Irlanda impedirá que la Iglesia pueda despedir de forma arbitraria a profesores LGTB

Irlanda continúa dando ejemplo: ahora llega la hora de poner fin a la posibilidad de que la Iglesia católica pueda despedir de forma arbitraria a los trabajadores abiertamente LGTB de sus instituciones educativas o sanitarias.

La actual legislación irlandesa permite a las instituciones religiosas despedir a empleados de sus escuelas y hospitales argumentando que contravienen su ethos (según la Real Academia Española, «conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad»). Un «permiso para discriminar» incluido en la sección 37 de la ley irlandesa de igualdad en el trabajo en 1998 como gesto ante la en otros tiempos casi todopoderosa Iglesia católica irlandesa.

Menos de dos décadas después, sin embargo, la capacidad de influencia de la Iglesia ha disminuido sensiblemente en Irlanda, en buena parte debido al conocimiento de los abusos cometidos durante décadas sobre niños y adolescentes. Un debilitamiento que ha permitido que este país, de fuerte tradición católica, se haya situado en este momento entre los más avanzados en materia de reconocimiento de los derechos de las personas LGTB. Especialmente significativa fue la aprobación en referéndum de una reforma constitucional que hacía posible el matrimonio igualitario (hace pocos días nos hacíamos eco de la celebración de las primeras bodas), pero también la reciente aprobación de una ley que recoge el principio de autodeterminación de género y que permitirá a las personas transexuales ver reconocida su identidad mediante un sencillo trámite sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna.

Ahora llega el momento de impedir que la Iglesia pueda despedir a empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. O al menos, de dificultar esta posibilidad. Así lo anunciaba en Twitter el ministro irlandés de Igualdad, Aodhán Ó Ríordáin, después de que el gobierno haya introducido en el Parlamento una propuesta de reforma que obligará a las instituciones religiosas a demostrar que las personas que despidan han producido realmente un daño en su ethos. Se trata, por ejemplo, de que la Iglesia no pueda despedir a profesores contratados por escuelas católicas por el mero hecho de ser personas LGTB a no ser que en su actuación como docentes realmente causen un daño a la institución.

Un paso en la buena dirección, sin duda alguna.