Entra en vigor la ley conocida como «Don’t say gay», que prohíbe la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas de Florida

Este 1 de julio ha entrado en vigor en Florida la Ley de Derechos de los Padres en la Educación (HB 1557), conocida popularmente como la ley «Don’t say gay» porque establece la prohibición de educar o informar sobre orientación sexual o identidad de género en las escuelas. La ley fue promulgada por el gobernador del estado Ron DeSantis en marzo de este año, y en los meses transcurridos desde su promulgación a su entrada en vigor los grupos LGTBIfobos ya han ido tomando medidas como aviso de cuáles serán sus efectos. En numerosos centros educativos se han eliminado carteles que promocionaban la tolerancia y el respeto a la diversidad, se ha comunicado a los profesores LGTBI que no pueden tener fotos de sus parejas del mismo sexo en sus mesas de trabajo o despachos y se han confeccionado listas de libros que incluyen personajes LGTBI para ser eliminados de aulas y bibliotecas.

La Ley de Derechos de los Padres en la Educación, cuya nomenclatura es HB 1557, es un texto que en su mayor parte recoge el derecho de los padres de los alumnos a ser informados de cualquier aspecto de tinte educativo o sanitario que afecte a sus hijos. Qué servicios sanitarios ofrecerán las escuelas, qué normativas regirán, qué materias se impartirán, etc.

Lo destacable es que, en medio de esas normativas genéricas sobre información y salud, se incluyó en la sección 1ª el artículo 3 con el siguiente texto:

No podrá impartirse en las aulas enseñanza sobre orientación sexual o identidad de género, por parte del personal de la escuela o de terceros, desde el jardín de infancia hasta el tercer grado o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con las normas estatales.

Es de señalar la mezcla de concreción y ambigüedad en ese breve artículo, puesto que concretamente prohíbe que la educación sobre la orientación sexual e identidad de género se imparta a menores de entre 3 y 8 años, pero ambiguamente establece que para el resto de estudiantes, de entre 9 y 17 años, también se prohíbe la educación en estas materias de una manera «no apropiada» para su edad. Esto deja amplio margen a la especulación y la manipulación por parte de quienes se oponen a los derechos de las personas LGTBI. El articulado de la ley también permite a los padres de los alumnos presentar demandas contra profesionales y centro educativo si estiman que se están incumpliendo las normas que establece.

El activismo LGTBI avisó de las consecuencias, que ya se están sufriendo

Tras la primera lectura del proyecto de ley en la Cámara de Representantes del estado, saltaron todas las alarmas tanto entra la oposición del Partido Demócrata como entre las asociaciones de defensa de los derechos LGTBI. El proyecto de ley inmediatamente empezó a conocerse popularmente como «Don’t say gay» (No digas gay), un elocuente resumen de lo que el artículo 3 conlleva: la invisibilización de las personas LGTBI en el sistema educativo.

Ante las protestas de oposición y activistas LGTBI, los ponentes del proyecto de ley se defendieron acusándolos de «alarmismo» y asegurando que la ley no era un ataque a los estudiantes, empleados o padres homosexuales o transexuales. Sin embargo, los hechos demostraron inmediatamente lo contrario. En los meses que han transcurrido desde la aprobación de la normativa estatal hasta su entrada en vigor el 1 de julio, se han sucedido la confusión inicial, el temor a las denuncias en la dirección y el profesorado en los centros educativos, y, sobre todo, la acción directa de los LGTBIfobos.

Así, por ejemplo, en el condado de Palm Beach el superintendente escolar Mike Burke, eludiendo el proceso habitual de revisión de material, ordenó la retirada de libros con personajes LGBTI, alegando su preocupación por las implicaciones de la ley. Además, instruyó a directores de centro y educadores de su distrito para que buscasen más libros con estos contenidos y procediesen también a su retirada.

En todos los distritos escolares de Florida se tomaron medidas como la eliminación de cualquier referencia a la defensa del colectivo LGTBI en los discursos de graduación o en los anuarios escolares. En las escuelas públicas del condado de Orange se impartieron incluso seminarios sobre la aplicación de la HB 1557 en los que se aconsejó a los administradores de los centros que quitaran las pegatinas con los colores del arcoíris y el mensaje «espacio seguro» que habían sido repartidas por los colectivos LGTBI. También indicaron que debían impeler a los educadores LGBTI a que retiraran las fotos familiares de sus escritorios y que evitaran hablar de sus seres queridos en el trabajo, por temor a incumplir la nueva normativa y hacer frente a demandas.

En este sentido, la ley «Don’t say gay» guarda una profunda semejanza con la llamada ley contra «la propaganda homosexual» vigente en Rusia. Con la peregrina excusa de la protección a la infancia, impiden la visibilidad de las personas LGTBI en todos los espacios públicos, incluso los virtuales, pues todos ellos pueden ser frecuentados por menores. Así, al prohibir la enseñanza sobre orientación sexual o identidad de género a los menores de 8 años, en realidad se está prohibiendo en todo el ámbito educativo, puesto que estos menores estudian en el mismo centro escolar que los demás.

En total, Equality Florida, un grupo de defensa de los derechos LGBTI, declaró que había recibido más de 50 quejas de informes de censuras contra el colectivo LGBTI desde el mes de marzo. Todo ello antes de la entrada en vigor de la ley. Es decir, estaba ocurriendo exactamente lo que la oposición y los defensores de los derechos LGTBI habían denunciado desde el primer momento.

Una ley estrella para una candidatura de extrema derecha

Presentado en primera lectura en la Cámara de Representes del estado el 11 de enero de este 2022, el proyecto de ley HB 1557 de Derechos de los Padres en la Educación fue aprobado por los distintos comités hasta que se presentó de nuevo ante la cámara para la inclusión de enmiendas. Ninguna de las que afectaban al artículo 3 fue estimada. Finalmente, el texto fue aprobado en tercera lectura en la cámara baja estatal el 24 de febrero por 69 votos a favor y 47 en contra. Inmediatamente fue remitida al Senado estatal.

Tras la primera lectura y el paso por los comités senatoriales, de nuevo en segunda lectura fueron rechazadas todas las enmiendas, aún las que solo pedían una mayor claridad del artículo 3. El 8 de marzo, en tercera lectura, fue aprobada por el Senado de Florida por 22 votos favorables contra 17 desfavorables. El 28 de marzo fue presentada para su promulgación al gobernador DeSantis, que la firmó ese mismo día, si bien, tal como estipulaba la propia ley en su último artículo, no entraría en vigor hasta el 1 de julio.

Esta ley conocida popularmente como «Don’t say gay» es uno de los proyectos estrella del gobernador de Florida Ron DeSantis, un republicano del ala más extremista del partido, que es un firme candidato a disputar a Donald Trump las primarias del Partido Republicano previas a las próximas elecciones presidenciales. Con este proceso electoral interno en el punto de mira, se sucede la aprobación de leyes y normativas que consigan el apoyo del ala más derechista del partido, ahora mayoritaria. Este empeño incluso le hizo enfrentarse a una de los mayores activos de Florida, el grupo Disney, por su posición contraria a la ley, llegando incluso a provocar que la compañía de entretenimiento pierda muchas de las ventajas legales de las que disfrutaba en el estado.

Así, otras de sus leyes de propaganda, que entró en vigor el mismo día, es la Ley de Libertad Individual, que impide que se explique en las aulas el racismo histórico y el ideario del supremacismo blanco, ofreciendo una visión sesgada e inexacta sobre la historia estadounidense.

Sin abandonar el ámbito educativo, el gobernador DeSantis ha promulgado recientemente otra ley que obligará a profesores y estudiantes de las universidades públicas a declarar públicamente sus ideas políticas, con la amenaza de que los centros podrían perder su financiación si en conjunto de las respuestas no es satisfactorio, con la excusa de promover la «diversidad intelectual» en los campus.

Aunque para muchos es evidente la inconstitucionalidad de todas estas leyes, todos temen que una iniciativa judicial en contra de ellas pueda acabar en el Tribunal Supremo y obtener su aprobación, dada su actual composición de mayoría ultraconservadora.

No obstante, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre emitió este comunicado por la entrada en vigor de la ley «Don’t say gay» en Florida:

Hoy, algunos de los estudiantes y familias más vulnerables de Florida tienen más miedo y menos libertad. Al entrar en vigor la vergonzosa ley estatal «Don’t say gay», los funcionarios estatales que dicen defender la libertad están limitando la libertad de sus conciudadanos simplemente por ser ellos mismos. Ya se ha informado de que se están retirando las pegatinas de «espacio seguro» de las aulas. A los profesores se les ha ordenado que no lleven prendas con los colores del arcoíris. A los profesores LGBTI se les ha impelido a que retiren las fotos familiares de sus esposos y esposas —fotos familiares muy queridas como las que hay en mi propio escritorio.

Esto no es una cuestión de «derechos de los padres». Esto es, simple y llanamente, discriminación. Forma parte de una inquietante y peligrosa tendencia nacional de políticos de derechas que atacan cínicamente a estudiantes, educadores y personas LGBTI para obtener ventajas políticas. Fomenta el acoso y amenaza la salud mental, la seguridad física y el bienestar de los estudiantes. Censura a los profesores y educadores que quieren hacer lo correcto y apoyar a sus alumnos. Y debe terminar.

El presidente Biden ha sido muy claro al afirmar que todos los estudiantes merecen sentirse seguros y bienvenidos en las aulas. El Departamento de Educación supervisará esta ley, y se anima a cualquier estudiante o padre que crea que está sufriendo discriminación a presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento. Nuestra Administración seguirá luchando por la dignidad y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes y familias de Florida y de todo el país.