La victoria de Xiomara Castro en las elecciones presidenciales de Honduras abre un periodo de esperanza para la comunidad LGTBI

La victoria en las elecciones presidenciales de Honduras que tuvieron lugar el pasado 28 de noviembre de Xiomara Castro, la candidata del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), abre un periodo de esperanza para la población LGTBI después de años de maltrato manifiesto por parte de las autoridades. Aunque avances como el reconocimiento del matrimonio igualitario o la adopción homoparental siguen aún lejanos, la inclusión de un significativo apartado de promesas en materia LGTBI, entre ellas medidas de protección contra la discriminación y los delitos de odio o una ley de identidad de género, suponen un soplo de aire fresco, muy especiamente si se tiene en cuenta la situación de partida.

Una situación que ha colocado a Honduras entre los países más peligrosos de América Latina para la comunidad LGTBI, en general, y para los activistas en favor de los derechos humanos y de las personas LGTBI, en particular. Algunos apuntes: el Observatorio de Muertes Violentas de la Comunidad LGBTI de la Red Lésbica Cattrachas ha registrado en lo que va de año 16 asesinatos. En 2020 tuvo constancia de 20, mientras que en 2019 fueron 41. Desde el año 2019 suman un total de 389. De ellas, 221 víctimas fueron identificadas como gais, 122 como personas trans (una de ellas, que se remonta a 2016, consta oficialmente solo como desaparecida) y 46 como lesbianas. Entre las personas trans, destaca muy especialmente el alto número de mujeres asesinadas que ejercían el trabajo sexual (58). Un gran número de estos asesinatos permanecen impunes.

También destaca el alto número de activistas perseguidos. Sin hacer un seguimiento intensivo, son numerosos los casos que en dosmanzanas hemos recogido en los últimos años. Sobre todo tras el golpe de Estado del año 2009 que derrocó a Manuel Zelaya (marido precisamente de la que será nueva presidenta, Xiomara Castro) y a partir del cual la situación se deterioró especialmente, con episodios como la muerte del activista LGTB Walter Tróchez en diciembre de 2009 tras recibir una paliza a manos de agresores que se sospecha eran miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal o el asesinato de los también activistas Wilmer García Alvarado y Erick Martínez Ávila en septiembre de 2010 y en mayo de 2012. La relativa normalización política de años posteriores no se acompañó, sin embargo, de una mejora de la situación de la comunidad LGTBI, cuyos miembros ha seguido siendo objeto de violencia. En 2017 recogíamos, por ejemplo, el asesinato de la activista trans Sherlyn Montoya.

Corría 2016 cuando nos hacíamos eco de un informe para Index on Censorship, que profundizaba en el aumento de la violencia por LGTBIfobia en Honduras, relacionado con diversos factores: el recrudecimiento de la hostilidad de las autoridades hacia los colectivos LGTB organizados tras el golpe de 2009; la proliferación de pandillas o maras; la antipatía de ciertos medios de comunicación hacia las asociaciones pro derechos humanos… Por no olvidar el papel de la Iglesia católica y de los grupos evangélicos como instigadores de odio. No parece que la situación haya mejorado demasiado desde entonces. De hecho, la hostilidad hacia cualquier tipo de medida en favor de la comunidad LGTB por parte del gobernante Partido Nacional ha sido manifiesta durante estos últimos años. Buen ejemplo es lo sucedido el pasado septiembre, cuando el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, durante el discurso conmemorativo de la independencia de Honduras, incluyó expresamente como enemigos de la independencia a «los que promueven los matrimonios entre personas de diferente sexo» (obviamente fue un lapsus y se refería a los defensores del matrimonio igualitario).

El programa LGTBI de la presidenta electa

Es por todo ello que la elección de Xiomara Castro como nueva presidenta supone un soplo de aire fresco para la comunidad LGTBI hondureña. En su programa electoral, por ejemplo, podemos leer que «históricamente, las lesbianas, los homosexuales, trans, bisexuales, intersexuales, queer y diversas formas de orientación y expresión sexual han sido invisibilizadas, marginadas y violentadas por la sociedad y sus instituciones que las discriminan y excluyen. LIBRE [la formación política de Castro] rechaza esa injusticia». «La discriminación a la diversidad sexual se refleja en todos los ejes de la dinámica social, en la negación de derechos a la vida digna, educación, salud y trabajo y tiene su principal sustento en fundamentos religiosos mal entendidos. Pero está reñida con toda ciencia, con la antigua tradición y con el derecho internacional», continúa el texto, que hace referencia en ese momento a las cifras de asesinatos de personas LGTBI mencionadas arriba.

Es por eso que Castro enumera entre sus promesas en esta materia (reproducimos literalmente).

• Ley de protección para personas LGTBIQ+ que asegure políticas de inclusión, su igualdad de remuneración, el respeto a su identidad, e integridad personal, etc.
• Penalizar severamente los crímenes de odio contra personas LGTBIQ+
• Creación de casas seguras con programas de atención primaria a personas LGTBIQ+ víctimas de violencia y riesgo; donde se incluya atención legal, médica, psicológica, etc.
• Unidad de investigación comprometida en la persecución de crímenes violentos de odio a personas LGTBIQ+ que reduzca la impunidad.
• Programa de atención psicológica pública exclusivo para personas LGTBIQ+ para impulsar una salud integral.
• Aprobación de la ley de identidad de género que asegure la inclusión social.
• Promover espacios seguros (locales, institucionales, políticos, públicos) con enfoque de DDHH y desarrollo.

Es importante destacar que la victoria de Castro en las elecciones presidenciales se acompañó de la victoria de su partido, Libre, en las elecciones lesgislativas, al obtener el mayor número de escaños en el Congreso Nacional aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. En este sentido, habrá que ver cómo esta formación de izquierda es capaz de sacar adelante todas aquellas propuestas de su programa que necesiten un desarrollo legislativo.

En cualquier caso, a día hoy hay motivos más que justificados para sentir esperanza.