la erosión democrática propiciada por el Fidesz y sus socios. Entre los cambios que ha prometido afrontar se encuentran también la derogación de las leyes LGTBIfobas y la equiparación de derechos para las parejas del mismo sexo.

A finales de 2020, los seis principales partidos de la oposición en Hungría se pusieron de acuerdo para presentar listas conjuntas y un candidato a las elecciones generales previstas para abril o mayo del año próximo. Se trata de una unión de formaciones de ideologías diversas, que abarcan desde verdes y socialdemócratas hasta liberales y conservadores. Decidieron que el aspirante a primer ministro sería elegido mediante primarias a doble vuelta, que se celebraron en septiembre y octubre.

El vencedor del proceso fue Péter Márki-Zay, alcalde de la localidad de Hódmezővásárhely (44.000 habitantes), en el sudeste del país. Es un independiente que fundó en 2018 el Movimiento por una Hungría de Todos (Mindenki Magyarországa Mozgalom, MMM), de ideología conservadora y proeuropea. La semana pasada acudió a Bruselas para reunirse con dirigentes europeos y esbozó sus principales prioridades en una comparecencia pública.

Ante todo, Márki-Zay se comprometer a restaurar el Estado de derecho, seriamente comprometido en Hungría tras once años de Gobierno de Viktor Orbán. Para ello plantea la redacción de una nueva constitución que sustituya a la vigente desde 2012 y que, según sus detractores, está hecha a la medida del Fidesz, el partido de Orbán y sus socios. El aspirante a primer ministro asegura que persiguen «un cambio de régimen, no un cambio de Gobierno».

A pesar de declararse conservador y católico practicante, Márki-Zay ha reivindicado también en su intervención los derechos LGTBI, que han sufrido una serie de retrocesos sin parangón en la Unión Europea. En este sentido, ha prometido derogar la legislación LGTBIfoba aprobada por el Gobierno de Orbán y equiparar en derechos a las parejas del mismo sexo. El político pretende acabar con las campañas de odio a las minorías, mencionando explícitamente a la comunidad LGTBI junto a la gitana, la judía o personalidades como George Soros.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

El Gobierno de Viktor Orbán, al que se enfrentará Péter Márki-Zay en las urnas, comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara el 30 de marzo del año pasado, cuando el primer ministro asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley que, entre otras medidas, incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Finalmente, el 19 de mayo la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba. Lo hacía por 133 votos a favor (los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya alertábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Tal vez envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba el 10 de noviembre del año pasado una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales, blindada ahora al máximo nivel normativo.

La modificación constitucional también incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añade la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Por último, la reforma de la ley fundamental impone que la educación en las escuelas húngaras debe inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana», excluyendo por tanto los contenidos sobre diversidad afectivo-sexual.

Tras la aprobación por parte del Gobierno, la mayoría de dos tercios con la que cuentan el Fidesz y sus socios dio su visto bueno el pasado 15 de diciembre en el Parlamento al proyecto de reforma constitucional por 135 votos a favor, 45 en contra y cinco abstenciones. Además, la negación de la homoparentalidad recogida desde ahora en la ley fundamental se completó con la aprobación de un proyecto de ley para limitar la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta ahora se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgará en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, el 15 de junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó un proyecto de ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluye en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, lo que corrobora su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe de nuevo la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos. La educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, lo que cierra definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos.

Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.